UP y PSOE pactan proteger la protesta pacífica y ERC pide despenalizar ocupaciones sin violencia

Unidas Podemos ha alcanzado un acuerdo con el PSOE para modificar su iniciativa conjunta de reformar el delito de desórdenes públicos con el fin de que el nuevo artículo 557 bis del Código Penal no sirva de excusa para perseguir la protesta social, remarcando que solo se aplicará en el caso de que concurra violencia e intimidación. Al mismo tiempo, ERC ha presentado una enmienda con la intención suprimir del Código Penal la ocupación de locales, establecimientos u oficinas cuando se ejecuten de forma pacífica, una propuesta que supondría despenalizar cualquier acción similar a la ejecutada el 1 de octubre de 2017 en Cataluña cuando se ocuparon decenas de colegios como sedes de votación del referéndum ilegal de autodeterminación.

Los morados consideran que con su acuerdo se blinda la movilización civil pacífica en el nuevo tipo de desórdenes públicos agravados, incluido en la reforma para derogar el delito de sedición, si bien aspiran incluso a potenciar más las garantías a la protesta. También se modificará el artículo 311 para potenciar los derechos de los trabajadores y evitar que los incumplimientos reiterados de la legislación laboral no queden impunes, con elevación de penas para empresarios que incurran en estos supuestos con vistas a reforzar los derechos de los trabajadores.

También se modificará el artículo 311 para potenciar los derechos de los trabajadores y evitar que los incumplimientos reiterados de la legislación laboral no queden impunes, con elevación de penas para empresarios que incurran en estos supuestos con vistas a reforzar los derechos de los trabajadores.

En cuanto a la protesta social, Asens ha subrayado que el artículo 557 bis fue aprobado por el PP en 2015, con el voto en contra de su formación y el PSOE, y que en la práctica era una puerta abierta para ir contra la "protesta pacífica".

De esta forma, ha explicado que aunque aspiran a derogar esta disposición, han conseguido ya consensuar con su socio un retoque del texto para "no perseguir acciones de protesta sin violencia e intimidación". Y es que ahora genéricamente se alude, dentro del tipo sobre infracciones por alteración de la convivencia pública a penas de un año a seis cuando se altere la convivencia pública en manifestaciones o reuniones.

Otro 1-O no sería delito

En tanto, ERC apuesta por suprimir directamente el apartado relativo a "las ocupaciones pacíficas de locales, establecimientos, oficinas o domicilios", pues asegura que no producen una afectación de la paz pública y, por tanto, estas conductas no reúnen el suficiente nivel de lesividad como para reclamar la intervención del derecho penal.

Si esta reclamación fuese incorporada al texto final, ERC evitaría que otro 1-O pudiera ser delito, ya que se ocuparon de forma pacífica colegios electorales en Cataluña para habilitarlos como sedes de votación, algunos de los cuales tuvieron que ser desalojados a la fuerza por policías y guardias civiles.

Además de la propuesta para reformar también el delito de malversación y distinguir las horquillas de penas en función de si la conducta supone o no enriquecimiento personal de un cargo público, el partido republicano ha registrado a primera hora de este viernes otras cuatro enmiendas relativas a los desórdenes públicos contemplados en el artículo 557.

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Junto a esta petición, ERC quiere retocar también el artículo 557 relativo a los actos violentos que alteren la paz pública, de forma que sean penados con entre seis meses y tres años de cárcel quienes ejecuten estos actos siempre que supongan intimidación grave para las personas, se obstaculice la vía pública ocasionando un peligro para la vida o se invadan instalaciones o edificios poniendo en riesgo la integridad física de las personas.

Con estos matices, ERC quiere evitar la "criminalización de los derechos de reunión y manifestación" y dejar más claros los límites entre el derecho penal y el administrativo.