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El pistolero de Tarragona que reclama la eutanasia desata un choque judicial
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LAS VÍCTIMAS RECLAMAN IMPEDÍRSELO

El pistolero de Tarragona que reclama la eutanasia desata un choque judicial

El Juzgado de Instrucción Número 5 de Tarragona ha ordenado paralizar el proceso que estaba previsto para el 28 de julio "hasta la resolución de los recursos de apelación"

Foto: Foto: YouTube.
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La jueza que investiga el tiroteo ocurrido el pasado 14 diciembre en Tarragona se ha visto envuelta en una situación sin precedentes. Tras dejar cuatro heridos, el pistolero fue detenido el mismo día del suceso, pero su petición de someterse al proceso de eutanasia obliga ahora a la Justicia a elegir entre dos opciones. Por un lado, el derecho a la dignidad, a la integridad física, a la integridad moral y a la libertad y autonomía personal del investigado para pedir su muerte. Por otro, el derecho a la tutela judicial efectiva y al proceso justo que alegan las víctimas para mantenerle vivo. Hasta llegar a esta encrucijada, el caso se resume en cinco fechas clave:

14 de diciembre de 2021. El vigilante de Seguridad Eugen Sabau abre fuego y hiere a tres personas en una empresa de Tarragona. En su huida también dispara y deja herido a un policía. Los Grupos Especiales de Intervención consiguen abatirle y queda en estado crítico tras recibir al menos un balazo.

Foto: Agentes de los Mossos d'Esquadra establecen un control policial en  Tarragona. (Enric Fontcuberta/EFE)

17 de diciembre de 2021. El Juzgado de Instrucción Número 5 de Tarragona ordena su ingreso en prisión provisional por varios delitos de tentativa de homicidio, de atentado a la autoridad y de tenencia ilícita de armas. "Dada la imposibilidad de trasladarlo a centro penitenciario", permanece en el hospital.

16 de junio de 2022. El director del Hospital Penitenciario de Tarrasa comunica al Juzgado de Instrucción Número 5 de Tarragona que ha accedido a la petición de Sabau de iniciar el proceso de eutanasia. El pistolero sufre una lesión medular irreversible y "reúne en inicio los requisitos" para ello.

Foto: Lugar donde se detuvo al autor del tiroteo. (EFE/Enric Fontcuberta)

6 de julio de 2022. El Juzgado de Instrucción Número 5 de Tarragona rechaza la petición de las acusaciones particulares de interrumpir el proceso de eutanasia. Argumenta que no tiene competencia para ello y que la tutela judicial efectiva en ningún caso puede equipararse con el "derecho al castigo".

20 de julio de 2022. El Juzgado de Instrucción Número 5 de Tarragona ordena al Hospital Penitenciario de Tarrasa paralizar el proceso de eutanasia que estaba previsto para el 28 de julio "hasta la resolución de los recursos de apelación" interpuestos por los abogados de las víctimas ante la Audiencia Provincial.

Foto: Miembros de la Asociación Luca Coscioni y su tesorero Marco Cappato, tras salir del Tribunal Constitucional de Italia. (EFE/Andrea Cuesta)

A falta de conocer la respuesta a estos recursos, El Confidencial ha contactado a diversos juristas para consultarles sobre esta colisión de derechos entre las partes. Matices aparte, todos ellos coinciden en su análisis: la petición del pistolero de que se le conceda una "muerte digna" va a prevalecer sobre los argumentos de las víctimas.

"El acusado está en manos de la Administración penitenciaria. ¿Tiene esta el deber de mantenerlo con vida? Hasta la ley de la eutanasia, sí. De hecho, hay precedentes de alimentación forzosa de reos avalados por el Tribunal Constitucional", explica Carlos Flores Juberías, catedrático de Constitucional de la Universidad de Valencia. Pero, tras la aprobación de esta ley, el deber de "mantenerlo con vida" se cruza con su derecho a pedir la muerte, y el pistolero de Tarragona cumple los requisitos legales para ello: "En tanto que ciudadano, tiene derecho a solicitar la eutanasia. No veo con base en qué argumento podría la Administración penitenciaria limitarle ese derecho".

Foto: El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa (EFE/Mariscal)

En cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva que esgrimen las víctimas, el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, Andrés Boix se muestra tajante: "La tutela judicial efectiva implica que uno pueda hacer valer sus derechos ante los tribunales. Si el proceso penal acaba con la muerte del investigado, eso es una cuestión independiente a tu derecho a que haya un procedimiento", advierte. "Aquí está malinterpretado tu derecho a la tutela judicial efectiva".

Ambos juristas coinciden, por tanto, con el razonamiento que llevó a la jueza a rechazar las peticiones de paralizar el proceso de eutanasia el pasado 6 de julio, pero el caso está ahora en manos de la Audiencia Provincial. Las víctimas, de hecho, pueden pelear por elevar la polémica a otro tribunal, hasta el punto de que se acabe presentando una cuestión de inconstitucionalidad. En ese caso, la decisión quedaría en manos del Constitucional, un escenario que las fuentes consultadas consideran poco probable.

Foto: Varios asistentes observan el interior del Parlamento portugués. (EFE)

"El juez o la Audiencia tendría que aceptar la cuestión y plantear al Constitucional si efectivamente hay una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con su vez con la eutanasia como derecho fundamental", explica Xulio Ferreiro, profesor de Derecho Procesal en la Universidad de La Coruña. "El tribunal tendría que dilucidar entonces si la ley de la eutanasia, al no prever este tipo de situaciones, estaría contraviniendo el artículo 24 de la Constitución. Es posible, pero...".

La ley de eutanasia ya ha sido recurrida ante el Constitucional por el PP y Vox y está pendiente de sentencia, pero los juristas consultados ponen en duda que el caso del pistolero de Tarragona vaya a acabar en manos de este tribunal: con la actual ley en la mano, todos consideran que la Justicia no tiene forma de impedir su muerte.

La jueza que investiga el tiroteo ocurrido el pasado 14 diciembre en Tarragona se ha visto envuelta en una situación sin precedentes. Tras dejar cuatro heridos, el pistolero fue detenido el mismo día del suceso, pero su petición de someterse al proceso de eutanasia obliga ahora a la Justicia a elegir entre dos opciones. Por un lado, el derecho a la dignidad, a la integridad física, a la integridad moral y a la libertad y autonomía personal del investigado para pedir su muerte. Por otro, el derecho a la tutela judicial efectiva y al proceso justo que alegan las víctimas para mantenerle vivo. Hasta llegar a esta encrucijada, el caso se resume en cinco fechas clave:

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