La Fiscalía archiva la investigación sobre las ayudas "vinculadas a los padres de Sánchez"
Apoya su decisión en "la patente desconexión entre el procedimiento realmente seguido en las operaciones analizadas y la hipótesis delictiva planteada por el denunciante"
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La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación sobre las ayudas concedidas por el Gobierno a una empresa vinculada con los padres de Pedro Sánchez. Según argumenta en un decreto notificado este miércoles, las diligencias practicadas en los últimos tres meses no permiten apreciar "indicios razonablemente verosímiles de la comisión de delito".
El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid denunció en marzo supuestas irregularidades en las adjudicaciones y ayudas a siete empresas por valor de 326 millones de euros. Anticorrupción acordó investigarlas por separado y, en lo que se refiere a las subvenciones que el PP relaciona con la familia del presidente, acuerda ahora archivar las diligencias.
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De forma paralela, la Fiscalía todavía mantiene abierta la investigación respecto al resto de contratos. Entre ellos destaca la adjudicación Beedigital, una empresa que el PP vincula "con el marido de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño", así como la supuesta influencia del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el de Sanidad, Salvador Illa, en otros siete contratos de la pandemia.
La denuncia del PP
La denuncia del PP ponía el foco en cómo "los padres del presidente, P.S.F. y M.P.B., fundaron en 1977 la empresa Playbol S.A". Según explicaban, "se trata de una fábrica de envases y embalajes de plástico" en la que "el padre de Sánchez continúa figurando como administrador único" y su madre "como apoderada".
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Pese a ello, tal y como reconocían los propios populares en su denuncia, las ayudas denunciadas no fueron concedidas a Playbol S.A., sino a Industrias Plasticas Playbol. Para salvar este escollo, incidían en que esta adquirió "los activos, fondo de comercio, maquinaria y subrogación de los trabajadores" de la empresa fundada por los padres de Sánchez en 2018: "Es razonable plantearse la posibilidad de que haya algún interés común entre ambas empresas, que pudiera poner en cuestión la legitimidad de la concesión de las ayudas".
El decreto de la Fiscalía
Lejos de dar por bueno el tráfico de influencia que denuncia el PP, Anticorrupción critica la "palmaria ausencia de elemento incriminatorio alguno en unas operaciones que aparecen revestidas de legalidad". Con este razonamiento, echa por tierra la tesis de los populares y concluye que "resulta improcedente la práctica de cualquier otra actuación". En caso contrario, el caso entraría en el "terreno vedado de las investigaciones prospectivas".
Anticorrupción recuerda para ello que Industrias Plásticas Playbol recibió 15 ayudas: tres en las que intervino la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA) y doce el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Tras revisarlas una por una, sostiene que "aventurar un trato de favor o el despliegue de algún tipo de influencias para su realización situaría el relato en el ámbito de la pura especulación, extramuros del derecho penal".
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La Fiscalía incide además en que la sociedad "cumplía con los requisitos para obtener las ayudas", a lo que se suma que los controles del ICO se producen "con un carácter subordinado y neutral y, desde luego, al margen del ámbito político". De hecho, "las ayudas eran concedidas directamente por instituciones financieras (...) con sus procedimientos internos y políticas de concesión y riesgos".
De esta manera, descarta el supuesto tráfico de influencia y, en cuanto al "interés común entre ambas empresas" que denunciaba el PP, sostiene que las relaciones entre ambas responden a "una operación mercantil habitual, transparente y con razonabilidad económica y tributaria tanto para el comprador como para el vendedor".
La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación sobre las ayudas concedidas por el Gobierno a una empresa vinculada con los padres de Pedro Sánchez. Según argumenta en un decreto notificado este miércoles, las diligencias practicadas en los últimos tres meses no permiten apreciar "indicios razonablemente verosímiles de la comisión de delito".