El juez ordena la búsqueda y captura de dos investigados por el 'criptopelotazo' Kuailian

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha ordenado la búsqueda, captura e ingreso en prisión de dos responsables de la plataforma de criptomonedas Kuailian: David Aurelio Ruiz y Cristian Albeiro Carmona. Ambos residen en Emiratos Árabes Unidos y constan como investigados por presunta estafa, pero tras citarles a declarar de forma presencial el pasado 23 de junio, ninguno de ellos acudió a la Audiencia Nacional. Ante la sospecha de que tratan de evadir la actuación judicial, el juez acaba de decretar la emisión de una orden internacional de búsqueda y captura para lograr su ingreso en prisión, informan fuentes jurídicas a El Confidencial.

La Policía Nacional ya detuvo en mayo a cuatro responsables de esta plataforma de criptomonedas. Fuentes conocedoras de la operación explican que el supuesto fraude en torno a Kuailian superaría los 500 millones de dólares y se calcula que hay más de 50.000 víctimas. La plataforma, radicada en Estonia, pero con gestores españoles, dejó un reguero de afectados tanto en el país como en el extranjero: sus creadores ofrecían beneficios que iban desde el 6% mensual hasta cerca del 20% por depositar sus criptomonedas en la plataforma, y todo ello con el apoyo de decenas de 'youtubers' e 'influencers' que invitaban a sus seguidores a unirse al proyecto.

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Tras desmoronarse sus promesas, los afectados se querellaron ante la Audiencia Nacional, lo que dio lugar a la apertura de una investigación por parte del juez Gadea. Pese a ello, el mismo día que se llevaba a cabo la operación policial, fuentes conocedoras del caso advertían ya sobre uno de los principales retos a los que se enfrentan: dos de los investigados se encuentran a día de hoy en Emiratos Árabes Unidos. En concreto, los mencionados David Aurelio Ruiz y Cristian Albeiro Carmona.

Este problema se reflejó en un auto notificado el pasado junio, cuando Gadea rechazó su petición de declarar desde Abu Dabi: según advertía, su citación se mantenía para el jueves 23 de junio y, ante la posibilidad de que no acudieran a la Audiencia Nacional, apuntaba al artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que abre la puerta a que las acusaciones soliciten su ingreso en prisión provisional. De esta manera, el juez no solo echaba por tierra su petición de declarar por videoconferencia, sino que incidía también en que la actitud que han desplegado hasta el momento muestra "indicios serios de una voluntad de evadir la actuación judicial".

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En el auto, el juez recordaba además que ya había acordado retrasar la declaración de los dos investigados anteriormente por una “supuesta indisposición que ni siquiera pudo ser valorada por el médico forense, pues los citados ni siquiera estaban en España, no llegando a salir de Emiratos Árabes Unidos”.

Vista su nueva solicitud de declarar por videoconferencia, concluyó que esta se perfilaba "más bien como obstructiva y entorpecedora de la ordenada concatenación de actuaciones procesales", por lo que rechazó que pudieran declarar por videoconferencia. Pese a ello, ninguno de los dos acudió a la Audiencia Nacional el 23 de junio. Los afectados pidieron entonces que se emitiera una orden de captura y, según apuntan las fuentes consultadas, ese es el paso que acaba de dar el juez.