La Ertzaintza detiene al etarra Atristain para que vuelva a prisión tras el revés del Supremo

Agentes de la Ertzaintza han detenido este jueves al etarra Xabier Atristain para que reingrese en la cárcel, según informan a El Confidencial fuentes de la Policía autonómica vasca. El arresto en plena calle se ha producido tan solo un día después de que el Tribunal Supremo tomase la decisión de no revisar su condena pese a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo que consideró vulnerados sus derechos al no poder elegir un abogado de su confianza para prestar declaración ante la Policía cuando fue detenido en 2010. La Audiencia Nacional le condenó a 17 años de cárcel, pero le dejó libre en febrero tras la sentencia del tribunal europeo. La resolución del alto tribunal español le devuelve a la cárcel.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó también a España a pagarle 20.000 euros en concepto de indemnización, pero el Tribunal Supremo ha rechazado anular su condena o repetir el juicio porque entiende que había más indicios en su contra para condenarle que la declaración que prestó en presencia de un abogado de oficio. En la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictada el 16 de abril de 2013, Atristain fue condenado a nueve años por pertenencia a organización terrorista y a otros ocho años por tenencia y depósito de armas. No le impuso, en cambio, ninguna suma económica en concepto de responsabilidad civil.

Los 20.000 euros de indemnización se reparten en 12.000 euros en concepto de daño moral y 8.000 por costas. El Tribunal Supremo destaca que Estrasburgo no realizó argumentación alguna que permita "una mayor actuación para la reparación". A juicio de las fuentes consultadas, lo previsible era que el etarra regresase a prisión a cumplir lo que queda de condena. Existe ahora la posibilidad de que solicite un tercer grado al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. Eso le permitiría agotar la condena lejos de la cárcel.

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No obstante, hay que cumplir una serie de requisitos penitenciarios para obtener la semilibertad. En el caso de los terroristas exige, además, un texto de arrepentimiento y perdón expreso a las víctimas de la banda. En los últimos tiempos, la Audiencia Nacional exige que esos escritos no sean genéricos, sino individualizados y dirigidos de forma expresa a sus víctimas directas. En su caso, no cuenta con víctimas mortales ni tiene responsabilidad social que resarcir económicamente. También ha cumplido ya más de la mitad de su condena.

Atristain Gorosabel alias 'Golfo', natural de San Sebastián, fue condenado en abril de 2013 por formar parte del comando Imanol de ETA. El miembro de la banda almacenó y ocultó útiles de la organización terrorista. Sortu, el partido heredero de Batasuna que ejerce la columna vertebral de Otegi, ha hecho bandera de este caso. Exigió públicamente la "reparación" y la excarcelación de los presos que "han visto conculcados sus derechos" como Atristain. En una rueda de prensa, el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, acompañado por el propio Xabier Atristain dijo que Europa "ha dicho que el régimen de incomunicación que se le ha aplicado a Atristain ha vulnerado y vulnera dos derechos fundamentales como mínimo: el derecho a la defensa y el derecho a un proceso judicial justo y equitativo".

La sentencia no cuestiona como tal el régimen de incomunicación que aplica España desde hace años contra los miembros de banda terroristas o crimen organizado. El TEDH dio la razón el pasado 18 de enero Atristain, quien acudió a esta corte alegando una vulneración de su derecho a tener un juicio justo y a elegir a su abogado.

Cuando un etarra era arrestado, una de sus primeras reacciones era avisar a su entorno para que corrieran a ocultar pruebas, esconder armas o destruir documentos que incriminasen a otros compañeros. Además, los abogados que ETA ponía a disposición de sus miembros eran meras correas de transmisión de la dirección. Les asesoraban en función de los intereses de la banda, autodisuelta en 2018 tras 800 asesinatos, un tercio sin resolver. Las autoridades policiales y judiciales contaban con la detención incomunicada. Afecta al tiempo que pasan los arrestados bajo custodia policial antes de pasar ante el juez, un periodo en el que también se les interroga. Puede ser de hasta cinco días.

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En sus interrogatorios, Atristain hizo declaraciones autoincriminatorias que derivaron en la condena de 17 años. Gracias a sus dos declaraciones en sede policial, la Guardia Civil pudo encontrar armas y explosivos de la banda. Ahora, los jueces del Tribunal Supremo dicen que existían otras pruebas por las que hubiese sido condenado igualmente, independientemente de su declaración sin abogado de confianza.

La decisión cierra la puerta a excarcelaciones masivas como llegaron a temer las víctimas del terrorismo. Los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional auguraron también que se abría la puerta a numerosas absoluciones en los juicios que quedan. Advertían contra el obstáculo de poder contar con las evidencias surgidas de las declaraciones prestadas en sede policial en régimen de incomunicación tanto de los acusados como de otros compañeros de comando.