Condenan el alcalde de Medinaceli a nueve años de inhabilitación por prevaricar

La Audiencia Provincial de Soria ha condenado al alcalde y al exteniente alcalde de Medinaceli, Felipe Utrilla y Javier Fernández, a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación. "Sabiendo que estaba terminantemente prohibido por la ley, han llevado a cabo diversas contrataciones en nombre del Ayuntamiento de Medinaceli, con sus respectivas empresas", explica la sentencia, que apunta a contratos que superan los 100.000 euros.

El tribunal los condena, además, al pago de las costas del juicio, incluyendo las de la acusación popular que ejercían varios concejales. Utrilla es alcalde de Medinaceli desde 2003 y ejerce también como vicepresidente cuarto de la Diputación de Soria. Una vez notificada la sentencia, tiene 10 días para recurrir la misma ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, lo que abre la puerta a que mantenga su puesto de alcalde mientras la resolución no adquiera firmeza.

El alcalde llegó a solicitar un informe a los Servicios Jurídicos de la Diputación de Soria sobre la posible incompatibilidad en los contratos con su empresa

Entre los hechos probados, los magistrados destacan cómo Utrilla vendió en 2006 unos inmuebles de su propiedad a una promotora para la construcción de diversas viviendas y locales. El ayuntamiento notificó entonces el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), pero "se aplicó un tipo impositivo reducido del 2%, en vez del 4% que hubiera correspondido". Poco después, el alcalde adquirió "diversas viviendas y locales" a esta promotora y no adoptó ninguna resolución para exigir a la promotora la liquidación complementaria de ese impuesto, dejando pasar el plazo de prescripción y provocando el consiguiente perjuicio para el ayuntamiento.

La sentencia incide, además, en que ambos cerraron contratos con el Ayuntamiento de Medinaceli a través de sus empresas privadas y, al tratarse de una situación "conocida y controvertida en la actividad municipal", el alcalde llegó a solicitar un informe a los Servicios Jurídicos de la Diputación de Soria sobre la posible incompatibilidad. "Esto es lo que dice la Ley: prohibición de contratar el ayuntamiento obras, servicios, o suministros con concejales, régimen que no se ve excepcionado por ser contratos menores o ser la única tienda o empresa en el pueblo", concluía el informe que el alcalde recibió en febrero de 2012.

La empresa de la que formaba parte el alcalde recibió 64.809,58 euros en pagos del Ayuntamiento

Una vez conocido el mismo, el portavoz del Partido Socialista propuso la declaración de incompatibilidad y preguntó a los concejales y al alcalde sobre ello, pero los que pertenecían al PP se abstuvieron de participar en la votación. Posteriormente, todos ellos interpusieron un recurso contra el acuerdo en el que se declaraba esta incompatibilidad para contratar con el Ayuntamiento, lo que provocó la suspensión del mismo. El recurso, de hecho, "permaneció sin resolver durante 4 años, al no incluirlo el acusado (...), deliberadamente, en el orden del día de los plenos municipales".

"Los acusados, con cabal conocimiento de que la ley prohibía que los concejales y el alcalde contrataran con el ayuntamiento, por así estar taxativamente prohibido en la Ley Electoral, de contratación pública y de Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así como del contenido del Informe de los Servicios Jurídicos de la Diputación de Soria, prosiguieron realizando numerosos actos de contratación con el Ayuntamiento", explican los magistrados. La empresa de la que formaba parte el alcalde recibió así 64.809,58 euros en pagos del Ayuntamiento, mientras que la mercantil vinculada al teniente de alcalde se embolsó otros 46.155,05 euros.