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El TC estudiará, años después, la designación de Puigdemont como eurodiputado
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Asumió su escaño en diciembre de 2019

El TC estudiará, años después, la designación de Puigdemont como eurodiputado

El pleno abordará el tira y afloja de una designación que implicó a la Junta Electoral Central y al Supremo por la obligación de jurar la Constitución ante el Congreso de los Diputados

Foto: Carles Puigdemont. (Reuters/Guglielmo Mangiapane)
Carles Puigdemont. (Reuters/Guglielmo Mangiapane)

El pleno del Tribunal Constitucional estudiará esta semana si el expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín vieron vulnerados sus derechos cuando el Tribunal Supremo mantuvo el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) de rechazar que obtuviesen el acta de eurodiputados sin tener que regresar a España, donde hubieran sido detenidos por la causa del 'procés'. Lo hará dos años y medio después de que el 'expresident' catalán asumiera su escaño en el Parlamento Europeo, cuando los efectos de cualquier decisión serán previsiblemente simbólicos.

La Eurocámara aceptó la designación en diciembre de 2019, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en la que se reconoció la condición de eurodiputado y la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras. Posteriormente, el TC admitió a trámite el recurso de amparo presentado por Puigdemont y Comín al concurrir una "especial trascendencia constitucional", ya que el asunto suscitado "trasciende del caso concreto" y "pudiera tener unas consecuencias políticas generales", aunque rechazó imponer medidas cautelares como pedían los recurrentes.

Foto: El 'expresident' catalán Carles Puigdemont. (Reuters/Guglielmo Mangiapane)

En su recurso, Puigdemont calificaba lo sucedido como un cúmulo de "irrazonables trabas impuestas". Era junio de 2019. Congreso de los Diputados. La Junta Electoral defendía que, para asumir el escaño, Puigdemont y Comin debían proceder al acto de promesa o juramento de la Constitución, un trámite imprescindible para poder recoger sus actas. No obstante, con la orden de detención en su contra vigente en territorio nacional, ninguno de los dos podía arriesgarse a acudir en persona a España. En su lugar se presentó su abogado, Gonzalo Boye, portando unos "poderes especiales" concedidos por un notario de Bélgica, en los que se manifestaba el acatamiento exigido a sus dos representados. No se le permitió entregarlos.

La Junta dio por vacantes sus escaños y poco después el Tribunal Supremo desestimó los recursos en contra de esta decisión presentados por ambos, confirmando la decisión de la JEC y destacando que esta no había obrado por motivos políticos contra ellos y que los actos recurridos no entrañaban, por tanto, ninguna persecución. Pasarían varios meses hasta que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, referente a Junqueras, lo cambiara todo. El TJUE sentenció que los eurodiputados gozan de inmunidad desde el día de su proclamación como elegidos y la institución comunitaria levantó la prohibición que pesaba en su contra hasta ese momento.

También Torra

El pleno del TC abordará también otro recurso sin efectos prácticos: deliberará desde este martes el recurso de amparo presentado por el expresidente catalán Quim Torra contra la decisión del Tribunal Supremo que confirmó en septiembre de 2020 la condena de un año y medio de inhabilitación que le fue impuesta por un delito de desobediencia. Esto supuso incapacitarlo para el cargo que ocupaba. Torra cumplió esa condena de inhabilitación hace ya un mes.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) fue quien le juzgó en primera instancia por desobedecer a la Junta Electoral Central (JEC) cuando esta le ordenó retirar los símbolos independentistas durante el periodo electoral de las elecciones del 28 de abril de 2019. La defensa del 'expresident', que ejerce también Boye como en el primer caso, argumentó en la vista para pedir su absolución que Torra fue tratado como "minoría nacional" por "tres palabras en una pancarta" ('Llibertat presos politics') que deberían enmarcarse en su libertad de expresión.

El pleno del Tribunal Constitucional estudiará esta semana si el expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín vieron vulnerados sus derechos cuando el Tribunal Supremo mantuvo el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) de rechazar que obtuviesen el acta de eurodiputados sin tener que regresar a España, donde hubieran sido detenidos por la causa del 'procés'. Lo hará dos años y medio después de que el 'expresident' catalán asumiera su escaño en el Parlamento Europeo, cuando los efectos de cualquier decisión serán previsiblemente simbólicos.

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