El PSOE plantea rebajar la multa por posesión de drogas y equipararla a la de los botellones

El PSOE planteará una rebaja sustancial de las multas por posesión de sustancias estupefacientes. A través de una enmienda propia a la Ley de Seguridad Ciudadana, la denominada como ley mordaza, el grupo socialista en el Congreso pretende que las infracciones por "la tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías o establecimientos públicos o transportes colectivos" dejen de considerarse graves para convertirse en leves.

Las sanciones por infracciones graves conllevan multas de 601 a 30.000 euros, mientras que las leves se sancionan con entre 100 a 600 euros. Dentro de este último grupo se encuentran preceptos como el consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana. De este modo, las multas por el consumo o la posesión de estupefacientes para consumo propio se equipararían con las de los botellones.

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La actual legislación ya recoge en una de sus disposiciones adicionales que las multas que se impongan a los menores de edad por la comisión de infracciones en materia de consumo o tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas podrán suspenderse siempre que, a solicitud de los infractores y sus representantes legales, aquellos accedan a someterse a tratamiento o rehabilitación, si lo precisan, o a actividades de reeducación.

Los socios del Gobierno de coalición también impulsarán conjuntamente la reforma de los artículos de la ley mordaza relativos al derecho de reunión para eliminar las sanciones a los promotores de manifestaciones no comunicadas previamente. La iniciativa para su derogación fue promovida por el PNV y lleva más de un año paralizada a base de prórrogas al periodo de enmiendas decretadas por la Mesa del Congreso, donde socialistas y morados cuentan con mayoría. Sin embargo, los representantes de estos grupos no se sentaron a negociar hasta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a su derogación en el 40º congreso federal del PSOE.

Otras de las enmiendas conjuntas se centran en aspectos relacionados con el derecho de reunión y la toma de imágenes de manifestaciones u operaciones policiales. El objetivo es que "en ningún caso la ausencia de comunicación previa impida el ejercicio del derecho siempre que sea de forma pacífica".

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La ley establece en su artículo 35 como infracciones muy graves, con sanciones de 30.001 a 600.000 euros, "las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de éstas, incluido su sobrevuelo, cuando, en cualquiera de estos supuestos, se haya generado un riesgo para la vida o la integridad física de las personas". En el caso de las reuniones y manifestaciones, serán responsables los organizadores o promotores.

Se considera igualmente una infracción muy grave "la negativa a la disolución de reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público", así como "la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad".

En cuanto a los registros corporales e identificación de ciudadanos y ciudadanas, deberá quedar constancia escrita de la motivación del agente

Otra de las novedades del acuerdo entre socialistas y morados es que no se podrá sancionar la toma y difusión de imágenes cuando no afecten al derecho a la intimidad o la seguridad de los policías o sus familias. Además, las grabaciones de las intervenciones policiales con videovigilancia móvil deberán hacerse constar en cada atestado de actuaciones en la vía pública conforme a la Ley de Protección de Datos y deberán ser custodiadas por si son requeridas por la autoridad judicial.

En cuanto a los registros corporales e identificación de ciudadanos y ciudadanas, deberá quedar constancia escrita de la motivación del agente de la autoridad que lleve a cabo registros y comprobaciones en la vía pública. Los registros limitarán los desnudos parciales y, si estos deben realizarse de forma inmediata, será en un lugar que cuente con la debida garantía de protección de la intimidad.

También se ha acordado que el tiempo de identificación en comisaría sea de un máximo de dos horas —ahora son seis—, salvo causa excepcional debidamente alegada y verificable y limitada estrictamente. La identificación en comisaría se tratará de una situación excepcional y, una vez concluida, la persona identificada deberá ser devuelta al lugar desde donde fue conducida a la diligencia de identificación si esta se hubiera realizado en otra localidad. Se incorporan, a su vez, los animales como sujetos de protección.