El PSOE cierra un pacto de mínimos para negociar el modelo de financiación con el PP

Los presidentes autonómicos del PSOE han cerrado este viernes en Ferraz un pacto de mínimos sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. Se trata de una primera propuesta con la que se intenta tender la mano al PP para buscar puntos de encuentro antes de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Se dejan así fuera los aspectos que más divisiones generan entre los diferentes territorios, sin ni siquiera mencionar los criterios de población para el reparto. El pacto dentro de las filas socialistas se centra en los principios de "suficiencia financiera" y "equidad en la prestación de servicios públicos", sin mayores concreciones.

Conceptos en línea con lo plasmado en la ponencia marco del 40º Congreso Federal del PSOE. El texto hacía hincapié en un sistema de financiación que atendiese todas las sensibilidades "en base a los principios de suficiencia, solidaridad interterritorial y equidad en la distribución de recursos". Asimismo, se incluyó el compromiso de intentar cerrar un acuerdo "a la mayor brevedad posible".

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Iván Gil. Valencia Fernando H. Valls. Valencia

La reunión de trabajo para fijar la posición del partido ha estado coordinada por la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y en ella también ha participado Guillermo Fernández Vara como secretario de política autonómica en la nueva ejecutiva. Quienes no han estado presentes son los barones que no gobiernan en sus comunidades. Incluido el andaluz, Juan Espadas, que además preside el Consejo de Política Federal. Desde Ferraz se ha transmitido que se trataba de una reunión de coordinación para abordar políticas autonómicas de gobierno con los presidentes. A su término se ha lanzado una invitación al PP a trabajar "con honestidad en la definición de una posición común, dejando fuera la confrontación partidista".

"De lo que se trataría es de llegar a un gran pacto de país para la financiación del estado de bienestar", resumía el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, a su llegada a Ferraz en declaraciones recogidas por EFE. Todo ello, según añadía sin "ningún frentismo, ni frentismo de unas comunidades autónomas contra otras ni frentismo contra el Gobierno".

Dentro del PSOE se mantienen todavía dos grandes bloques enfrentados en la reforma de la financiación, encabezados por un lado por el valenciano Ximo Puig y, por otro, por el castellanomanchego Emiliano García-Page, junto al aragonés Javier Lambán. Ferraz pretende desactivar los dos frentes institucionales que puentean con otros presidentes autonómicos populares. García-Page y Lambán con el gallego Núñez Feijóo y el castellanoleonés Fernández Mañueco, en un lado defendiendo criterios de población ajustada en el reparto, y Puig y Francina Armengol con el andaluz Moreno Bonilla por otro, abogando por criterios de población real.

De la cumbre organizada por Feijóo, como alternativa a la celebrada en septiembre por los presidentes valenciano (Ximo Puig) y andaluz (Juan Manuel Moreno), ya se descolgaron antes del congreso federal del PSOE, el extremeño Fernández Vara, el presidente de Asturias, Adrián Barbón y la de La Rioja, Concha Andreu. Tras retrasarse la celebración de la cumbre se mantiene en el aire la asistencia de estos barones. El desbloqueo de las negociaciones, sin embargo, se sigue antojando lejano, sin que haya demasiado optimismo sobre la posibilidad de consensuar un cambio de modelo en esta legislatura. Máxime, cuando las posiciones dentro del propio PSOE sin unificarse.

Principios acordados para guiar la reforma

• Suficiencia financiera. Las CCAA deben contar con los recursos que les permitan desarrollar las competencias que tienen reconocidas constitucionalmente y prestar los servicios públicos que asumen.
• Autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal, en coordinación con la Hacienda estatal
• Equidad en la prestación de servicios públicos para garantizar la igualdad de acceso de los ciudadanos y ciudadanas, con independencia del lugar donde residan. La capacidad fiscal de los territorios no debe condicionar la equidad de acceso a los servicios públicos.
• Solidaridad entre nacionalidades y territorios que componen España, con el objetivo de lograr un desarrollo económico y social equilibrado desde el punto de vista territorial.
• Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para garantizar el sostenimiento del Estado del Bienestar.
• Lealtad institucional entre administraciones.