Los Franco chocan con la jueza y la "libertad de expresión" en sus acciones contra la prensa

El Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid ha confirmado el archivo de la querella por injurias que presentaron los Franco contra Mediaset por un programa de televisión centrado en la fortuna de los herederos del dictador. En el auto judicial al que ha tenido acceso El Confidencial, la jueza Belén Sánchez considera que su contenido se enmarca dentro del derecho a la libertad de expresión. También recuerda que la vía judicial adecuada para denunciar las alusiones a las personas ya fallecidas es la civil y no la penal.

La magistrada destaca que en la mayoría de los comentarios denunciados en la querella no se refieren a los familiares de Franco, sino “a otras personas ya fallecidas”. Por eso les invita a “realizar las reclamaciones que estimen oportunas por la vía civil correspondiente”. En cuanto a los comentarios sobre el origen de la fortuna o la gestión de diversos negocios, la resolución dictada el pasado 8 de octubre dice que "se encontrarían amparadas por el derecho a la libertad de expresión y a la información, recogidos por la Constitución".

“En cuanto al atentado a su honor —concluye el auto—, no existen indicios suficientes de la comisión del delito que se les imputa”. La querella apelaba al artículo 208 del Código Penal, que define la injuria como la acción y expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Pero la jueza dice que para que eso se produzca es necesario que haya “expresiones que tengan en sí contenido ofensivo”, algo que a su entender no se dio en el programa de televisión.

"Su condición de nietos de un anterior jefe de Estado les ha otorgado una proyección pública que no puede ser desconocida"

El programa se tituló ‘La herencia de los Franco’ y se emitió en el espacio ‘En el punto de mira’, de Cuatro, el 23 de julio de 2018. El juzgado se basó en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional para acordar el archivo de las actuaciones el 9 de junio de 2021. Los Franco presentaron un recurso de reforma ante la propia jueza y otro de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, que tendrá la última palabra sobre este contencioso que enfrenta a los herederos del dictador con la prensa.

La vía civil

Los familiares de Franco también lo intentaron por la vía civil, como les indicó la jueza. Pero tampoco han tenido éxito, al menos de momento. En un auto de junio al que también ha tenido acceso este periódico, el Juzgado de Primera Instancia número 43 de Madrid desestimó las pretensiones de la familia. Se celebró un juicio entre las partes enfrentadas que tuvo lugar el 26 de mayo. Los Franco acusaban a Mediaset, a los dos directores del programa ‘En el punto de mira’ y a tres de sus reporteros.

La acción por protección al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen también iba dirigida contra los testimonios de las personas que participaron en el reportaje. Los familiares se quejaban de que la exhumación de Franco apenas ocupaba 30 segundos dentro de una hora de programa. También que se diera a entender que las propiedades de la familia partieran de hechos ilícitos o que se vinculase a sus miembros con la Falange, entre otras afirmaciones que consideran falsas.

Mediaset, en cambio, defendió que el reportaje “aborda un asunto de indudable interés general”. El juzgado admite que los familiares de Franco no desempeñan una función pública, pero “su condición de nietos de un anterior jefe de Estado les ha otorgado una proyección pública que no puede ser desconocida”. “Ningún dato de la vida personal o familiar de los actores se revela en el reportaje, que versa sobre la exhumación de los restos de su abuelo y el patrimonio familiar”, añade el juzgado de lo civil.

A modo de conclusión, la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, concluía que se trató de “un reportaje parcial y sesgado, pero amparado por la libertad de expresión e información, lo que determina la desestimación de las acciones ejercitadas”. Los Franco también presentaron un recurso ante la Audiencia Provincial y fuentes jurídicas informan de que se conocerá el resultado próximamente.

La familia también denunció a una funcionaria de Patrimonio Nacional, autora de un informe sobre el inventario del Pazo de Meirás, que terminó publicado por 'elDiario.es'. Este caso se investiga por prevaricación y revelación de secretos en el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, que dirige la magistrada María Cristina Díaz. La jueza se ha puesto en contacto con el medio para que revele quién fue la persona que proporcionó ese informe, una diligencia a la que no ha atendido el periódico con el respaldo de las principales asociaciones de prensa.