El Gobierno amenaza a la patronal con subir el SMI a la horquilla máxima si no hay pacto

El Gobierno subirá el salario mínimo sí o sí. Y lo hará de forma "inmediata", como ha anunciado el presidente, Pedro Sánchez. Previsiblemente, en el Consejo de Ministros del 14 de septiembre. La incógnita reside en la cuantía. El ministerio de Trabajo maneja una horquilla, según las recomendaciones de la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional, de entre 12 y 19 euros para lo que resta de año. Aproximarse a la parte baja o a la parte alta dependerá de los resultados del diálogo social, que el próximo lunes celebra su segunda y última reunión sobre el SMI. Esto es, de que la patronal se sume o no al acuerdo. Si no lo hace, el planteamiento será incrementarlo con la cuantía máxima, según fuentes del Ejecutivo.

La pretensión del Gobierno pasa por que se pueda consensuar la subida con los agentes sociales, tratando de buscar una posición intermedia entre los sindicatos, a quienes les parecen insuficientes las cifras que manejan desde el Ministerio, y la CEOE, que directamente lo rechaza. La titular de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se está empeñando en que se pueda producir un acuerdo. Ella misma se estrenó en el cargo firmando junto a patronal y sindicatos la última subida a 950 euros.

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A este primer acuerdo de la legislatura en la mesa de diálogo social le han sucedido diez más hasta la fecha, y el Gobierno sigue queriendo que sea una seña de identidad. Un clima más que necesario ante los próximos retos de sacar adelante algunas de las grandes reformas pendientes pactadas con Bruselas, como la laboral y la de las pensiones. Con todo, el salario mínimo subirá este mismo mes, haya o no acuerdo, al tratarse de una prerrogativa del Gobierno, que solo está obligado por ley a realizar una consulta previa entre las organizaciones sindicales y patronales más representativas.

"Lo importante es que haya diálogo social", subrayaba Díaz este viernes durante una entrevista en Radio Euskadi, al mismo tiempo que añadía que su "no acaba con acuerdo o existe un acuerdo con una de las partes solo, bienvenido". La baza para que haya consenso se centra en que la patronal pueda influir para que no se decida fijar la cuantía que marca la horquilla máxima.

En la primera reunión de la mesa de diálogo celebrada el pasado miércoles, la CEOE propuso como punto de encuentro que la subida del SMI se limitase a unos territorios concretos, con mecanismos correctores ante las diferencias que pueda suponer entre comunidades. Una propuesta, habitual entre formaciones nacionalistas e independentistas, que rechazaron las otras partes y que Díaz justificó por la necesidad de regirse "por las normas de unidad de mercado". Asimismo, replicaba en la misma entrevista que "el SMI es un operador que nos sitúa en un techo mínimo que debe ser en términos de cierta igualdad en el conjunto del territorio del Estado" y que "si aplicamos esta dinámica a muchas otras materias económicas, sin lugar a dudas, generaríamos algunos inconvenientes".

Las horquillas marcadas por la Comisión Asesora se sitúan en una subida de entre 24 y 40 euros para el año 2022

El compromiso reiterado por el presidente del Gobierno durante su discurso para inaugurar el curso político pasa por situar el SMI en el 60% del salario medio al final de la legislatura. De ahí que se volverá a subir tanto el próximo año como en el 2023. De este modo, el diálogo social tiene en su mano marcar el ritmo de incremento, en un contexto tanto de dificultades económicas de las empresas como de pérdida del poder adquisitivo de los asalariados fuera de convenio y sujetos al SMI que representan a un millón y medio de trabajadores.

Las horquillas marcadas por la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional se sitúan en una subida de entre 24 y 40 euros para el año 2022 y de entre 25 y 40 para 2023. La subida media total para el final de la legislatura, a la que aspira el Gobierno en este momento, sería de 77 euros, situando el SMI en 1027 euros en 14 pagas.

La mejora de los indicadores económicos y la evolución del empleo han contribuido a que Yolanda Díaz se impusiese en el pulso interno por subir el SMI, que hasta el pasado mes de julio rechazaban los ministerios económicos, encabezados por la vicepresidenta Nadia Calviño. Esta última se inclinaba por aplazarla a enero de 2022, incluyéndola en los Presupuestos del próximo año. En el ala ortodoxa del Ejecutivo, siempre prevaleció la lectura de que una subida en el actual contexto podría ralentizar la creación de empleo en ciertos sectores y lastrar la recuperación. Se entendía desde el sector reacio del Gobierno que un incremento afectaría a los sectores más golpeados por la crisis, como el pequeño comercio o la hostelería, además de que en 2019 y 2020 se produjeron aumentos del 22,3% y el 5,6%, respectivamente.

Los morados, por su parte, defendieron siempre la necesidad de aplicar una subida para combatir la pobreza laboral y corregir la pérdida de poder adquisitivo entre los trabajadores no sujetos a convenio. Los convenios de empresa aumentaron entre el 1,5% y el 1,8%, dejando más desprotegidos a los trabajadores con sueldo mínimo, ya que habitualmente son los que no están cubiertos por este tipo de acuerdos. Las pensiones y el sueldo de los funcionarios tampoco se congelaron en 2021, creciendo cerca de un punto.