La Fiscalía de la Corte Penal Internacional atribuye a los talibanes 51.000 víctimas civiles

Mientras los talibanes recuperan el poder en Afganistán, y a pesar de defender una amnistía general y de pregonar una relativa suavización de algunas de las imposiciones de su etapa anterior, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional investiga, con una autorización conseguida 'in extremis' hace poco más de un año, la comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad por parte del régimen que ahora liderará previsiblemente Hebatulá Ajundzada. El informe preliminar elaborado por el departamento que ha dirigido durante años la ex fiscal jefa Fatou Bensouda atribuye a sus miembros y a sus grupos armados afines 17.770 muertos y 33.032 heridos entre los civiles afganos. Cerca de 51.000 víctimas entre los años 2009 y 2016, en el punto álgido de la lucha armada por un control del territorio que se ha decidido en solo unas horas con la toma de Kabul.

Bensouda inició en 2017 un intento de que los magistrados de la Corte dieran el visto bueno a la investigación. En 2019 vio cómo la Sala de Cuestiones Preliminares rechazaba sus intentos. Sin embargo, en marzo de 2020, los jueces de Apelación del tribunal autorizaron las pesquisas. El pasado febrero, la patata caliente pasó a manos de su sucesor, el británico Karim Khan, que asume ahora el reto de investigar en la peor de las situaciones y con un escenario que hace temer a la Fiscalía que los datos con que contaba se multipliquen exponencialmente.

Explosiones y ataques suicidas

En el informe de Batou, consultado por El Confidencial y fechado en 2017, la Fiscalía destacaba que los asesinatos y heridos se produjeron en esos años "principalmente a través de la explosión de 63 artefactos y ataques suicidas complejos". "A la vista de las informaciones disponibles, numerosos crímenes se habrían cometido con una particular crueldad, con el fin de aterrorizar a la población civil local".

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Las investigaciones preliminares también incluyen conclusiones premonitorias sobre lo que está por venir ante la inminente declaración del Estado Islámico en el país. "Las víctimas se tomaron deliberadamente como objetivo de forma discriminatoria por sus convicciones políticas o por motivos sexistas, en el marco de ataques que tienen como objetivo principalmente a los jefes de determinadas comunidades o determinados cargos de ideología opuesta", dice.

El informe continúa apuntando que en esos siete años de lucha, en numerosas regiones del país la población afgana fue privada del acceso a la ayuda humanitaria y a los servicios públicos esenciales, como la atención médica, "como consecuencia directa de la estrategia de los talibanes de atacar a los funcionarios del Gobierno y a los trabajadores humanitarios, incluidos el personal médico y los especialistas en la detección de minas antipersona".

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"Se han cometido otros crímenes destinados a hacer sufrir lo máximo posible al mayor número de civiles, principalmente a través de atentados suicidas en medio de la multitud, incluso en las mezquitas coincidiendo con la plegaria del viernes", indica el análisis de Fatou. Agrega que los crímenes tienen consecuencias particularmente graves para las mujeres y las niñas. "La educación de estas últimas se encuentra en amenaza constante, lo que impide a miles de ellas disfrutar de sus derechos".

EEUU y las fuerzas de seguridad afganas

La investigación de la Fiscalía no se limita al régimen talibán, sino que alcanza también los abusos cometidos por las fuerzas de ocupación norteamericanas y el propio Gobierno afgano ahora destronado. La beligerancia de Fatou le provocó ataques directos por parte de la Administración de Donald Trump, que impuso sanciones tanto a la responsable del organismo como a varios de sus trabajadores, entre ellas, la retirada de visados, en un claro intento de interferir en la instrucción en marcha.

Opinión

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El motivo de la discordia son algunas de las conclusiones del informe, que dejan a EEUU en el peor de los lugares. El estudio preliminar indica que existe base para considerar que "los militares estadounidenses habían aplicado torturas en centros de detención emplazados en Afganistán y gestionados por la CIA". El informe destaca que existen indicios de que las fuerzas armadas americanas torturaron al menos a 54 detenidos, principalmente entre 2003 y 2004. Por su parte, la CIA torturó al menos a otras 24 en el mismo periodo.

Las propias fuerzas de seguridad afganas también quedan señaladas. El informe destaca abusos cometidos contra detenidos vinculados al conflicto en centros de detención dirigidos por la Dirección Nacional de Seguridad o la policía nacional afgana. "El modo de comisión de estos crímenes es particularmente cruel, grave y sostenido en el tiempo y estuvo dirigido a infligir un sufrimiento máximo, implicando incluso actos de violencia sexual", concluye.