Vox abre un boquete al discurso de 'libertad' del PP por el certificado covid

"Fuera el pasaporte covid. Los jueces tumban las salvajes imposiciones de los caciques autonómicos". Vox aplaudió ayer con fervor el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que anula el certificado covid impuesto en la región por Alberto Núñez Feijóo como pasaporte para acceder a lugares de ocio y de restauración. Los de Santiago Abascal han visto en el polémico documento, que ha sido invalidado por los jueces en cuatro comunidades autónomas, un filón para disputar al PP la bandera de la 'libertad'. Hasta Isabel Díaz Ayuso, que triunfó en las urnas con una política abierta y desinhibida frente a las restricciones del resto, ha reconocido que su Gobierno estudiará implantar la medida en el futuro, algo que ha provocado una oleada de contestación social en otros países europeos.

Las movilizaciones en Francia y Alemania o las protestas de diputados italianos antes de que centenares de compatriotas hicieran lo propio en las calles de Roma han dejado claro que el uso del llamado 'certificado covid' presenta muchos interrogantes. Los socios comunitarios de Vox se han unido a unas marchas que han sido multitudinarias y transversales, y ahora los de Santiago Abascal buscan sumarse en clave nacional para poner en solfa la bandera de la libertad que blanden los de Pablo Casado.

"El muro de contención"

La respuesta de Vox ante el fallo gallego fue tajante. "El bipartidismo sigue sin entender que no puede recortar derechos fundamentales a los españoles. Vox y la Justicia seremos el muro de contención a sus tropelías", aseguraron ayer en una publicación en su perfil de Twitter en la que equiparan a PP y PSOE por esta cuestión.

Vox es la única formación que está cargando contra este certificado de forma decidida, y están convencidos de que puede ser un filón viendo la dirección tomada por los populares. El partido de Abascal se escuda en que se están cercenando la privacidad y la libertad de elección de los ciudadanos sobre vacunarse o no. Abascal ha visto vía libre en un ámbito que ya llevan trabajando desde hace meses, más aún en el caso de la Comunidad de Madrid, donde Díaz Ayuso arrasó el 4-M con un discurso dominado por la palabra 'libertad' y las escasas restricciones.

Sus dirigentes buscan capitalizar cualquier batalla en esta línea, a pesar de que la popular no ha implantado por el momento ninguna medida similar, pero sí que ha defendido su posible aplicación futura. Ella misma verbalizó que era algo que estudiarían con el tiempo y Abascal no tardó en saltar al ruedo contra ella tras estas palabras, protagonizando un intercambio directo entre ambos y poniendo a la madrileña a la altura de su homólogo gallego y compañero de partido, al que identifican como la figura del PP más favorable a las restricciones covid.

Fuentes del Gobierno madrileño expresan ahora sus dudas sobre el recorrido que pueda tener a tenor de los pronunciamientos judiciales y de que el ministerio no parezca por la labor de regularlo a nivel nacional. Inciden, de cualquier modo, en que ellos no lo han estudiado hasta el momento y que se lo plantearían únicamente si hubiera más porcentaje de inmunizados. Enrique López, consejero de Justicia, hizo hincapié esta semana en que sería deseable que hubiera una legislación nacional que lo ampare.

Más allá del certificado, en los últimos días, la comunidad ha mantenido la prohibición de verbenas y encierros veraniegos, unas medidas que permiten a Vox reforzar su discurso y poner en duda el tono libertario de la jefa del Ejecutivo, cargando contra la decisión en los municipios afectados. En Madrid, Vox no ha sido capaz de hacerse con la bandera contra las restricciones como sí lo ha conseguido en otros territorios. No lo ha logrado, de hecho, por la gestión de Díaz Ayuso, contraria a limitar la actividad de la restauración y los comerciantes madrileños. Sin embargo, la posible introducción del certificado amenaza con dar aire a una Rocío Monasterio que no ha encontrado su espacio en este ámbito.

Las dudas alrededor de este pasaporte sanitario crecen conforme se suceden los pronunciamientos judiciales. Este jueves, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) tumbó la orden de Alberto Núñez Feijóo que instauraba la obligatoriedad de pedir ese 'pasaporte de inmunidad' para acceder al interior de locales de hostelería y ocio nocturno. Lo hizo por carecer de un aval judicial que en Andalucía sí que buscó Juanma Moreno, pero que le negó el TSJA. Vox había amenazado con llevarlo a los tribunales. Dos regiones de gobiernos populares. En Cantabria, la Justicia suspendió una batería de limitaciones que lo incluía. En Canarias, el alto tribunal regional ya se opuso a que pudiera solicitarse en su territorio. Baleares sí que mantiene hasta la fecha la exigencia de estar vacunado para acceder a las residencias, pero el propio Gobierno central ha evitado posicionarse a favor del certificado, sabedor de las dudas jurídicas y argumentando que no se puede extender hasta que no haya una población más amplia vacunada.

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En Andalucía, Murcia, Galicia o Castilla y León, gobernadas por los de Casado, Vox ha realizado una política muy agresiva contra las limitaciones para frenar la expansión del coronavirus al entender que es un debate en el que no tienen nada que perder por no estar presentes en ningún Gobierno. La ausencia de una responsabilidad de gestión hace que no exista la posibilidad de caer en una contradicción y que puedan permitirse un acoso y derribo constante contra los 'prohibidores' ejecutivos autonómicos y central, tanto populares como socialistas.

Vox ha impugnado múltiples iniciativas sanitarias durante el combate del coronavirus. La más reciente, esta misma semana, en forma de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Salud Pública balear por imponer la vacunación a ciertos colectivos o la cuarentena obligada por positivo. También han tomado acciones contra la ley homónima de Feijóo, que obligaba a la vacunación y que fue suspendida parcialmente por un recurso de Moncloa. Han anunciado que recurrirán la normativa vasca por la misma razón, aunque fuentes del partido admiten que aún no lo han interpuesto. En regiones como la Comunidad Valenciana, Aragón, la propia Baleares y hasta Madrid, han acudido a los TSJ, sin éxito, para tumbar órdenes restrictivas. Su mayor triunfo, nada desdeñable, ha sido ante el TC para anular parcialmente el primer estado de alarma. Tienen el segundo recurrido.