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La posible entrega de Puigdemont tendrá que esperar a un nuevo fallo de la Justicia de la UE
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La posible entrega de Puigdemont tendrá que esperar a un nuevo fallo de la Justicia de la UE

El TJUE todavía tiene que responder a la cuestión prejudicial sobre el alcance de las órdenes de detención europeas, así como sobre las razones que permiten su denegación

Foto: Fotografía de archivo de Carles Puigdemont. (Reuters)
Fotografía de archivo de Carles Puigdemont. (Reuters)
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Carles Puigdemont ya no goza de inmunidad parlamentaria sobre el papel, pero sí en la práctica. La clave pasa porque el Tribunal Supremo trasladó el 9 de marzo una cuestión prejudicial al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se pronuncie sobre el alcance de las órdenes de detención europeas (ODE), así como sobre las razones que permiten su denegación. Mientras el TJUE no aclare estas dudas, la posible detención y entrega del 'expresident' a España queda descartada.

Este viernes, al rechazar su petición de medidas cautelares para mantener la inmunidad, el propio Tribunal General de la Unión Europea (TUE) advirtió sobre ello. Su vicepresidente considera que el líder independentista no ha conseguido probar que la pérdida de esta especial protección le exponga a un “perjuicio grave e irreparable” y, en los puntos 52, 53 y 54 de su fallo, al que ha tenido acceso El Confidencial, apunta para ello a los efectos que conlleva la cuestión prejudicial planteada por el Supremo:

  • "Como se desprende de la cuestión prejudicial planteada y como confirman las autoridades españolas, el proceso penal en cuestión fue suspendido por dicha solicitud. Además, dicha suspensión está prevista en las Recomendaciones del Tribunal de Justicia a los juzgados y tribunales nacionales(...): la presentación de una cuestión prejudicial requiere que el procedimiento nacional quede suspendido hasta que el Tribunal de Justicia se pronuncie".
Foto: El 'expresident' Carles Puigdemont. (Reuters)
  • "Dado que la cuestión prejudicial planteada se refiere a la ejecución de las órdenes de aprehensión dictadas en el proceso penal en cuestión, se podrá considerar que la suspensión de esos procedimientos requiere la suspensión de la ejecución de esas órdenes".
  • "Las autoridades españolas también manifestaron expresamente que dicha solicitud requería la suspensión de las órdenes de detención nacionales dictadas contra los demandantes y supuso la suspensión de cualquier procedimiento para la ejecución de una orden de detención europea que pueda haber sido iniciada. También manifestaron que ningún tribunal de la Unión Europea podría ejecutar las órdenes de detención europeas en litigio hasta que el Tribunal de Justicia se haya pronunciado".
Foto: El juez Pablo Llarena en una imagen de archivo. (EFE)

De esta manera, por mucho que haya perdido la inmunidad parlamentaria, Puigdemont puede seguir moviéndose por la Unión Europea sin temor a ser detenido, una situación que se extiende a los 'exconsellers' Toni Comín y Clara Ponsatí, quienes también cuentan con un escaño en el Parlamento Europeo. En cualquier caso, para entender la cuestión prejudicial planteada por el Supremo, el protagonismo recae sobre un cuarto huido que no ejerce como eurodiputado: el 'exconseller' Lluis Puig.

Al no ser eurodiputado, el Supremo no tuvo que esperar a que la Eurocámara tramitara el suplicatorio para levantarle la correspondiente inmunidad y pidió su entrega a Bélgica. Lejos de atender la petición, el tribunal de Apelación de Bruselas rechazó en enero los argumentos de España al considerar que no había conexión entre los hechos que se atribuye a Puig —malversación y desobediencia— y el motivo de la reclamación: el desarrollo del 'procés' y el intento fallido de independencia de Cataluña.

Foto: El 'expresident' Carles Puigdemont, en el Parlamento Europeo. (EFE)

La decisión supuso un varapalo para la Justicia europea, y más cuando a Puigdemont no solo se le reclamaría por malversación y desobediencia, sino también por sedición. Con la negativa de entregar a Puig, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena asumió que Bélgica tampoco aceptaría la del 'expresident', así que optó por plantear la cuestión prejudicial para implicar a la Justicia de la UE en la causa del 'procés': la falta de entendimiento entre Madrid y Bruselas contará ahora con Luxemburgo de árbitro.

Para ello, Llarena pide al TJUE que establezca criterios estables que le permitan mantener, retirar o emitir nuevas órdenes de detención contra todos o algunos de los procesados. La cuestión prejudicial terminó por presentarse el mismo día que el Parlamento Europea levantaba la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí, admitiéndose a trámite en mayo. El TJUE, sin embargo, no dio curso a la misma por el procedimiento acelerado, sino por el ordinario, lo que puede retrasar el pronunciamiento.

Sin efectos prácticos

El fallo de este viernes del TUE no tiene por tanto efectos prácticos. Facilitaría su detención si pisa suelo español, pero este es un riesgo que el 'expresident' ni siquiera ha querido correr cuando gozaba de inmunidad. Por el momento, el arresto y entrega de los huidos queda así a la espera de una nueva resolución de la Justicia Europea en la que, tras más de tres años de idas y venidas, se termine por aclarar hasta qué punto el resto de estados de la UE pueden negarse a colaborar con España.

Carles Puigdemont ya no goza de inmunidad parlamentaria sobre el papel, pero sí en la práctica. La clave pasa porque el Tribunal Supremo trasladó el 9 de marzo una cuestión prejudicial al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se pronuncie sobre el alcance de las órdenes de detención europeas (ODE), así como sobre las razones que permiten su denegación. Mientras el TJUE no aclare estas dudas, la posible detención y entrega del 'expresident' a España queda descartada.

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