Condena de más de 4 años al funcionario que cobró tasas falsas por modificar varios DNI

La Audiencia Provincial de Segovia ha condenado a cuatro años y siete meses de cárcel a un funcionario por haber cobrado tasas inexistentes por realizar modificaciones en los documentos nacionales de identidad (DNI) de varios ciudadanos, cuando estos cambios debían haber sido gratuitos para ellos. El trabajador deberá, asimismo, devolver al Estado la cantidad de 720 euros, más intereses. También deberá indemnizar a un total de 30 personas con 12 euros —la cantidad que pidió, indebidamente, a cada una—, que, de no ser abonados, saldrán de las arcas públicas.

Siguiendo el criterio del jurado encargado de esta causa, la jueza María Asunción Remírez, magistrada-presidenta del tribunal, ha considerado al empleado público culpable de un delito continuado de falsedad en documento público en el ejercicio de sus funciones, en concurso con un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de exacciones ilegales.

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Entre enero y julio de 2019, el condenado estuvo destinado en la Oficina de Expedición de Documento Nacional de Identidad y Pasaporte de la Comisaría Provincial de Segovia, y allí atendía a los ciudadanos que acudían a renovar su DNI o a solicitar alguna modificación de los datos que aparecían en su carné. Según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso El Confidencial, empleaba dos 'modus operandi' para cobrar tasas ilegales.

No todos los trámites para modificar un DNI cuestan dinero: algunos, como el cambio de domicilio o los derivados de problemas en el 'chip', son gratuitos. Y de esta gratuidad se valía el funcionario condenado: introducía pequeñas modificaciones, volcando los datos del padrón municipal, en la casilla 'Domicilio' de la aplicación informática —por lo que el sistema operativo registraba dicha operación como gratuita— y, así, el condenado se quedaba los 12 euros que cobraba, en efectivo, a cada ciudadano que acudía a la oficina. De esta forma, amasó un botín de 672 euros.

El condenado solicitó 12 euros a varios ciudadanos por realizar operaciones gratuitas

Por otro lado, pedía esta misma cantidad para acciones sin coste, "ocultándoles el dato de la gratuidad", reza la sentencia. Cada uno de los perjudicados que realmente habían variado su domicilio manifestaron ante los miembros del jurado que era cierto dicho cambio de vivienda, declarando todos ellos que habían abonado la tasa, a petición del funcionario. Otros negaron haber variado su residencia, a pesar de que así aparecía registrado en el sistema operativo, con pequeñas alteraciones en la dirección.

Además de la pena de cárcel, el pago de las costas procesales y dos multas —una de 16 meses y otra de 15 meses; ambas, a razón de 10 euros diarios—, el condenado, sin antecedentes penales, queda inhabilitado para ejercer cargo o empleo público por un plazo total de más de ocho años.