Moncloa busca un pacto con la familia de Primo de Rivera para exhumar sus restos

Los restos de José Antonio Primo de Rivera deberán ser exhumados del Valle de los Caídos. El proyecto de Ley de Memoria Democrática, aprobado este martes en el Consejo de Ministros, sienta las bases para resignificar el enclave del que ya se exhumó al dictador Francisco Franco y, a la espera de desarrollar dicha reforma, se establece que no podrá albergarse en un lugar "preponderante" ningún resto humano. Los del fundador de Falange se encuentran actualmente en el altar mayor de la basílica del mausoleo, siendo los únicos por tanto que incumplirían con la norma que todavía deberá tramitarse en el Congreso de los Diputados.

La intención del Gobierno pasa por negociar con los descendientes de Primo de Rivera el proceso para realizar el traslado de sus restos de forma pactada, al igual que se intentó con la familia del dictador, pero derivando en una batalla judicial. "De manera acordada y pactada, que es la más sencilla para cumplir la ley", ha explicado este martes el nuevo titular del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. Se da la circunstancia de que Bolaños fue ya el encargado de negociar con la familia Franco y organizar todo el proceso para su exhumación cuando ocupaba el cargo de secretario general de la Presidencia del Gobierno.

El cadáver del fundador de La Falange fue conducido desde El Escorial hasta la basílica del Valle de los Caídos el 30 de marzo de 1959 y yace aún a los pies del altar mayor, en el punto opuesto del crucero que ocupaba Franco. Cuando se produjo la exhumación de este último, la por entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ya apuntó que los restos de Primo de Rivera podrían seguir en el Valle de los Caídos, pero no en su actual ubicación. "Es una víctima y podrá estar en este lugar de alguna manera, obviamente discreta", explicó entonces.

El nuevo lugar en el que situar sus restos dependerá del acuerdo al que puedan llegar el Ejecutivo y los descendientes del fundador de Falange. Sin embargo, en función de la resignificación que adquiera Cuelgamuros, podría incluso tener que ser otro lugar fuera del enclave.

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El informe que los expertos hicieron en 2011, a petición del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ya prescribía que Franco fuera exhumado, pero que José Antonio debía ser reinhumado en un lugar no destacado del templo. Nunca se planteó la salida del Valle de los Caídos, puesto que se trataba de una víctima de la contienda, como las otras más de 33.000 que se hallan en los osarios de la iglesia, pero ahora todo dependerá de la resignificación del Valle de los Caídos. Para esto último, se pretende contar con las asociaciones memorialistas.

La exhumación de Franco acabó finalmente en manos de los tribunales, pese a los intentos de llegar a un acuerdo con sus descendientes. El proceso precisó del visto bueno del Supremo, y la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo llegó a admitir a trámite un recurso de la familia Franco contra el proyecto del Gobierno y requirió al Gobierno que aportase copia del acuerdo del Consejo de Ministros que ponía fecha a la exhumación, así como de los antecedentes de dicho acuerdo que obrasen en el expediente administrativo.

La decisión permitió así que el alto tribunal aplazara su pronunciamiento sobre las medidas cautelares que pedía la familia del dictador para paralizar el procedimiento. Por otra parte, el acuerdo del Gobierno también fue recurrido ante el Supremo por la comunidad benedictina del Valle de los Caídos y por la Fundación Francisco Franco, pidiendo ambas su suspensión cautelar. La exhumación estaba prevista para el 1 de marzo de 2019 y debido a su judicialización no se acabó produciendo hasta el 24 de octubre de ese mismo año.