La exhumación de Franco sigue su curso: tras ganar en las urnas, queda el Supremo

"Queda mucho por pelear, por lo que hacemos un llamamiento para que no cundan el desánimo, el nerviosismo ni el derrotismo en nuestras filas". La Fundación Francisco Franco no tardó ni 24 horas en reaccionar. Tras la victoria del PSOE en las urnas, el lunes lanzó un comunicado en el que valoraba cómo afecta el resultado de las elecciones a la exhumación del dictador, un texto en el que dejaba clara su postura en el mismo titular: 'Valle de los Caídos: nada ha cambiado'. Pero lo cierto es que la situación sí ha cambiado. Con Pedro Sánchez en la Moncloa, la promesa estrella de los socialistas sigue su curso, por lo que ya solo queda una vía para detener la medida: el Tribunal Supremo.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, anunció el calendario que manejan el pasado 15 de marzo: pretenden sacar a Franco del Valle de los Caídos el lunes 10 de junio para enterrarlo en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo, donde yace su esposa, Carmen Polo. La fecha no se escogió al azar. Para entonces, las Cortes Generales se habrían constituido —fue el 21 de mayo— y habrían pasado los comicios del 26-M, pero sería casi imposible que hubiera un nuevo Ejecutivo con plenitud de ejercicio, lo que suponía blindar el proyecto ante un posible Gobierno de derechas. La victoria del PSOE el 28-A hace casi imposible que Casado llegue al poder y todo apunta a que Sánchez volverá a ser investido presidente, por lo que la posibilidad de frenar la medida por la vía política salta por los aires.

La exhumación queda así en manos de los tribunales. El Supremo ya ha dejado claro que el proyecto necesita su visto bueno antes de llevarse a cabo, pero por el momento no ha tomado una decisión definitiva. La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo admitió a trámite el recurso de la familia Franco contra el proyecto del Gobierno el 9 de marzo, pero ante las inminentes elecciones optó por una tercera vía que no dio la razón a ninguna de las partes: el 2 de abril requirió al Gobierno que aportase copia del acuerdo del Consejo de Ministros que ponía fecha a la exhumación, así como de los antecedentes de dicho acuerdo que obrasen en el expediente administrativo. La decisión permitió así que el alto tribunal aplazara su pronunciamiento sobre las medidas cautelares que pide la familia del dictador para paralizar el procedimiento.

La familia ya intentó que el Supremo tomara esta decisión el pasado diciembre con otro recurso, pero los magistrados rechazaron la solicitud al considerar que se había presentado de forma prematura. En un nuevo recurso presentado en marzo, los Franco vuelven a la carga y piden detener la exhumación, así como garantizarles que puedan enterrar al dictador donde consideren si esta sigue adelante. "Idénticas violaciones de los derechos fundamentales citados (igualdad, libertad religiosa e intimidad personal y familiar) constituye que el Gobierno trate de obstaculizar de cualquier modo el ejercicio por mis representados del legítimo derecho a inhumar a su abuelo en el lugar indicado en el escrito de primeras alegaciones, esto es, en el sepulcro que tienen en propiedad en la Cripta de la Catedral de la Almudena", sostienen en el recurso, de 22 páginas.

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El acuerdo del Gobierno también está recurrido ante el Supremo por la comunidad benedictina del Valle de los Caídos y por la Fundación Francisco Franco, pidiendo ambas su suspensión cautelar. En el caso de los monjes, estos consideran que debe paralizarse porque se sacaría al dictador del Valle de los Caídos sin "autorización eclesiástica", argumento que también apoyan los nietos de Franco. De todos modos, la Sala Tercera solo ha prestado atención por el momento al recurso de la familia, que fue el primero que se presentó. Con Sánchez en la Moncloa y el acuerdo del Consejo de Ministros ya sobre la mesa, al Supremo le queda así poco más de una semana para decidir si toma las medidas cautelares que piden los nietos del dictador. Con la vía política ya agotada, a la familia solo le queda presentar batalla en los juzgados.

El juez que suspendió la licencia de obras

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Madrid suspendió cautelarmente en febrero el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que permite sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos, documento que resulta necesario para poder seguir adelante con la promesa estrella de Pedro Sánchez. El juez José Yusty Basterreche sostenía para ello que, sin ser urgente la medida, las autoridades no elaboraron los preparativos necesarios para garantizar que la exhumación se realiza con seguridad suficiente. El Gobierno, sin embargo, considera que el juez no puede frenar la exhumación.

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En la misma línea, la Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia, presentó un escrito en el que plantea la recusación del magistrado, al entender que no puede resolver este asunto tras haber redactado en 2007 un artículo titulado "Gobierno y armada española en la monarquía absoluta". En dicho artículo, que abordaba la Ley de Memoria Histórica, José Yusty acusaba al entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de revivir, "con oscuras intenciones, todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra patria a aquellos momentos difíciles". Tras recibir el escrito de recusación, el juez paralizó la actividad judicial en relación con este asunto, por lo que la decisión final sobre la exhumación queda en manos del Tribunal Supremo.