Anboto, inocente: la consecuencia de no pagar el plus a los peritos de la Policía Científica

Desde hace casi una década, los agentes destinados en la Comisaría General de Policía Científica mantienen un pulso económico con la Administración cuyas consecuencias trascienden sus propias nóminas. Los funcionarios llevan a cabo habitualmente informes periciales que presentan ante los tribunales de Justicia y que sirven como prueba de cargo para decantar procedimientos hacia uno u otro lado de la balanza. La tarea la realizaban antes los facultativos, pero con la entrada de personal más cualificado en el instituto armado, los técnicos fueron dejando paso a policías especializados.

La Dirección General de la Policía, sin embargo, no ve con buenos ojos que estos agentes se conviertan en facultativos de hecho, pues la transformación profesional conlleva que la Administración tenga que desembolsar a todos estos nuevos expertos un complemento monetario que supera los 800 euros mensuales. Por eso, desde hace años, ha venido exigiendo a estos policías que llevan a cabo funciones propias de un perito que no denominen sus trabajos informes periciales, sino informes de conclusiones, pues la primera nomenclatura implica que automáticamente hay que abonarles el mencionado plus salarial.

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Los afectados, sin embargo, no están conformes. Muchos de ellos han recurrido a los tribunales para reclamar sus derechos y la Justicia les ha dado la razón en la práctica totalidad de los casos. Especialistas en toma de muestras biológicas o en huellas dactilares han visto cómo los magistrados han respaldado sus reivindicaciones monetarias en el citado contexto laboral. En torno a un centenar de sentencias, según ha podido comprobar El Confidencial, han defendido que estos profesionales deben ser remunerados como facultativos mientras lleven a cabo este tipo de tareas, pues sus informes tienen el rango de pericias en sentido estricto.

El voluminoso número de resoluciones judiciales, sin embargo, no parece suficiente para la Administración, que rechaza aplicar una tabla rasa para todos los policías peritos y se limita a reconocer los complementos únicamente a quienes los reclaman. Esta actitud está provocando escenas esperpénticas en el seno de la corporación. En la Brigada Provincial de Madrid de Policía Científica, por ejemplo, apenas dos de los 14 funcionarios que la componen reciben el mencionado plus salarial de 800 euros, los mismos que recurrieron a los tribunales. Los demás, aunque hacen los mismos informes, no ingresan este complemento.

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La obligatoriedad de firmar como informes de conclusiones lo que deberían ser peritajes ha llevado también a situaciones grotescas en la Policía Científica. Según fuentes del departamento consultadas por El Confidencial, hace pocos meses, un juez le pidió a un funcionario que utilizara expresamente la terminología informe pericial en lugar de la denominación propuesta por la Dirección General de la Policía. El agente hizo caso al magistrado, a pesar de que sus superiores le conminaron a lo contrario, lo que provocó que Régimen Disciplinario le abriera un expediente, en primera instancia, y le sancionara, en segunda.

Las consecuencias, sin embargo, no redundan únicamente en el bolsillo de los funcionarios. Los procesos judiciales en los que se presentan estos informes 'cojos' también sufren los efectos de la reducción de calidad del trabajo que en la práctica implica el cambio de denominación. La Audiencia Nacional declaró inocente el pasado marzo a la etarra María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', tras reabrir 35 años después la instrucción por el coche bomba que la banda terrorista puso en mayo de 1985 en el estadio de Mendizorroza (Vitoria). Los agentes tan solo identificaron entonces una de las cinco huellas que encontraron en el escenario del crimen. La tecnología permitió que en 2019 la Policía Científica pudiera averiguar quién estaba detrás de las cuatro que habían sido una incógnita durante décadas.

"Sin imágenes de las huellas"

Los agentes pusieron sobre la mesa el nombre de Anboto, lo que provocó la apertura de un juicio oral contra la etarra por el mencionado intento de atentado. El informe de conclusiones, sin embargo, no se tornó suficiente prueba de cargo para el tribunal. El peritaje de 1985 estaba completo y su autor compareció como técnico autorizado. El de 2019, sin embargo, se presentó como especialista, no como perito, y era menos completo, como la propia sentencia se encargó de poner en evidencia. "El tribunal hubiera necesitado una aclaración de la contradicción en la prueba pericial, que desde luego no fue aclarada en juicio, como tampoco se aclaró por qué no se aportaron en ningún momento las imágenes de dichas impresiones dactilares", criticó la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la resolución firmada el pasado 29 de marzo.

"El informe de 2019 no ha detallado ninguno de los requisitos a que se refiere el artículo 478 de la Ley Procesal Penal cuando señala que el informe pericial comprenderá si fuere posible: descripción de la persona o cosa que sea objeto del mismo (no se ha descrito el estado de las huellas); descripción detallada de todas las operaciones practicadas por los peritos y de su resultado (lo que requería que se aportaran al menos las fotografías de los puntos identificativos), y conclusiones que en vista de tales datos formulen los peritos conforme a los principios y reglas de su ciencia o arte", censura el tribunal, que reprocha que los últimos informes "no aporten imagen alguna ni informe" sobre el estado de las huellas. Esta inacción policial, reprenden, ha impedido que la sala pueda valorar la prueba.

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Las fuentes policiales consultadas sitúan el problema último precisamente en la mencionada orden de la superioridad de elaborar informes de conclusiones que no se asimilen a los de peritaje. Así lo sostienen también desde el sindicato Jupol, que aventura que esta forma de obrar lastrará previsiblemente cualquier caso que se reabra. "Hay más de 300 asesinatos de ETA sin resolver; si cada prueba que encontremos va a tener este resultado, no saldrá adelante ninguno", prevén las fuentes policiales consultadas, que recuerdan que desde 2015 España se sumó a la norma europea de calidad en la elaboración de informes periciales, que desde entonces deben seguir un procedimiento establecido que en no pocas ocasiones, según denuncian las mismas fuentes, no se cumple.

Esta norma exige que los informes los firmen facultativos o inspectores, extremo que en este momento —según las citadas fuentes— no se realiza, pues la inmensa mayoría de 'periciales cojas' las suscriben subinspectores, oficiales o policías de la escala básica de la corporación, a los que la regulación tan solo permite hacer borradores que luego rubriquen sus superiores. Por otro lado, los informes deberían contar con el refrendo de dos especialistas, cosa que solo en ocasiones se cumple. Desde Jupol, reclaman a la dirección general que ponga los medios para que los policías que trabajan como facultativos sean reconocidos y puedan elaborar informes periciales.