El Congreso aprueba la derogación de las penas de cárcel para piquetes de huelga

El pleno del Congreso ha aprobado este jueves la ley que deroga el artículo 315.3 del Código Penal, que contempla penas de cárcel específicas para las coacciones de los piquetes de huelga. El texto pasa ahora al Senado para completar su tramitación con la idea de que esté en vigor antes del Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo.

La despenalización, propuesta por el PSOE y pactada dentro del acuerdo de coalición con Unidas Podemos, ha salido adelante con el apoyo de Esquerra Republicana (ERC), EH-Bildu, Junts, el PDeCAT, la CUP, Más País-Equo, el BNG, Compromís, Teruel Existe y Nueva Canarias, sumando 189 votos a favor y superando con holgura la mayoría absoluta necesaria para modificar una ley orgánica (176 diputados). Los dos socios de Gobierno habían tenido discrepancias a causa de la reforma, pero finalmente las han limado.

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El PP, Vox, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias han votado en contra, lo que suma 151 diputados, mientras que el PNV, el PRC y Coalición Canaria se han abstenido.

La reforma, que deroga este artículo y contempla la revisión de sentencias firmes dictadas de conformidad al mismo, pasa al Senado sin cambios, después de que el Congreso rechazase las propuestas del PP, Vox y el PNV de conservar, con mayor o menor dureza, castigos de cárcel específicos para los posibles abusos de los piquetes.

A partir de ahora, deberá completar su tramitación en la Cámara alta y únicamente volverá al Congreso para someter a votación los cambios que allí se introduzcan. En todo caso, el PSOE ya ha anunciado que pedirá una tramitación de urgencia —se acortan los plazos a la mitad— para tener en vigor la reforma para el Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo.

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Durante el debate final de la iniciativa, al que ha asistido en parte el propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la diputada del PSOE Andrea Fernández ha celebrado este día como "histórico", pues considera que la derogación salda "una de las deudas pendientes" que, como demócratas, tienen "con el sindicalismo".

Fernández ha reprochado a las fuerzas 'enmendantes' de la derecha que "no pueden contraponer una libertad genérica [el trabajo] con un derecho fundamental [el de huelga]". "Es necesario que entendamos que la protesta tiene que protegerse, porque es consustancial con la democracia", ha reivindicado.

Por su parte, las formaciones de la derecha parlamentaria han advertido del riesgo de que esta despenalización acabe con penas más duras para las coacciones de los piquetes, al estar más castigado el delito de coacciones, o incluso que se aumenten por contabilizarse tantos delitos como personas coaccionadas, algo que ha señalado el popular Jaime de Olano. El diputado ha defendido la redacción vigente del artículo 315, pues cree que protege al trabajador "en las dos esferas", y también ha cargado contra "el trato de favor a encausados o procesados por este delito" que busca la iniciativa, al contemplar la revisión de las sentencias dictadas. "Esto es muy peligroso, mañana lo harán con independentistas condenados por sedición", ha alertado.