Fruto del pacto de coalición

El Gobierno eliminará las penas de cárcel para los piquetes en su reforma penal

Derogará el artículo que prevé hasta tres años de cárcel y multas para los que coaccionen a otras personas para iniciar o continuar una huelga

Foto: Miembros de un piquete en Vitoria. (EFE)
Miembros de un piquete en Vitoria. (EFE)
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La reforma del Código Penal incluirá novedades también en el terreno laboral. En concreto, en la regulación penal de la huelga. El Ejecutivo prevé eliminar el artículo en el que se recogen penas específicas de prisión de hasta tres años para los piquetes, cuya actividad se regula a través de un tipo penal agravado que también incluye la imposición de elevadas multas. Desde Podemos, la norma se considera un instrumento represor del derecho de huelga. La parte socialista atenderá así una demanda que ya se recogía en el acuerdo para el Gobierno de coalición entre el PSOE y el grupo confederal. Fuentes conocedoras de la modificación señalan que si bien otros aspectos del texto se encuentran aún bajo estudio, este punto está ya claro. "No cabe ninguna duda de que desaparecerá", aseguran a El Confidencial.

El artículo afectado es el 315, en su punto tres. En él, se indica que quienes actúen en grupo o de manera individual pero de acuerdo con otros y coaccionen a otras personas para iniciar o continuar una huelga serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con penas de multa de 18 a 24 meses. La previsión legal es uno de los caballos de batalla históricos de la formación de Pablo Iglesias. Los morados recuperaron recientemente en el Congreso una proposición de ley ya planteada en anteriores legislaturas en la que piden su derogación.

En ella, sus motivos quedan claros. Para Podemos, la norma, cuyo origen se remonta al Código Penal de 1928 -"impulsado en plena dictadura de Primo de Rivera"-, y que fue recuperada en la modificación de 1976, mantenida en el Código Penal de 1995 y en la reforma de 2015, si bien en esta última se recogieron penas específicas, "no tiene más sentido que el de seguir favoreciendo la intimidación de las organizaciones sindicales y de los trabajadores más activamente comprometidos con ellas y especialmente reivindicativos, en la organización y desarrollo de los piquetes informativos de huelga".

La proposición especificaba que, fruto de este artículo, las organizaciones sindicales mantienen abiertos en la actualidad cerca de 90 expedientes que afectan de forma directa a cerca de 300 sindicalistas objeto de procedimientos sancionadores penales o administrativos. También decía que las peticiones de penas de prisión que, en función de él, reclama la Fiscalía suman en total cerca de 90 años.

Piquetes informativos frente a unos grandes almacenes. (EFE)
Piquetes informativos frente a unos grandes almacenes. (EFE)

"Actualmente se están tramitando, entre otros, procedimientos penales, en aplicación del artículo 315.3 del Código Penal, en Andalucía (Cádiz, Granada, Málaga, Huelva y Sevilla), en Aragón (Zaragoza), en Baleares, en Cantabria, en Castilla-La Mancha (Albacete y Ciudad Real), en Castilla y León (Ávila, León, Soria y Valladolid), en Cataluña, en Galicia, en La Rioja, en Murcia, en Madrid y en la Comunidad Valenciana, y, en todos ellos, resulta determinante la actuación del Ministerio Fiscal", destaca el texto publicado en el Boletín Oficial de las Cortes.

Estigma

"Estas personas se encuentran procesadas como consecuencia de formar parte de un piquete informativo de huelga y en una amplia mayoría están resultando condenados, muchas veces como autores de una falta, pero en otras ocasiones directamente como sujetos activos de un delito, con las consecuencias estigmatizadoras de esa acción tanto a nivel personal como colectivo. A nivel personal, las consecuencias son muy evidentes, pero también lo son en la dimensión colectiva. Cuando se produce una acusación penal, que acarrea la imputación de delitos que pueden generar penas de prisión, se produce una injerencia de los poderes públicos en el funcionamiento de las organizaciones sindicales y una restricción ilegítima del derecho a huelga", defienden.

Para Unidas Podemos, la regulación penal vigente resulta innecesaria cuando el Código Penal vigente ya contempla el delito de coacciones. Un tipo penal agravado para el ejercicio del derecho de huelga "no solo no es necesario, sino que es contrario a los derechos fundamentales de huelga y de libertad sindical", reivindica.

Las fuentes consultadas apuntan que la desaparición del artículo se incluirá en la reforma, aunque aún no está claro si será desde un inicio y, por tanto, aparecerá ya reflejado en la propuesta que presentará el Gobierno, que parece inclinarse en las últimas semanas por escoger el anteproyecto de ley para introducir los cambios que prevé en el Código Penal. Es también posible que se implante en el recorrido parlamentario del texto, vía enmienda, lo que permitiría a los de Iglesias reivindicar su autoría intelectual.

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