'Outlet', 'desjudicializar', 'sindemia': a la Policía se le atraganta otra vez la lengua

El examen de ortografía está llamado a convertirse en la eterna piedra en el zapato de los responsables de la División de Formación de la Policía Nacional, encargados de organizar las pruebas de acceso al instituto armado. Tras la polémica generada en torno a la mencionada prueba en la anterior convocatoria, que llevó a cientos de aspirantes a entrar en el cuerpo a recurrir a la justicia, una nueva controversia salta en torno al dichoso ejercicio que es necesario superar para convertirse en miembro de la corporación. Decenas de opositores estallaron el pasado sábado tras la celebración del mencionado examen, como ocurriera un año antes, aunque esta vez por un matiz diferente.

A su juicio, no se trataba de un examen de ortografía, sino de una prueba para comprobar si el opositor conocía las palabras que aparecen en el diccionario, extremo muy diferente. Si a principios de 2020 la cuestión se ciñó a la imposición de la nota de corte, que inicialmente parecía fijada en un 5 y que luego fue elevada en medio del partido, esta vez la polémica ha tenido lugar como consecuencia de la decisión del tribunal de diseñar una prueba basada en el diccionario en lugar de en la ortografía. Palabras como 'outlet', 'sindemia', 'acromía', 'kinegrama', 'quillo' o 'desjudicializar', por ejemplo, que aparecieron en el examen, son utilizadas habitualmente en determinados ámbitos, pero no se recogen en el diccionario. 'Halograma', 'metereología', 'paopérrimo', 'turunda' o 'tavarra', por otro lado, aunque sí están reflejadas en el compendio léxico, no fueron correctamente escritas en el test.

Las bases, recuerdan en algunos de los chats de WhatsApp en los que ya se han organizado los opositores, señalaban que el ejercicio estaba puesto para "evaluar la capacidad ortográfica" de los asistentes. Un preparador para estas pruebas licenciado en Lingüística y en Derecho que prefiere permanecer en el anonimato explica a El Confidencial que la única forma de medir esta competencia es a través de ejercicios relacionados con la correcta redacción de las palabras. "Si tienen tilde o no, si se escriben con 'b' o con 'v', si tienen diéresis, si deben ir juntas o separadas", describe a modo de ejemplo de lo que sería una prueba ortográfica.

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Sin embargo, continúa, el enunciado del ejercicio subraya que, para corregir, el tribunal utilizará "las entradas propias que figuren en el Diccionario de la Lengua Española", lo que supone, a juicio de los opositores e incluso de varios profesores de academias preparatorias consultados, un sinsentido. "El Diccionario de la Real Academia Española cuenta con 89.000 palabras", recuerda uno de estos últimos docentes que tampoco quiere dar su nombre. "Ni un miembro de número de la Academia Española puede conocer todas estas entradas", sostiene. "Hay palabras especializadas que no están en el Diccionario de la Real Academia Española, pero que sí se encuentran en compendios especializados, como directorios médicos o científicos, y que por lo tanto están correctamente escritos", recuerda. "Podrían preguntar eso, si están bien escritos o no, pero no si aparecen o no en el diccionario; eso no es materia de un examen de ortografía", protesta el profesor.

"Hay ocho millones de palabras que se usan habitualmente y no se recogen en el Diccionario de la Real Academia, como ha dicho la propia RAE, que no las considera mal escritas, sino simplemente al margen del compendio", añade uno de los opositores afectados. "Es la primera vez que la prueba de ortografía se basa en decir si una palabra figura o no en el diccionario", insiste el anterior docente, que recalca que este planteamiento en definitiva se limita a señalar a los opositores que "si se saben el diccionario, aprueba y si no, no". "Nosotros hemos invertido mucho dinero en formar a la gente, en contratar especialistas que enseñen correctamente ortografía y los aspirantes también han gastado importantes cantidades y tiempo en sus vidas", subraya el profesor, que dirige una de las academias más populares del país. "Así planteado, el examen se convierte en una lotería, porque nadie se ha estudiado el diccionario, y por lo tanto genera inseguridad jurídica e indefensión", añade el instructor, que confiesa estar en contacto con representantes de otras academias con el fin de articular una acción de queja común contra la División de Formación de la Policía Nacional.

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De momento, sin embargo, es pronto para cualquier tipo de recurso. Hasta ayer había tiempo aún para que los opositores presentaran alegaciones e impugnaran alguno de los ejercicios que tuvieron lugar durante el examen del pasado sábado. Desde la Dirección General de la Policía no hacen declaraciones al respecto, por lo que es imposible determinar el número de escritos que se han presentado en la presente convocatoria contra el examen de ortografía. Los opositores que se están organizando entre sí lo han hecho de momento a través de diferentes grupos de WhatsApp en los que, según cálculos de las fuentes consultadas por El Confidencial, podría haber alrededor de medio millar de aspirantes descontentos o interesados por las medidas que los candidatos a acceder al cuerpo pudieran finalmente poner en marcha.

El grupo de opositores descontentos incluso ha puesto nombre a su iniciativa. Justicia 37, como se autodenominan, hace alusión al número de convocatoria de la promoción y a la reclamación de legalidad que realizan los que forman parte de la agrupación. El nombre, además, es una continuidad del que acuñaron sus predecesores, los candidatos que se sienten perjudicados por la convocatoria anterior, que se unieron entorno a la denominación Justicia 36, en referencia también a los mismos elementos de la promoción anterior. Cientos de recursos de estos últimos esperan aún una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que el pasado octubre admitió a trámite todos los escritos que presentaron los opositores tras ver cómo la administración rechazaba sus quejas.

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La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal madrileño aprovechó el auto en el que admitía a trámite las protestas de los aspirantes a ingresar en la Policía y con el que inicia las diligencias para reclamar a la Dirección General de la Policía el expediente administrativo de los candidatos a agentes. Todos ellos habían recurrido inicialmente por vía administrativa ante la División de Personal, organismo responsable de organizar los procesos selectivos, que tumbó todas estas quejas y los obligó a acudir a los tribunales, por lo que disponían de todos los historiales. Mientras el tribunal toma una decisión, y sin que por lo tanto se haya resuelto la polémica del año pasado, se inicia ahora una nueva controversia en torno al mismo examen.

Los principales sindicatos policiales ya han levantado la voz contra lo que consideran "un error" más de la División de Formación del cuerpo. "No entendemos que un examen de ortografía, que tiene el objetivo de medir el uso de cada opositor del idioma (español), se utilice de forma errónea con palabras en desuso, con tecnicismos científicos o difíciles de comprender", valoran desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP). "Entendemos que el planteamiento de la prueba no ha medido si un opositor ha estudiado o no", sentencian. En la prueba, aseguran, ha imperado "el azar". "Sería mejor que en este examen se utilicen palabras de ámbito policial o judicial que sí harán falta en el futuro a los próximos policias", proponen desde el sindicato, que considera que lo que está consiguiendo la Dirección General de la Policía con este tipo de polémicas es que personas "muy válidas" para desempeñar la función policial "se desmotiven y abandonen la oposición". El sindicato Jupol, por su parte, prevé una avalancha de recursos y pone su gabiniete jurídico a disposición de los candidatos a acceder al cuerpo.

La polémica en torno al examen de ortografía del pasado sábado, sin embargo, no se ha limitado solo al diseño del ejercicio, más centrado en el diccionario. Numerosos candidatos han mostrado abiertamente sus quejas en relación a supuestas "filtraciones" que también han podido producirse sobre el contenido de la prueba en redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea. Así lo han trasladado a la Dirección General de la Policía algunos de los aspirantes, que han denunciado, además, que en algunas sedes el examen ha terminado antes de tiempo y que esto ha provocado que quienes acababan publicaran en internet algunas de las plantillas de respuestas cuando aún no había finalizado en otros lugares. Estos candidatos han reclamado la anulación de la prueba también por este último motivo.