Las cuatro anomalías de la democracia española
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es mejorable

Las cuatro anomalías de la democracia española

Falta de control de la monarquía, opacidad de las administraciones, exceso de cargos de libre designación y penas de cárcel para los abusos en materia de libertad de expresión

placeholder Foto: El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, junto a Sánchez y Calvo. (EFE)
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, junto a Sánchez y Calvo. (EFE)

España es una democracia plena y la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, se lo ha recordado a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, mientras la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, hacía otro tanto con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Para el líder de Podemos en España “no hay una situación de plena normalidad política y democrática”, según declaró al diario 'Ara'.

En los índices de calidad democrática que miden algunos 'think tanks' y fundaciones, desde el británico Economist Intelligence Unit hasta el estadounidense Freedom House, España sale siempre muy bien parada. Se sitúa incluso, a veces, por delante de algunos países europeos como Francia con una larga tradición democrática comparada con las cuatro décadas de España.

Foto: Miembros de la Guardia Nacional avanzan frente al Capitolio. (EFE)

La democracia española es, sin embargo, mejorable. Si se la compara con las del pelotón de cabeza, en su mayoría escandinavas, adolece de cuatro defectos que no enturbian la plena normalidad. El primero de ellos es que el código penal castiga con penas de cárcel los “excesos” en materia de libertad de expresión. El Ministerio de Justicia tiene intención de enmendarlo, según anunció el lunes, para que las penas sean multas y no privativas de libertad.

Los otros tres menoscabos de la democracia no están, ni mucho menos, a punto de corregirse. El primero es la ausencia de control de la jefatura del Estado por parte de las Cortes, una labor que sí desempeñan, en mayor o menor medida, los parlamentos de las otras monarquías europeas. Los intentos de Podemos y de los nacionalistas de ejercer algún grado de control han sido rechazados por el PSOE y el centroderecha. Por algo Herman Matthijs, profesor de la VUB (universidad pública de bruselas) y experto en monarquías, sostiene que la española “es la más opaca” de Europa —ni siquiera se conoce con precisión su presupuesto real— aunque no a gran distancia de la demás.

Da envidia, por ejemplo, leer el informe encargado por el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, sobre la monarquía en su país y presentado ante el Parlamento en enero de 2020. Deja en muy mal lugar a la gran duquesa María Teresa que, pese a no ostentar ninguna función, lleva con poco acierto la política de recursos humanos de la institución.

El segundo gran defecto es la falta de transparencia del conjunto de las administraciones empezando por la del Estado. Quedó de nuevo puesto en manifiesto cuando el Gobierno se negó, la semana pasada, a divulgar el informe del Consejo de Estado que acompaña al decreto-ley de los fondos europeos. Legalmente no estaba obligado, pero no está de más conocer la opinión de esa institución.

En España los periodistas recurren al Portal de Transparencia o a las preguntas parlamentarias, de los diputados y senadores que se prestan a ello, para obtener información rutinaria que los gabinetes de comunicación de los ministerios no les facilitan. No siempre da resultado. Al diputado de Bildu, Jon Iñarritu, el Ministerio del Interior rehusó, por ejemplo, contestarle cuáles eran las nacionalidades de los inmigrantes irregulares llegados a España en 2020. En la web de Interior de Italia había, incluso cuando su titular era el ultraderechista Matteo Salvini, mucha más información sobre inmigración que en la de Fernando Grande-Marlaska.

En esta legislatura la situación ha empeorado porque ni siquiera se ha constituido, a causa de los vetos cruzados entre partidos políticos, la Comisión de gastos reservados del Congreso. Tampoco es que en esa comisión, prevista por el reglamento, los ministros que manejan esos dineros se explayaran dando explicaciones, pero desde hace más de un año se libran por completo de esa obligación.

Foto: La diputada del PSOE Beatriz Carrillo (d) aplaude a su grupo junto a la portavoz, Adriana Lasrta, y el portavoz adjunto, Rafael Simancas, tras defender en la tribuna la ley Zerolo. (EFE)

La ley de transparencia, aprobada en 2013, se quedó desde un principio corta en comparación con algunos de nuestros vecinos. No prevé sanciones para quienes la incumplan, no obliga a justificarse a quienes no contesten y, sobre todo, no abarca a las administraciones autonómicas ni a los ayuntamientos. La ley de secretos oficiales, vigente desde hace 53 años, impide además, en la práctica, desclasificar cualquier documento, algo insólito en Europa. Los historiadores en España juegan con desventaja.

Quizás la principal deficiencia de la democracia española no esté en sus orígenes. Se ha ido generando a lo largo de estos últimos 40 años. Es el creciente número de puestos de libre designación acaparados, en detrimento de los funcionarios, por leales a los partidos políticos convertidos en agencias de colocación para personas afines, o incluso familiares, que no siempre son las más competentes.

España posee la alta administración central más politizada de toda la UE, es decir con el mayor número de cargos nombrados a dedo en función de su afiliación, según el estudio de la OCDE 'Governement at a Glance de 2017'. Entre el 95% y el 100% de sus asesores ministeriales y altos cargos son sustituidos cuando cambia el color político del Ejecutivo, un porcentaje muy superior al de cualquier otro país europeo. El informe se centra en el Gobierno central, pero sus conclusiones son probablemente ampliables a las empresas públicas, las comunidades autónomas y a los grandes ayuntamientos.

Foto: Imagen del vídeo que circuló por las redes sociales.

“Las prácticas de clientelismo, nepotismo, amiguismo en la designación de puestos de directivos (…) son una manifestación de corrupción” aunque no tenga consecuencias penales, sostenía el jurista Rafael Jiménez Asensio. El que ha sido nombrado a dedo trabaja ante todo para el que le colocó mientras que el funcionario lo hace más bien para la institución. Por algo la mayoría de los imputados por corrupción de estos últimos años son cargos de confianza.

Nombrando a sus afines los partidos se adueñan de los medios de comunicación públicos. La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), que incluye a TV3 y Catalunya Ràdio, es un buen ejemplo porque la propia prensa nacionalista narró al detalle la batalla por controlarla tras las elecciones autonómicas de diciembre de 2017.

"El clientelismo, nepotismo, amiguismo en la designación de puestos de directivos (…) son una manifestación de corrupción"

“Ya ha trascendido que ERC ha conseguido finalmente (…) pactar con los de JxCAT ostentar la presidencia de la CCMA”, escribía, por ejemplo, El Triangle el 27 de febrero de 2018. “Lo que aún se estaría negociando (…) serían las direcciones de TV 3 y Catalunya Ràdio y las direcciones de los informativos de los dos medios, direcciones en las que JxCaT quiere poner sus afines, algo que no acaba de gustar a los republicanos”, añadía.

De este reparto no puede resultar un medio de comunicación independiente. Actuando así los partidos atentan contra la libertad de prensa. Aquellos que lo practican no pueden dar lecciones de democracia. Puestos a legislar para ampliar la libertad de expresión, no estaría mal que el Gobierno despolitizara también los medios de comunicación públicos.

España es una democracia plena y la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, se lo ha recordado a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, mientras la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, hacía otro tanto con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Para el líder de Podemos en España “no hay una situación de plena normalidad política y democrática”, según declaró al diario 'Ara'.

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