La descarada protesta de Marruecos ante España

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos trasladó, el 3 de febrero, al embajador de España en Rabat, Ricardo Díaz-Hochleitner, su “preocupación” e “inquietud” por el trato infligido, el 31 de enero, por las fuerzas de seguridad a adolescentes marroquíes alojados en un centro de acogida para menores extranjeros no acompañados en Tafira (Gran Canaria). El alto funcionario, cuya identidad no fue revelada, que recibió al embajador pidió que las autoridades españolas tomen las medidas adecuadas para proteger a los menores y sancionen a los agentes de Policía que se encarnizaron con los adolescentes.

La protesta marroquí ante Díaz-Hochleitner tiene su origen en un vídeo que circuló por las redes sociales sobre una intervención policial en el centro de Tindaya, en el municipio de Tafira, después de que un joven amenazara con unas tijeras a un educador. En las imágenes, se observa a un chico tendido en el suelo de un patio cuando irrumpen en él cuatro policías, uno de ellos abofetea a un adolescente mientras los otros tres reducen a otro menor. Tanto la Policía como la Dirección General de Protección a la Infancia de Canarias han abierto investigaciones sobre el altercado.

La queja de la diplomacia marroquí por lo sucedido en Tafira es descarada, aunque ha tenido gran eco en la prensa del mundo árabe, quizá porque el vídeo se hizo viral. En Europa, sobre todo en Francia y España, hay decenas de miles de menores marroquíes no acompañados acogidos en centros o en la calle por cuyo bienestar las autoridades de Rabat y sus consulados nunca han mostrado el menor interés. Tampoco han colaborado en la localización de sus familias para poder repatriarlos.

Cuando, por ejemplo, en diciembre de 2019, aparecieron pintadas xenófobas en las inmediaciones del centro de acogida de menores de Hortaleza (Madrid) y después se encontró una granada no detonada en la cancha de baloncesto, las autoridades marroquíes ni se inmutaron. La sociedad civil española sí se movilizó ante el centro para expresar su repulsa.

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A lo largo del año pasado, llegaron en pateras a Canarias 2.016 jóvenes inmigrantes irregulares, en su mayoría marroquíes, que se declararon menores. Se añaden a unos 500 que ya tutelaba la comunidad autónoma. Están repartidos por 27 centros de acogida. El primer mes de este año, el ritmo de la inmigración clandestina siguió creciendo en el archipiélago (+188,5% con relación a enero de 2020). El colapso es tal que a muchos chavales no se les han hecho aún las pruebas óseas que determinan la edad. Es probable que en los centros de acogida de la comunidad se hayan colado adultos, mientras que en los hoteles para inmigrantes se hospeden, en cambio, menores no acompañados. La mayoría no están escolarizados.

El registro de la Policía y los datos que brindan las comunidades autónomas sobre menores extranjeros tutelados no coinciden, por lo que es difícil precisar cuántos son a día de hoy en España. La horquilla oscila entre los 9.000 y los 12.000, en un 75% marroquíes. En Francia, la estimación varía de los 16.000, según las autoridades, hasta los 40.000, que calculan algunas ONG dedicadas a la infancia.

Ambos países, y otros como Suecia, con menos menores marroquíes, han hecho ímprobos esfuerzos para poder repatriar a parte de ellos sin ningún éxito. España suscribió en 2007 un acuerdo con Marruecos sobre el retorno concertado de los menores que emigraron irregularmente, pero no se ha puesto en práctica.

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En un par de ocasiones, el Gobierno español albergó la esperanza de que Rabat iba a cumplir. En octubre de 2018, el ministro del Interior marroquí, Abdelloufi Laftit, propuso en Madrid a su homólogo, Fernando Grande-Marlaska, aceptar la devolución de menores identificados como marroquíes si España se comprometía, a cambio, a costear su educación y manutención en Marruecos hasta su mayoría de edad. La propuesta hubiese resultado atractiva, porque es más barato educar en Marruecos que en España, pero era engañosa, porque podían seguir desembarcando más menores en las costas españolas a los que el Estado español también tendría que sufragar sus estudios tras su repatriación.

Al año siguiente, en abril, Interior anunció la llegada de una delegación marroquí compuesta por policías y trabajadores sociales que entrevistarían a un primer grupo piloto de 23 menores, tutelados por la Comunidad de Madrid, para identificarles y organizar su repatriación. Ni uno fue devuelto. A principios del verano de 2018, sucedió exactamente lo mismo en París. Un pelotón de funcionarios llegados de Rabat identificó a 71 menores marroquíes con vistas a devolverles a sus familias. La prensa francesa lo interpretó como el inicio de una gran operación, pero, al final, todos se quedaron en París.

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Francia ha seguido recientemente los pasos de España, con 13 años de retraso. Su ministro de Justicia, Eric Dupond-Moretti, logró firmar el 7 de diciembre, en Rabat, con su homólogo, Mohamed Ben Abdelkader, una declaración de intenciones sobre menores marroquíes que abre la vía de la cooperación judicial para repatriarles. El documento es, en parte, secreto, y el Sindicato de la Magistratura francés ha pedido, sin éxito, que se haga público. Dupond-Moretti fue, antes de ser ministro, abogado de la Casa Real marroquí. Quizá por eso en París algunos pensaron que su gestión tendría éxito. Dos meses después de la firma, ningún menor ha sido aún devuelto.