Moncloa urge al PP a un acuerdo "inminente" para renovar el CGPJ o acelerará su reforma

Pasadas las elecciones catalanas y el límite temporal que se pusieron PSOE y PP para negociar la renovación del órgano de gobierno del poder judicial, en funciones desde hace dos años, el Gobierno lanza un ultimátum: "Si no se llega a un acuerdo de forma inmediata, procederemos a tramitar la limitación", en referencia a la reforma para limitar sus competencias cuando haya caducado su mandato. Impulsaremos esa reforma, aunque la voluntad del Ejecutivo es llegar a un acuerdo, que es posible, está cerca y solo se trata de la voluntad del PP", ha argumentado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros. La presión aumenta sobre los populares, mientras que los morados siguen planteando alternativas para modificar el sistema de elección y evitar así el bloqueo del partido liderado por Pablo Casado.

Para el Ejecutivo ya no cabe lo que consideran "excusas" por parte del principal partido de la oposición para proceder a la renovación del CGPJ. El "veto" a la renovación, del que acusan desde el Gobierno a los populares, "afecta a la normalidad democrática" y por tanto justificaría su iniciativa de reforma. El Congreso ya dio los primeros pasos para la tramitación de esta reforma impulsada por PSOE y Unidas Podemos. El objetivo es que no se puedan realizar nombramientos mientras el órgano de gobierno de los jueces esté en funciones, como ocurre en la actualidad. Otra de las iniciativas que se plantearon, en este caso para modificar las mayorías necesarias para el sistema de elección del Poder Judicial, se ha quedado congelada.

De no llegar a un acuerdo y promoverse la reforma, el CGPJ dejaría de tener facultades como la de proponer el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, de los presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, de los presidentes de Sala y los Magistrados del Tribunal Supremo o de los magistrados del Tribunal Constitucional. Asimismo, tampoco se podrán nombrar los directores de la Escuela Judicial y del Centro de Documentación Judicial, así como del vicepresidente del Tribunal Supremo, el promotor de la Acción Disciplinaria, el director del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial y el jefe de la lnspección de Tribunales.

Los morados, por su parte, quieren ir más lejos y recuperar la reforma del sistema de mayorías. Las diferentes propuestas que estudian, basadas en la modificación del sistema de mayorías, que permitiría al Ejecutivo no tener que contar con los populares, tienen como denominador común el objetivo de reforzar la legitimidad de esta polémica reforma. Buscan combinar tanto la mayoría absoluta de 176 apoyos, en segunda votación, como la mayoría de grupos parlamentarios en el Congreso o, al menos, la mitad, para que pudiese salir adelante. Esta sería una de las principales diferencias con respecto a la iniciativa que registraron el pasado mes de octubre los dos grupos que sustentan el Gobierno, que socialistas y morados aparcaron para facilitar el acuerdo con el principal partido de la oposición. Actualmente, es necesaria una mayoría de tres quintos del Congreso para aprobarse.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha matizado a este respecto que el Gobierno "no está en este momento en eso", en referencia a la reforma sobre el sistema de mayorías para la elección del Poder Judicial. En línea con el ultimátum lanzado por la portavoz del Gobierno, Calvo ha insistido en que "al PP no le queda ninguna excusa para cerrar un acuerdo que permita a este órgano estar conformado con arreglo a lo que mandata la Constitución". En caso contrario, advierte que la tramitación de la reforma para limitar sus competencias cuando el órgano de gobierno del CGPJ esté en funciones llegará a su final.

Bienes inmatriculados por la Iglesia

El Consejo de Ministros celebrado este martes ha dado cuenta de un informe con el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia remitido al Congreso, que abre la puerta a posibles litigios para su recuperación. De hecho, de las 34.961 inmatriculaciones entre 1998 y 2015, 20.014 corresponden a templos o lugares para el culto católico y 14.947 están relacionados con otros usos, desde terrenos, viviendas o locales. Asimismo, 30.335 de estas propiedades fueron inmatriculadas en virtud de una certificación eclesiástica y 4.626 constan con certificaciones para otros usos. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha reconocido la existencia de bienes inscritos que "nada tienen que ver con el culto".

El informe del Gobierno remitido al Congreso abre la posibilidad de abrir litigios al detallarse las certificaciones y todas estas propiedades. La vicepresidenta del Ejecutivo, en cualquier caso, ha incidido en que las matriculaciones se produjeron al amparo de una situación legal, que el objetivo de la publicación de este listado se debe a una obligación de transparencia (en cumplimiento del mandato parlamentario aprobado por esta cámara en 2017) y que, el cualquier caso, las posibilidades de investigación o litigio se desarrollarían "por la vía normal de cualquier sistema jurídico". A partir de ahora, con la remisión al Congreso del listado, será posible la consulta pública del origen de la inmatriculación de estos bienes inmuebles, lo que facilitaría la reclamación de los mismos en caso de conflictos sobre la titularidad de los bienes.

La modificación de la ley hipotecaria hizo posible que desde 1998 se pudieran inscribir los bienes eclesiásticos destinados al culto con la simple certificación expedida por el diocesano correspondiente y esta circunstancia, unida a que mantuviese el privilegio de la inscripción mediante certificación diocesana, supuso una masiva inscripción en el registro de la propiedad de estos bienes a favor de la Iglesia.

En clave de las elecciones catalanas, desde el Gobierno han insistido en la ilegalidad de reclamar un referéndum de autodeterminación, anticipándose así la posible configuración de un Govern independentista bajo esta hoja de ruta y asentándose en el argumento de haber superado el 50% de los votos. En esta línea, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, anunciaba esta mañana que su formación votará en contra de la moción que ERC ha llevado al pleno del Congreso de hoy pidiendo al Gobierno que negocie la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña y se ha remitido a la mesa de diálogo que, según ha dicho, deberá retomarse cuando se forme el nuevo Ejecutivo catalán. Su opción pasa por la reactivación de la mesa de diálogo, pero cerrando la puerta a posiblidad. Desde Unidas Podemos, por su parte, se abstendrán a este respecto, aludiendo que si bien defienden la celebración de un referéndum pactado, el primer paso para ello debe ser llegar a un consenso en la mesa de diálogo entre Gobierno y Govern.