Informáticos de Podemos reconocen ante un juez que el voto en primarias es manipulable
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"Quién emitía el voto y a favor de quién"

Informáticos de Podemos reconocen ante un juez que el voto en primarias es manipulable

Una sentencia anuló este lunes las primarias de 2018 en Collado Villalba al considerar que se manipuló el resultado de las urnas "controlando el censo y la acreditación de los votantes"

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El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias. (EFE)

La sentencia que anula las primarias de Podemos en Collado Villalba arroja dudas que van más allá del municipio madrileño. A lo largo de 24 páginas, el juez explica el pucherazo que se produjo en este proceso electoral de 2018, un análisis en el que destaca las declaraciones de tres testigos: Leonardo Díez Dolinski, encargado de controlar el secreto de las votaciones; Francisco Javier Pérez Quevedo, coordinador informático de Podemos, y Eduardo Robles Elvira, desarrollador del programa que se empleó en una veintena de votaciones internas. Los dos primeros, trabajadores de Podemos, reconocieron que durante el proceso podían saber "quién había emitido el voto, y a favor de quién". El último, representante de Agora Voting, la empresa contratada para la votación, confirmó que el partido podía "tomar conocimiento de los detalles".

Las declaraciones de los tres resultaron cruciales para que el juez José Ramón Manzanares Codesal sentenciara este lunes que las primarias de Podemos en Collado Villalba vulneraron el artículo 23.2 de la Constitución, en el que se recoge el derecho fundamental de los ciudadanos "a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos". Según sostiene la sentencia, esta vulneración se produjo "manipulando el resultado de las urnas, no solo controlando el censo y la acreditación de los votantes, sino los tiempos en los que las urnas estaban abiertas, provocando de esa manera la alteración de los resultados".

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El control de Podemos sobre los votos se produjo a través del programa nVotes, desarrollado por la empresa Agora Voting. El partido ha recurrido en repetidas ocasiones a este sistema para sus votaciones internas, como el propio representante de la empresa, Eduardo Robles Elvira, explicó ante el titular del Juzgado de Primera Instancia número 89 de Madrid: "Informó que habían participado en entre veinte y treinta procesos electorales del partido político demandado. Su empresa podía conocer quién había votado, pero no a quién. Especificó que el control de la votación lo ostentaba el partido político, que podía acceder al canal de participación y tomar conocimiento de los detalles". Entre las votaciones en las que se ha utilizado este programa, destaca la que se llevó a cabo en 2018 sobre el chalé de Pablo Iglesias e Irene Montero.

En aquella consulta, el secreto de la votación se puso en duda y Robles concedió una entrevista al diario 'El Mundo' para justificar el programa: "Las autoridades [de Podemos], normalmente dos, mantienen las claves para el secreto del voto y velan por la anonimización, porque la clave para mantener el anonimato está mancomunada entre distintas autoridades". "Las autoridades deben de ser independientes entre sí para mantener el secreto del voto", pero "si las autoridades se ponen de acuerdo, es posible descifrar el voto". El representante de Agora Voting aseguró también que no se pueden conocer los resultados de los comicios en tiempo real, pero su versión choca con la del coordinador informático de Podemos, que reconoció que podía controlar los votos "desde su ordenador portátil (...) en cualquier momento de las votaciones".

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Su testifical completa fue la siguiente: "El señor Pérez Quevedo, ingeniero de telecomunicaciones, contratado por el partido político del que es coordinador informático estatal, declaró que el censo no era inmutable, pudiendo modificarse hasta el mismo momento de votación. Expuso que desde su ordenador portátil él podía acceder en cualquier momento de las votaciones al sistema, y conocer los votos emitidos y sus destinatarios".

La del otro trabajador del partido siguió la misma línea: "El señor Díez Dolinski, ingeniero informático con labores de programación desde el año 2000, responsable de desarrollo informático del partido político que le tenía contratado, gestor del programa informático nVotes y encargado de controlar el secreto de las votaciones, declaró que el censo estuvo abierto hasta el día 25, que el partido político podía acceder a la votación y conocer quién había emitido el voto, y a favor de quién".

El juez extrae a su vez una idea en común de las tres declaraciones: "De relevancia fue la afirmación no contradicha de que cabía la posibilidad de cambiar el sentido del voto, de modo que podía votarse cuantas veces se deseara, cambiando de esa manera el voto anterior". En otras palabras: Podemos podía saber "quién había emitido el voto y a favor de quién" durante las primarias, el censo podía "modificarse hasta el mismo momento de votación" y, a lo largo de los propios comicios, se podía "cambiar el sentido del voto". El Confidencial se ha puesto en contacto con el partido para recoger su postura al respecto, pero no ha obtenido respuesta.

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Con este sistema como telón de fondo, el juez apunta a dos irregularidades en Collado Villalba. La primera se centra en "la existencia de un número de personas (...) que votaron la candidatura del actor [el candidato que denunció las primarias], pero no aparecieron en el censo electoral que después ha sido presentado". La segunda pasa por "la no disposición por ninguna de las candidaturas del censo, con anterioridad al inicio de las votaciones", por lo que "los cambios con posterioridad a la fecha máxima permitida (...) no parece que debieran desplegar efectos en aquella votación, pero lo hicieron". "Pese a solicitarse como medio de prueba, y admitirse en la audiencia previa, el partido político no ha facilitado la relación de todos los inscritos en el partido antes del 10 de noviembre", critica la resolución.

El juez subraya además que "mientras la candidatura de don Alejando [el demandante] obtuvo formalmente 117 votos (lo mismo el cuerpo de la lista que él mismo), don Sergio [el ganador de las primarias] habría obtenido 156, pero solo 90 su candidatura". "Los restantes 66 sin embargo no fueron a lista alguna", lo que "indica que un 40% de los votantes que se identificaban con don Sergio, no lo hacían con los componentes de su lista... ni con los componentes de ninguna otra". En un intento de defenderse, Podemos alegó que "los votos de aquel proceso de primarias se encontraban encriptados" y que solo "nVotes podía conocerlos", pero el juez recuerda lo ocurrido en la sesión antifraude que celebró el partido: "Pudo verse en la pantalla de un ordenador el listado de los votos, algunos resaltados en color naranja".

La sentencia llega tras una carta anónima atribuida el pasado agosto a miembros sin identificar del equipo de Informática de Podemos. Los firmantes de la misiva sostenían que han podido "comprobar con certeza" que las dos últimas secretarías de Organización estatal "han creado, mantenido y usado un sistema de fraude en estas asambleas y procesos electorales internos de Podemos", afirmación que provocó un terremoto en distintas comunidades autónomas. Entre ellas, destacó el caso de Canarias, donde una de las candidatas a las primarias, Meri Pita, decidió retirarse del proceso ante la falta de "garantías de limpieza y transparencia". Su candidatura apuntaba a "fallas" en el sistema de comicios internos.

La sentencia que anula las primarias de Podemos en Collado Villalba arroja dudas que van más allá del municipio madrileño. A lo largo de 24 páginas, el juez explica el pucherazo que se produjo en este proceso electoral de 2018, un análisis en el que destaca las declaraciones de tres testigos: Leonardo Díez Dolinski, encargado de controlar el secreto de las votaciones; Francisco Javier Pérez Quevedo, coordinador informático de Podemos, y Eduardo Robles Elvira, desarrollador del programa que se empleó en una veintena de votaciones internas. Los dos primeros, trabajadores de Podemos, reconocieron que durante el proceso podían saber "quién había emitido el voto, y a favor de quién". El último, representante de Agora Voting, la empresa contratada para la votación, confirmó que el partido podía "tomar conocimiento de los detalles".

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