El Supremo desactiva la semilibertad de los presos del 'procés'

El Tribunal Supremo no avalará la concesión del tercer grado anticipado a los presos del 'procés'. Tras una primera sesión de deliberación celebrada este jueves, el tribunal que les condenó por sedición reanudará el análisis de sus recursos la próxima semana sin que, tras estudiar cuatro de los casos de forma individualizada, optara por ordenar de forma urgente la reactivación de la semilibertad. Es previsible que el resto sigan el mismo camino.

Son nueve los políticos catalanes a los que se les ha concedido una flexibilización penitenciaria contra la que la Fiscalía ha ido presentando duros recursos. El exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, los 'exconsellers' Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Joaquim Forn; el expresidente de la ANC y dirigente de JxCAT, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart solo pudieron disfrutar el nuevo régimen de forma fugaz, ya que la postura del Ministerio Público dejó suspendidas sus salidas semanales. En situación distinta se encuentran la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la 'exconsellera' Dolors Bassa a las que el juez de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Catalunya mantuvo su tercer grado pese al parecer de los fiscales.

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EFE

Fuentes jurídicas consultadas apuntan que el Supremo comparte en este caso la postura fiscal. La Fiscalía defiende que esa progresión al tercer grado es excesiva y prematura y su aplicación desactiva el fin impuesto por las penas de prisión. La sensación ofrecida con su aplicación es de "impunidad". Tampoco comparten los fiscales la otra vía de semilibertad, aplicada a través del 100.2 del Reglamento Penitenciario, que considera un "tercer grado encubierto".

Fiscalía defiende que esa progresión al tercer grado es excesiva y prematura y su aplicación desactiva el fin impuesto por las penas de prisión

La decisión no puede sorprender después de que, el pasado julio, el Supremo detuviera la semilibertad concedida a Forcadell a través del citado 100.2. Estimó así el recurso de la Fiscalía y revocó su aplicación al no existir ninguna conexión entre el programa de tratamiento aprobado —tareas de voluntariado y acompañamiento a familiar fuera de la cárcel— y el proceso de reinserción de la penada.

Su razonamiento de entonces ya apuntaba a que también revocaría el tercer grado. Argumentaba que su sentencia "no tiene que ser permanentemente reinterpretada". "En los hechos declarados probados y en su fundamentación jurídica se encuentran las claves para explicar la gravedad de los hechos sentenciados y su efecto demoledor para la convivencia democrática", explicaba entonces. "Esta resolución es el controvertido punto de partida para el cumplimiento de la pena y, en consecuencia, para el modo de ese cumplimiento, que ha de discurrir por los cauces previstos en la legislación penitenciaria que, por otro lado —y esto es otra obviedad—, no pueden ser utilizados en fraude de ley y para mostrar un desacuerdo más o menos encubierto con la condena impuesta", añadía.

Una desactivación de la flexibilización del cumplimiento incrementará la presión sobre el Gobierno y sus dos vías: reforma del CP o indulto

Los magistrados señalaban además que su negativa a incluir en la sentencia del 'procés' el artículo 36.2 del Código Penal, que supondría que los condenados tuvieran que cumplir la mitad de la pena para poder acceder al tercer grado, pueda ser interpretada como un aval para la aprobación de programas de flexibilización: "Esa decisión no impide que la duración de la pena sea un elemento a ponderar en el devenir de la ejecución, como tampoco supone un plácet para anticipar, cuando no procede, la aplicación del tercer grado o de las previsiones del artículo 100.2", advertían.

La Fiscalía

En sus escritos, la Fiscalía arremetía contra la "política penitenciaria" del Departamento de Justicia, puesto que no persigue tanto la rehabilitación de los presos como "alterar" la sentencia y transmite el mensaje de "que puede quedar impune el haber convertido la propia voluntad en ley fuera de los cauces legalmente establecidos". Remarca que el tercer grado supone el "más alto nivel de libertad" en la clasificación penitenciaria y requiere que el interno esté en condiciones de hacer vida en semilibertad y que se hayan cumplido o "casi cumplido" todos los fines de la pena, lo que considera que no ocurre en el caso de los presos de Lledoners.

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Para el Ministerio Público, el proceso de rehabilitación de los presos del 'procés' en Lledoners "ha fracasado" porque mantienen "todos los déficits" que les llevaron a delinquir, como la "falta de respeto a las leyes y a los tribunales de justicia, creencia de un mandato superior del Parlament de Cataluña por encima del mandato constitucional y de las advertencias del Tribunal Constitucional, así como la creencia de poder arrogarse la capacidad para interpretar la voluntad popular".

Una desactivación de la flexibilización del cumplimiento deja a los presos en un escenario de vuelta total a prisión e incrementará la presión sobre el Gobierno, que estudia ya dos vías paralelas para los políticos catalanes. Por un lado, trabaja para reformar el delito de sedición y aligerar la pena aparejada al mismo y, por otro, tramita desde hace dos meses el indulto de los condenados.