El Supremo contradice al fiscal y archiva los ataques de Ortega-Smith contra las 13 Rosas

El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite la querella contra el diputado de Vox Javier Ortega Smith-Molina por delitos de incitación al odio y de calumnias e injurias con publicidad, acusación que se apoyaba en sus declaraciones sobre las Trece Rosas en el programa 'Los Desayunos de TVE' el 4 de octubre de 2019. El político aseguró ese día ante las cámaras que las 13 jóvenes republicanas que fueron fusiladas en 1939 se dedicaron a "torturar, violar y asesinar vilmente", palabras por las que la asociación Trece Rosas Asturias y familiares se querellaron contra él. La Sala Segunda del alto tribunal, sin embargo, echa por tierra sus escritos y contradice así a la Fiscalía, que en julio presentó un informe en el que apoyaba la idea de que fuera investigado por un delito de odio al haber difundido palabras susceptibles de fomentar la intolerancia.

Para justificar su decisión, el Supremo sostiene que hace falta "valorar, atendiendo a las circunstancias concurrentes, y la expresión de las ideas vertidas, si la conducta que se enjuicia constituye el ejercicio legítimo lícito del derecho fundamental a la libertad de expresión y, en consecuencia, se justifica por el valor predominante de la libertad o, por el contrario, la expresión es atentatoria a los derechos y a la dignidad de las personas a que se refiere, situación que habrá de examinarse en cada caso concreto". También incide en que, para considerar legítima la sanción penal, es necesario que se produzca una incitación al odio contra determinados grupos por motivos racistas, antisemitas o ideológicos, situación que considera que no se cumple al tratarse de 13 jóvenes republicanas que fueron fusiladas hace más de 80 años.

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El auto recuerda además la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la proporcionalidad de la limitación penal del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, por su posición preferente, y añade que, "desde esta perspectiva, entender que las afirmaciones del querellado sobre la actuación de las Trece Rosas pueden constituir un sentimiento lesivo para la dignidad de estas personas podría aceptarse —aunque ya se ha anticipado la falta de legitimación activa de los querellantes—, pero debe rechazarse la extensión que realizan tanto el Ministerio Fiscal como los querellantes a la de las personas que en el día de hoy participan de la misma ideología que aquellas, y menos aún como una incitación al odio con una capacidad de peligro relevante".

La existencia de este peligro —añade el auto— "depende tanto del contenido de lo difundido como de la forma en que se hace la difusión, sin que pueda dejar de valorarse la sociedad o ámbito social al que se dirigen las expresiones cuestionadas". "No se trata de exigir la concurrencia de un contexto de crisis en el que los bienes jurídicos ya estuvieran en peligro y que resultaría incrementado por la conducta cuestionada, sino de examinar la potencialidad de la conducta para la creación del peligro y, en la sociedad española actual —más de 80 años después de los hechos—, presenta ya un claro rechazo", argumenta. En cuanto a las supuestas injurias y calumnias, la Sala comparte el criterio del fiscal y destaca la falta de legitimación activa de los querellantes, pues la acción penal por estos delitos se extingue al fallecer el ofendido.

No acudió al acto de conciliación

La inadmisión de la querella llega después de una serie de trámites que arrancaron a comienzos de año. El 28 pasado de febrero, Ortega-Smith fue citado a un acto de conciliación después de que representantes de la asociación sin ánimo de lucro Trece Rosas de Asturias y los sobrinos de Dolores Conesa, una de las fusiladas, le acusaran de delitos de odio y atentado al honor, argumentando para ello que sus palabras provocaban daños morales y perjuicios. El diputado de Vox, sin embargo, no se presentó a la cita y, tras interponerse la denuncia, se negó a pedir perdón: insistió en que nunca se disculparía "por algo que es verdad" y defendió su "libertad para opinar", reclamando que "nadie" le imponga "su forma de ver la historia".

"Está el asesino Lluís Companys, que mató a 8.000 personas, y yo, en Barcelona, tuve la desgracia de tener que ver un cartel con su nombre en una avenida; se me revolvían las entrañas", argumentó el responsable político. También mencionó "el Golpe de Estado en Asturias de 1934", refiriéndose a la huelga revolucionaria del octubre de 1934 en Asturias, para señalar al PSOE de la época como el "responsable de la muerte de 1.400 personas". "Hay que contarlo todo, no solo una parte", declaró el número dos de Vox, que defendió que los que estudien la historia sean los historiadores y que los españoles tengamos "la libertad de opinar sobre cada hecho histórico lo que nos venga en gana". La Fiscalía pidió entonces que se investiguen sus palabras, pero la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dado carpetazo a las querellas.