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"Evitar que lleguen a Europa": Canarias, fin de trayecto y disuasión para los migrantes
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"Tapón" para impedir el acceso a Europa

"Evitar que lleguen a Europa": Canarias, fin de trayecto y disuasión para los migrantes

El Gobierno aplica el "modelo Lesbos" en las Islas Canarias, congelando los traslados a la península y multiplicando los campamentos "temporales" para facilitar su expulsión

Foto: Campamento para migrantes en el antiguo Polvorín de Barranco Seco, Gran Canaria. (Alicia Alamillos)
Campamento para migrantes en el antiguo Polvorín de Barranco Seco, Gran Canaria. (Alicia Alamillos)

"Están tranquilitos porque esto es una isla. Si estuviéramos en la península, no podríamos tener esta seguridad, dos vallitas 'ná' más. Aquí [en Gran Canaria] no tienen dónde ir después", asegura el policía de guardia frente a la puerta del recién inaugurado CATE, un campamento temporal para internar migrantes en el antiguo Polvorín de Barranco Seco, unas instalaciones abandonadas a pocos kilómetros de Las Palmas que el Ministerio de Defensa ha cedido al Ministerio de Interior para acomodar a parte de los cientos de migrantes que han llegado en las últimas semanas a las Islas Canarias. El miércoles fueron trasladadas las primeras 200 personas al campamento, una veintena de tiendas de color caqui numeradas y separadas con vallas de plástico de colores. La noche del viernes al sábado llegaron al menos otros 200. Según fuentes de Interior, el campamento, pensado inicialmente para unas 800 personas, podrá albergar en los próximos días hasta un millar. Las autoridades locales, la ciudadanía y las asociaciones de empresarios no lo ven suficiente: quieren que los más de 15.000 migrantes que han llegado en los últimos meses a las islas, especialmente Gran Canaria, sean trasladados al resto de la península. El Gobierno, por el momento, se niega.

Canarias no será el salto al resto de Europa, el camino se acaba aquí. Una estrategia que ya se ha visto en Lesbos —antes de que la crisis del coronavirus y el incendio de Moria forzara a evacuar a cientos de refugiados al territorio peninsular— se intentó en Kos y Samos, se vio en Malta y se ha visto en Lampedusa (Italia). Europa, pero sin llegar a Europa, en sus islas.

placeholder La entrada al CATE en Barranco Seco. (Alicia Alamillos)
La entrada al CATE en Barranco Seco. (Alicia Alamillos)

Barranco Seco hace honor a su nombre. El sol cae a plomo sobre las chumberas. Un par de operarios se afanan para desbrozar el terreno, que lleva años abandonado. Las tiendas de campaña no se han levantado en las instalaciones del antiguo polvorín, encalado de blanco y totalmente inhabitables, sino en un pequeño camino adyacente. Un único policía guarda la entrada principal; en el campamento están desplegados una veintena para los al menos 400 migrantes que ya están instalados y se asoman fuera de la sombra de las tiendas, flanqueadas por sanitarios portátiles. Un camión llega para llevarse la basura. Es el primer día del policía en la puerta, trasladado junto a sus compañeros desde Valencia para la seguridad en el recinto. No hay fecha de fin de misión.

Un ejemplo más de lo que parece ya obvio: los migrantes se van a quedar en Canarias. No en el muelle de Arguineguín, (donde a principios de esta semana se hacinaban más de 2.500 rescatados), sino ahora en nuevos centros por toda la isla. El ministro de Integración, Seguridad Social y Migraciones, ha presentado esta semana en Las Palmas un plan para crear 7.000 nuevas plazas de acogida.

placeholder Imágenes desde el exterior del nuevo recinto CATE en Barranco Seco. (A.A.)
Imágenes desde el exterior del nuevo recinto CATE en Barranco Seco. (A.A.)

En una visita a Rabat este viernes, el propio ministro Fernando Grande-Marlaska ha insistido en que el Gobierno quiere evitar que Canarias se convierta en la "vía de entrada irregular en Europa", y descartó el traslado de migrantes desde Canarias a la península citando "políticas de la UE". Horas después, un portavoz de la Comisión Europea se apresuró a matizarlo, señalando que no hay regulación europea que impida que un país organice traslados de migrantes dentro de su territorio. La política por tanto, no es oficial, sino oficiosa: una forma de acabar con el así llamado —y otras tantas veces desmontado"efecto llamada" que presuntamente significaría entrar en un territorio de la UE (el más cercano a la costa africana en este caso Canarias) y tener entonces la posibilidad de desplazarse a otros países de la UE. Los denominados "desplazamientos secundarios de migrantes", desde por ejemplo España a Francia o Alemania. Mantenerlos en islas sería así una forma de disuasión para los inmigrantes, que no pueden confiar en llegar tan fácilmente a su destino.

"La estrategia clara, y pública, del Gobierno es mostrar a las islas como un muro, un territorio de aislamiento del que es difícil salir", sostiene Txema Santana, portavoz de la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias. "Como ejemplo gráfico [la comparación con Lesbos o Lampedusa] es fino. Las islas como un territorio de aislamiento para que las personas migrantes no entiendan este territorio como un puente hacia el continente europeo". En el ministerio no gusta la comparación. En una entrevista el 16 de noviembre en Antena 3, Marlaska insistió en que no se iba a "convertir Canarias en una nueva Lesbos".

Intentos de continuar a Europa

El pasado miércoles, 200 jóvenes magrebíes viajaron de Gran Canaria a Tenerife con la intención de tomar un ferry a Huelva y de allí continuar el viaje, la mayoría a Francia. Con los billetes ya en la mano, se les impidió abordar el barco por falta de documentación necesaria, generando un pequeño tumulto que asustó a los vecinos. Según cifras policiales, apenas 1.500 personas han sido trasladadas a centros de acogida en la península. No es por falta de medios. "Nosotros hemos ofrecido nuestros barcos al Ministerio de Interior para llevar estas personas. No es una práctica infrecuente, ya hemos ofrecido nuestros barcos a la UME (Unidad Militar de Emergencias) en casos de incendios en las islas, y esto sería como llave en mano: parece la opción más factible y más rápida", explican fuentes de la Naviera Armas, una de las principales de la isla. "Estos migrantes no quieren quedarse en las islas, donde apenas hay trabajo. Quieren ir a Francia con sus familias", añade.

Achmed quiere ir a Roma, donde tiene familia. Ha salido desde Dajla, en la costa del Sáhara Occidental controlado por Marruecos, como Mahmud, que también dice que quiere ir a Italia. Karim quiere ir a Francia, aunque no habla francés. Él viene, como Hassan, de Awsard, una ciudad más desierto adentro. Son marroquíes. Apenas hablan francés y nada de español. En casa no tienen "nada que hacer": no hay trabajo, no hay opciones. La conversación con esta reportera transcurre en un confuso árabe a las puertas de La Casa del Marino, un centro para migrantes en Las Palmas donde viven cerca de 40 inmigrantes. En el grupo, solo dos demuestran interés en quedarse en España: uno quiere ir a Málaga, donde tiene a una hermana, y otro quiere ir a Barcelona, donde ha oído que hay más oportunidades de trabajo. Todos son jóvenes y llevan ya varios meses en Canarias.

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(A.A.)

Facilitar las expulsiones

La justificación del Gobierno es clara y reiterada en varias ocasiones: no todos los migrantes que están llegando a Canarias deberían ser considerados en situación de vulnerabilidad. "El 90%" de los llegados en cayucos y pateras a las islas entrarían en la categoría de migrantes económicos y "expulsables a sus países de origen", por lo que los traslados a la península serán exclusivamente para las personas en situación de vulnerabilidad. Con los migrantes sin trasladar a la península, se confía en facilitar las posibles expulsiones colectivas.

En Canarias no compran el mensaje, al menos mientras esas deportaciones sigan congeladas y la alternativa sea la "vulnerabilidad sobrevenida" de dejarlos en las calles de las ciudades canarias sin poco más que lo puesto, una bolsa de plástico con algunos bártulos y un móvil. Hasta el momento, se han deportado unas 300 personas de los 18.000 migrantes que han llegado a las islas en lo que va de año.

La carga migratoria no puede ser solo para Canarias. En el resto de España, las capacidades de acogida están apenas utilizadas al 50%

"La carga migratoria no puede ser solo para Canarias. En el resto de España, las capacidades de acogida están apenas utilizadas al 50%, mientras que aquí se ha tenido que recurrir a la solución transitoria y humanitaria de ofrecer plazas de asilo en hoteles. Estas personas tienen que trasladarse al resto de provincias, que pueden aliviar la presión en Canarias", afirma José María Mañaricúa, hotelero y presidente de la Federación de Empresarios Hoteleros y del Turismo en Las Palmas, que se queja de que lo que se pensó como una "solución transitoria", alojar a los migrantes en hoteles, "se esté perpetuando". "En tres meses han sido incapaces de dar con una solución, y tampoco coordinan los traslados, como se hizo en 2006 [la crisis de los cayucos]".

Islas cárceles

En la misma línea se han pronunciado las autoridades locales, que critican la conversión de Canarias en "islas cárceles". El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, insistió este viernes que las derivaciones a la península siguen siendo una exigencia de Canarias como una "obligación solidaria". "Canarias se rebela, se revira y se opone a ser el único lugar de España donde tenga que quedarse toda la inmigración irregular. Se lo digo con rotundidad al Gobierno de España y a la UE: Canarias no aceptará que toda la inmigración quede en Canarias", ha señalado Torres. En una entrevista con El País, el presidente del Cabildo grancanario, Antonio Morales, aseguró que planteó la cuestión de las derivaciones a la Península en una reunión con la comisaria europea para Asuntos de Interior Ylva Johansson y al ministro Grande-Marlaska en su visita del pasado 6 de noviembre. "Les dije claramente que no íbamos a aceptar convertirnos en una isla cárcel", afirma. "Se lo dije claramente a la comisaria, pero solo recibí evasivas. El de las derivaciones fue un tema tabú en la reunión, porque Europa no quiere que se hable de ello".

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(A.A.)

En una visita este sábado a El Hierro y Arguineguín, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado al Gobierno de prender "que Canarias sea un tapón migratorio".

Inexorable, el tiempo pasa. Este domingo, los primeros doscientos migrantes trasladados a Barranco Seco tendrán que abandonar las instalaciones, 72 horas después de lo que marca el máximo legal. Este periódico ha intentado en vano contactar con el Ministerio de Interior para conocer a dónde serán trasladados estas personas. El Ministerio de Migraciones afirma no conocer todavía si pasarán todos al sistema de asilo, ahora distribuidos en hoteles del sur de la isla. Con la vía de las deportaciones todavía a medio gas por las fronteras cerradas en Marruecos, no parece probable que sean devueltos a sus países de origen. Interior insiste en que no se prolongarán esas 72 horas en el CATE, como ha pasado en cambio en el muelle de Arguineguín. Y, mientras tanto, la tensión social también está a punto de ebullición.

"Están tranquilitos porque esto es una isla. Si estuviéramos en la península, no podríamos tener esta seguridad, dos vallitas 'ná' más. Aquí [en Gran Canaria] no tienen dónde ir después", asegura el policía de guardia frente a la puerta del recién inaugurado CATE, un campamento temporal para internar migrantes en el antiguo Polvorín de Barranco Seco, unas instalaciones abandonadas a pocos kilómetros de Las Palmas que el Ministerio de Defensa ha cedido al Ministerio de Interior para acomodar a parte de los cientos de migrantes que han llegado en las últimas semanas a las Islas Canarias. El miércoles fueron trasladadas las primeras 200 personas al campamento, una veintena de tiendas de color caqui numeradas y separadas con vallas de plástico de colores. La noche del viernes al sábado llegaron al menos otros 200. Según fuentes de Interior, el campamento, pensado inicialmente para unas 800 personas, podrá albergar en los próximos días hasta un millar. Las autoridades locales, la ciudadanía y las asociaciones de empresarios no lo ven suficiente: quieren que los más de 15.000 migrantes que han llegado en los últimos meses a las islas, especialmente Gran Canaria, sean trasladados al resto de la península. El Gobierno, por el momento, se niega.

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