Moncloa baja el IVA de las mascarillas al 4% seis meses después del aval de la UE

El Gobierno rebajará finalmente el IVA de las mascarillas del 21 al 4%, así como el precio máximo de venta al público de las mascarillas quirúrgicas, actualmente fijado en 96 céntimos. Se trata de una medida que llevaba reclamando desde hace varias semanas la oposición y que otros países ya han aplicado. La reducción del IVA se aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros y mañana la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos (CIPM) analizará la rebaja del precio máximo de venta al público de las mascarillas quirúrgicas desechables. El material sanitario de protección personal (mascarillas, geles desinfectantes o guantes) cuenta ya con una exención del IVA del 0%. La mayor oferta de mascarillas en el mercado, según defiende el Ejecutivo, amplía el margen para fijar un precio menor al establecido para las mascarillas quirúrgicas, como venían exigiendo distintos grupos en el Congreso.

El Gobierno ha señalado que la decisión se produce después de que en la tarde de ayer la Comisión Europea confirmase por escrito al Gobierno que no abrirá procedimiento de infracción por incumplir la directiva comunicativa respecto al IVA, "dada la situación extraordinaria", según ha avanzado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Pero el Ejecutivo comunitario ya avisó el pasado mes de mayo a través de un documento que no abriría expedientes contra los Estados miembros que redujeran el IVA de las mascarillas. Fuentes comunitarias apuntan a que en ese documento, centrado fundamentalmente en la importación de material sanitario, se añadió esa aclaración debido a que muchos Estados miembros precisamente estaban solicitando permiso para rebajar el IVA sobre productos sanitarios. El documento, apuntan estas fuentes, se envió a los distintos países.

En él Bruselas señala que, efectivamente, “la normativa vigente del IVA no permite la aplicación de tipos reducidos o nulos a este tipo de productos”, pero que en 2018 puso sobre la mesa una propuesta que, de ser aprobada tal y como se presentó, eliminaría la lista común de bienes a los que se puede aplicar tipos reducidos o nulos de IVA, abriendo la puerta a que se aplique a otros productos. Y al mismo tiempo, en una comunicación de 2016 sobre el cumplimiento de la regulación europea, la Comisión ya "indicó que normalmente no iniciará procedimientos de infracción cuando esté pendiente ante el Consejo una propuesta legislativa que legalice la conducta en cuestión". Que es, precisamente, este caso.

La Comisión Europea presentó este pasado 28 de octubre una propuesta para conceder una desgravación del IVA a la venta de vacunas contra el coronavirus, y que, una vez reciba la luz verde de los Estados miembros, estará activo hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declare el fin de la pandemia, o bien hasta que la nueva directiva, la ya mencionada propuesta en 2018, entre en vigor. "Las nuevas reglas permitirían otorgar una exención temporal del IVA a las vacunas y kits de prueba que se venden a hospitales y médicos, así como a bienes y servicios estrechamente relacionados. Los Estados miembros también podrían aplicar tipos reducidos a los kits de prueba si así lo desean", señaló el Ejecutivo comunitario.

La ministra de Hacienda ha aprovechado los primeros compases de su intervención en el debate sobre las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos para lanzar este anuncio. El Ejecutivo afronta este debate con la garantía de que superará este primer trámite y más cerca de reunir la mayoría necesaria para sacar adelante las cuentas. Una mayoría que descansará sobre el bloque de la investidura, a la que se apuesta la estabilidad del resto de la legislatura pese al intento de sumar a Ciudadanos a una improbable geometría variable.

Previamente al inicio del debate, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, anunciaba que su partido votará a favor de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 "salvo sorpresa, si las cosas no se tuercen de aquí a que se vote". En declaraciones a Radio Euskadi, Otegi ha explicado que el pacto "no está cerrado" pero han "avanzado lo suficiente como para decir que" están en disposición "de votar favorablemente si las cosas no se tuercen de aquí a que se vote". "Soy optimista, no creo que se tuerzan", concluyó.

Sin hacer referencia a este anuncio, Montero defendió que los Presupuestos "aspiran a reflejar la pluralidad del Congreso", al mismo tiempo que tildó de "irresponsabilidad manifiesta" que PP y Vox presentasen enmiendas a la totalidad: "Pueden no compartir, discrepar o estar en las antípodas de este Gobierno, pero no pueden dudar de la imperiosa necesidad de este país de contar con unas nuevas cuentas públicas". Unas cuentas que ha calificado de "urgentes" para afrontar la salida de la crisis económica. En esta línea ha animado a los grupos parlamentarios a realizar enmiendas "para mejorar el texto a lo largo de la tramitación", pero rechazando los vetos porque "el debate ahora es si queremos que nuestro país continúe con unos Presupuestos inservibles en la peor crisis social y económica o que nos abramos a contar con soluciones reales a los problemas reales que tienen los ciudadanos".

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias: que ha trabajado para que se priorice el bloque de la investidura en las negociaciones, ha celebrado la decisión de la formación abertzale a través de las redes vinculándola a un acuerdo de largo recorrido para la legislatura: "La disponibilidad de la EH Bildu para votar sí a los PGE es una buena noticia. Demuestra responsabilidad y compromiso para avanzar con políticas de izquierdas. El bloque de la investidura se refuerza y será de legislatura y de dirección de Estado".

Ciudadanos, por su parte, prepara el terreno para romper con Sánchez si elige a ERC y Bildu en los Presupuestos. Al rechazo a la denominada 'ley Celaá', su líder Inés Arrimadas sumó también una nueva condición que ataca directamente la vía ERC para los Presupuestos: un compromiso por escrito del Gobierno de que no permitirá un referéndum de secesión. Consolidados los bloques, orillado a Ciudadanos y eliminadas del discurso de Pedro Sánchez las referencias a la "transversalidad", la gobernabilidad hasta el final de la legislatura se pretende hacer descansar en el bloque de la investidura.

Superado el debate de las enmiendas a la totalidad, que se votarán mañana, el proyecto continuará su tramitación, con el debate y votación de las enmiendas al articulado y las secciones en ponencia y, posteriormente, en la Comisión de Presupuestos. Este debate en la comisión se llevará a cabo en menos de un mes. El dictamen se presentará el 27 de noviembre, momento a partir del cual se volverá a producir un debate en el pleno, en el que los ministros presentan sus partidas y se debaten y votan las enmiendas al articulado y las secciones no incorporadas en las fases anteriores y que los grupos hayan pedido mantener vivas. Si todas reciben el respaldo de la mayoría simple en una votación fijada para el 3 de diciembre, el proyecto se remite al Senado, que tendrá un máximo de un mes para presentar enmiendas o propuestas de veto. Si no hay modificaciones, los Presupuestos quedarían ya aprobados, y de haberlas, como sería previsible, volverían al Congreso, donde se decidiría si mantienen o no los cambios.