El extesorero de CDC confirma la tesis de blanqueo antes de aplazarse el interrogatorio

Los efectos indirectos de la pandemia de covid-19 se reflejaron este viernes en la Audiencia Nacional. El juez José de la Mata había citado como imputado a Daniel Osàcar, extesorero de CDC, para interrogarle por videoconferencia sobre una pieza separada del caso 3% sobre el presunto blanqueo a raíz de donaciones a dicho partido, pero a los cinco minutos de arrancar la comparecencia, problemas técnicos obligaron a interrumpirla. Fuentes presentes en la declaración apuntan a que, antes de suspenderse, Osàcar llegó a confirmar la tesis que la Fiscalía Anticorrupción plasma en sus escritos, una declaración que en principio carece de valor jurídico, pero que anticipa una posible colaboración por parte del extesorero con los investigadores.

El auto con el que De la Mata acordó la imputación de Osàcar es claro: 12 exaltos cargos de CDC, entre ellos los 'exconsellers' Jordi Janè, Felip Puig, Irene Rigau y Pere Macias, donaron hasta 106.000 euros a su partido entre 2008 y 2013, pagos que, según sospechan los investigadores, buscaban blanquear dinero de origen ilícito. El juez apunta al "clásico sistema de pitufeo", maniobra con la que los mismos cargos que hacían las donaciones después recuperaban el dinero entregado a traves del propio partido.

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Los otros ocho donantes investigados son el exdirigente de CDC Marc Guerrero, el exalcalde de Lloret de Mar Xavier Crespo, la exdiputada en el Parlament Gloria Renom, el exconcejal de CiU en Barcelona Eduard Freixedes, el expresidente del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT) Carles Flamerich, la exdirigente del PDeCat Montserrat Candini, el exportavoz de CiU en la Diputación de Barcelona Jordi Moltó y el expresidente de Forum Barcelona Víctor Vila.

En la causa también se encuentra imputado el extesorero de CDC Andreu Viloca, pero una vez más, su citación para este viernes se vio suspendida por la pandemia de covid-19: su abogado se encuentra confinado y se ha aplazado el interrogatorio el 26 de octubre. En cuanto a Osàcar, el magistrado tendrá que decidir ahora cuándo le cita de nuevo y si, a diferencia de esta ocasión, lo hace de forma presencial. El extesorero se encuentra en estos momentos en tercer grado penitenciario por el 'caso Palau', régimen de semilibertad que no fue recurrido por la Fiscalía de Barcelona.

Donaciones de 3.000 euros

Como adelantó 'El Periódico' el pasado 9 de octubre, los 'exconsellers' investigados se escudan en que las donaciones realizadas entre 2008 y 2010 respondían a que el partido se encontraba en la oposición y presentaba una situación económica complicada, una línea de defensa con la que tratan de desmontar el supuesto blanqueo. En cuanto al dinero que entregó cada uno de ellos, los pagos se hacían de 3.000 euros en 3.000 euros, llegando a donar Jané y Macias hasta 12.000 entre 2008 y 2013, mientras que Puig se quedó en 9.000 euros y Rigau en 6.000. Si a estas cantidades se suman las donaciones del resto de investigados, la cifra total alcanza los 106.000 euros, pero las fuentes consultadas apuntan a que todavía se están investigando otras donaciones.

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La clave pasa ahora por la declaración del propio Osàcar, que además de la condena a tres años y seis meses de prisión por el 'caso Palau', tiene por delante un juicio por la pieza principal del 'caso 3%', cuya instrucción dio por finalizadael propio De la Mata el pasado julio. Junto al extesorero, el magistrado también ha propuesto juzgar a Andreu Viloca, al exgerente del partido, Germá Gordó, y al exresponsable jurídico, Francesc Xavier Sánchez Vera, así como a otras 28 personas físicas y 16 jurídicas, entre ellas CDC, por el supuesto cobro del denominado 3% a cambio de adjudicaciones públicas en Cataluña, una estructura puesta en marcha para financiar a dicho partido político "ilegalmente y en forma encubierta".

De la Mata sostiene que altos cargos de CDC, en connivencia con responsables públicos y funcionarios, y con distintos empresarios, pusieron en marcha este sistema corrupto. En lo más alto de la organización, sitúa a Gordó, Osácar, Viloca, a los que después se les uniría Sánchez Vera, una cúpula que supuestamente llevaba el control de las licitaciones públicas ofertadas por diferentes administraciones del ámbito territorial catalán bajo la esfera del partido. El juez considera que los hechos son constitutivos de delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.