Frente común de Ayuso y Almeida contra la "arbitrariedad" del Gobierno en Madrid

Cinco días después de que el Gobierno decretara el estado de alarma en Madrid, no hay ningún síntoma de entendimiento entre la Administración central y la regional. Nada indica que las posturas se hayan movido un solo centímetro y que las reuniones entre ambas vayan a servir para llegar a un acuerdo. Más bien, todo lo contrario. Los planteamientos siguen enfrentados en caminos completamente opuestos: la Comunidad de Madrid exige la retirada inmediata del estado de alarma mientras el Ministerio de Sanidad deja claro que se agotarán los 15 días de ‘intervención’ porque la incidencia acumulada debe ser muy inferior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes que se habían establecido en un principio.

Este martes volvía a ocurrir. De nuevo, ruedas de prensa que se sucedían prácticamente al mismo tiempo. La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, compareció junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en un frente común madrileño contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La comparecencia de ambos reflejó una dureza absoluta contra las decisiones “arbitrarias” y los “atropellos” constantes de Moncloa hacia Madrid.

Fuentes de la Puerta del Sol aseguraron que la comparecencia de Ayuso estaba prevista porque la presidenta quería escenificar una petición formal para levantar el estado de alarma a la vista de los descensos acumulados que registra la región en casos de coronavirus. La cuestión es que el anuncio del ministro de Sanidad, Salvador Illa, esa misma mañana asegurando que la finalidad del estado de alarma era bajar la incidencia acumulada por debajo de los 200 casos por cada 100.000 habitantes descoló al Gobierno regional. El ministro no titubeó: el objetivo es en realidad llegar a cerca de los 100 casos.

Desde el entorno de la presidenta, insisten en que “no tiene ningún sentido ese anuncio” porque se trata de “un nuevo cambio de criterio, arbitrario y unilateral, que no cuenta con aval técnico, al margen de las mesas de trabajo técnicas y del propio Grupo Covid”. La presidenta volvía a tildar de “desleal” al ministerio con unas declaraciones previas a la reunión de trabajo prevista entre ambas administraciones en la tarde de este martes. También Almeida se sumó a esas palabras, incidiendo en que la capital madrileña, igual que el resto de municipios afectados por las restricciones con la excepción de Parla, lleva días registrando menos de los 500 casos por 100.000 habitantes —según los datos de la comunidad— y, por tanto, “no se dan ya los requisitos” establecidos por Sanidad para mantener las restricciones de movilidad.

Los dirigentes madrileños consideran “injustos” los planteamientos de Sanidad, que solo afectan a la comunidad madrileña, y que ahora piense en cambiar los umbrales para mantener el estado de alarma. El alcalde llegó a hablar de “secuestro de los madrileños” y reconoció que veía a los ciudadanos como “rehenes” en mitad de una lucha política. La orden de Sanidad (que salió del Consejo Interterritorial con la oposición de varias comunidades autónomas, y que el TSJM tumbó poco después, motivando que el Ejecutivo aprobara las mismas medidas vía estado de alarma para aumentar la cobertura legal de la decisión) preveía restricciones para aquellos municipios de más de 100.000 habitantes que cumplieran con tres requisitos.

Uno de ellos era el de incidencia acumulada de 500 casos en los últimos 14 días. Así aparece reproducido en el texto del decreto sobre el estado de alarma. Ahora, Illa asegura que el objetivo es reducir la incidencia acumulada en las principales ciudades madrileñas muy por debajo de los 500 casos por 100.000 habitantes, en lo que los dirigentes de Madrid en bloque consideran un ataque continuado hacia la región. Y ese cambio, asumen en la comunidad, solo puede ser explicado con criterios científicos y consensuados en los grupos de trabajo creados al respecto.

Justo al finalizar las dos ruedas de prensa tenía lugar la reunión del Grupo Covid, en la que se vieron el consejero madrileño, el vicepresidente, Ignacio Aguado, y los dos ministros habituales: Illa y Carolina Darias, titular de Función Pública. Pero tampoco hubo más avances. La situación es complicada. El Gobierno central ha dejado claro que pretende agotar los 15 días del estado de alarma en busca de un descenso acusado de casos, pero si pasadas dos semanas no llegan a los 200 casos por 100.000 habitantes pretendidos y quisieran extender la situación de excepcionalidad, el Congreso debe respaldarlo.

Para los primeros 15 días, el Ejecutivo solo debe informar de la medida en la Cámara Baja (como ocurrirá este jueves), pero las prórrogas necesitan ser aprobadas en el Congreso y, en estos momentos, Sánchez no cuenta con los apoyos. A eso se añadiría más tensión política, porque los dirigentes madrileños ya reprochan al Gobierno mantener cinco días la herramienta constitucional.