El Gobierno desactiva una batalla clave del PP y contenta a sus alcaldes con la regla fiscal

El anuncio llegó el miércoles, cuando todavía la sesión de control al Gobierno no había terminado y justo el día en que vencía el plazo para presentar los Presupuestos. El Ministerio de Hacienda dejará sin efecto la regla de gasto y los objetivos de déficit para todas las administraciones públicas, lo que supone 'de facto' abrir la mano con comunidades y ayuntamientos, que podrán gastar sus ahorros para hacer frente a los destrozos de la pandemia del coronavirus. Se trataba de una batalla encarnizada entre el Ejecutivo central y las administraciones locales, muchas de ellas encabezadas por el PP, que exigían tener flexibilidad para gastar sus ahorros en un momento de extrema necesidad.

La ministra María Jesús Montero dejó claro que, con la suspensión de las reglas fiscales durante este año y el próximo, los ayuntamientos podrán gastar como quieran los remanentes en 2020 y 2021. Un anuncio que fue muy bien acogido por las administraciones locales que dependen del PP, que convirtió la rebelión de los alcaldes en una de sus principales reivindicaciones políticas. Los populares aseguran que “ha quedado demostrado que sí había un plan B”, y entienden que se trata de una “absoluta rectificación” tras la actitud “soberbia” del Gobierno que provocaba “la asfixia financiera” de muchos ayuntamientos, en palabras del vicesecretario territorial del PP y diputado, Antonio González Terol.

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Javier G. Jorrín

Esta batalla comenzó hace semanas con el polémico decreto de Hacienda sobre los remanentes municipales, que terminó en una gran derrota parlamentaria para el Gobierno, la primera de la legislatura. La ministra proponía que las administraciones locales cedieran parte de sus ahorros al Gobierno (teniendo en cuenta que el superávit de la mayoría está inmovilizado por culpa de la ley de estabilidad presupuestaria de Cristóbal Montoro, que no permite gastarlo) y, a cambio, se les compensaría con un anticipo del 35% de sus ahorros entre este año y el próximo a fondo perdido. Fue la última propuesta del ministerio para intentar convencer a los ediles que renegaban.

El PP mantuvo una postura muy dura y encabezó la denominada 'rebelión de los alcaldes', que no solo tumbó la convalidación del decreto, sino que hizo toda una demostración de fuerza y del poder que tienen los ediles. Sin embargo, la nueva decisión del Ejecutivo —que supone una rectificación en cuanto a que permite a los ayuntamientos gastar sus remanentes sin tener que ceder parte al Estado— acaba con un caballo de batalla de los populares porque contenta, al mismo tiempo, a sus dirigentes autonómicos y municipales.

Eso sí, el alcalde Zaragoza, Jorge Azcón, insiste en que es “imprescindible” que el Gobierno siga avanzando en la misma línea y apruebe otras líneas específicas para ayudar a los ayuntamientos, especialmente aquellos que no tienen ahorros y deben hacer frente igualmente a una situación de emergencia por la pandemia. De ahí que insista en los 5.000 millones incondicionados para las administraciones locales y en otro fondo de 1.000 millones para el transporte urbano. La ministra Montero reconoció que la decisión adoptada beneficiaria aquellos ayuntamientos con solvencia y se comprometió a dar salida al resto de institucionales locales, que no tienen esa capacidad de gasto por falta de ahorros. Azcón advirtió de que “estarán vigilantes ante la letra pequeña del acuerdo del Consejo de Ministros” para que realmente refleje la suspensión de reglas fiscales para este año y 2021.

Los populares, en todo caso, celebran en términos generales la noticia y son conscientes de que lo único que podrán hacer ahora es seguir presionando al Gobierno para tomar nuevas medidas. La vicesecretaria de Política Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, también insistió en la necesidad de “controlar el gasto” a pesar de ver con buenos ojos la noticia, alegando que en gestiones socialistas anteriores las consecuencias se vieron después. “Las alegrías gastadoras llevan a posteriores recortes”, insistió, recordando que no se puede poner en riesgo la sostenibilidad financiera de las administraciones.

El Gobierno da un nuevo giro a la estrategia presupuestaria, a la espera de que las negociaciones con los grupos comiencen en los próximos días. Y, sobre todo, la decisión (más allá de lo que supone para los ayuntamientos) evita al Ejecutivo tramitar una nueva senda de estabilidad en el Congreso, ya que los objetivos de déficit han quedado suspendidos. El PP ya advirtió este miércoles de que reniega de este mecanismo y que Hacienda no podrá eludir el control del Parlamento. Pero, mientras tanto, los ayuntamientos respiran y la batalla con los alcaldes queda disuelta.