La Fiscalía, sobre su investigación al emérito: "Abre un abanico imposible de valorar ahora"
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POR EL COBRO DE COMISIONES

La Fiscalía, sobre su investigación al emérito: "Abre un abanico imposible de valorar ahora"

Precisa que la comisión rogatoria no ha sido cumplimentada en su totalidad y "abre nuevas perspectivas, y la necesidad de ser complementada con la práctica de otras diligencias"

Foto: El rey emérito Juan Carlos I. (Reuters)
El rey emérito Juan Carlos I. (Reuters)

La Fiscalía del Tribunal Supremo aclaró este jueves en un escrito algunos de los extremos de las diligencias que mantiene abiertas sobre el rey emérito y su vinculación con el cobro de comisiones en la obra del AVE a La Meca. En un informe en el que rechaza la pretensión de Òmnium Cultural contra Juan Carlos I por delitos económicos, el Ministerio Público concreta que en estos meses "han avanzado cualitativa y cuantitativamente". "La comisión rogatoria solicitada en su momento a la Fiscalía de la República y Cantón de Ginebra –pese a que, a día de hoy, no ha sido cumplimentada en su totalidad-, abre nuevas perspectivas, y la necesidad de ser complementada con la práctica de otras diligencias, que sin duda abrirán un abanico de posibilidades imposibles de valorar en este momento", precisa.

Los fiscales consideran así que es aún demasiado pronto para determinar si existen indicios de que el padre de Felipe VI cometiera algún hecho delictivo. Aseguran que la investigación en marcha pretende precisamente concretar si hay o no prueba de comportamiento irregular. Para ello, se refieren al decreto en el que la fiscal general, Dolores Delgado, trasladó la investigación que conducía Anticorrupción a la Fiscalía del TS. En él se precisaba que "en el momento presente" no resulta posible establecer ni tampoco descartar la participación de don Juan Carlos en hechos penalmente relevantes ocurridos con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en el que dejó de estar protegido por la inviolabilidad".

Foto: El rey Juan Carlos, junto al emir de Kuwait. (EFE)

España recibió en junio parte de la información en poder del fiscal suizo Yves Bertossa. El país helvético contestó entonces en parte a la comisión rogatoria que España trasladó en febrero y en la que pedía, entre otras cosas, el detalle de los aspectos del depósito de 100 millones de dólares que Arabia pagó en 2008 a don Juan Carlos, incluyendo las identidades no solo de sus titulares sino también de sus beneficiarios.

El 8 de agosto de 2008, la fundación panameña Lucum ingresó en una cuenta de la banca privada suiza Mirabaud 100 millones de dólares (65 millones de euros) donados al monarca por la casa real de Arabia Saudí. Habían pasado solo ocho días desde su creación. La Fiscalía considera ese abono como el primer escalón en un rastro más amplio de comisiones que vincula con la construcción del AVE a La Meca. Pero las pesquisas en España solo podían abarcar al periodo posterior a 2014, cuando el Rey abdicó.

Paralelamente, y mientras en España la primera investigación de la Audiencia Nacional fue archivada, la Fiscalía suiza fue tomando declaración a afectados en ese reguero de comisiones, como Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la examante del Rey que, según publicó 'El País', declaró al fiscal suizo que esa fue una donación por amor, no para que ella moviera el dinero. Esa declaración intenta eximirla de actuar como testaferro o cómplice, según fuentes jurídicas. El fiscal suizo Yves Bertossa se ha trasladado a Madrid en varias ocasiones, pero sus homólogos españoles esperaban la documentación.

A la espera de que Suiza respondiera a la comisión rogatoria, la Fiscalía elevo el caso al Supremo, al estar el monarca aforado, y la retiró de Anticorrupción, que estaba rastreando las comisiones del AVE a La Meca. La fundación Lucum estaba administrada por el abogado Dante Canónica y el gestor de fondos Arturo Fasana, pero la investigación llevada a cabo por el fiscal Yves Bertossa sitúa a Juan Carlos I como su primer beneficiario y, según desveló 'The Telegraph', Felipe VI figuraba también como uno de los beneficiarios.

El rey emérito Juan Carlos I. (EFE)
El rey emérito Juan Carlos I. (EFE)

Cuenta cerrada tras una transferencia a Corinna

Según la documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial y en la que se detalla "la actividad solicitada", el Ministerio Público español quería conocer los datos de identificación de los titulares, los autorizados y el beneficiario último (UBO). También "el domicilio de envío de la correspondencia desde su apertura". La Fiscalía reclamaba además "todos los movimientos registrados en la cuenta desde su apertura hasta su cancelación, con identificación del origen y destino de los fondos". La cuenta se cerró, según la información que ha ido comunicando Bertossa, después de que se efectuara una transferencia por la cantidad total a una cuenta de Corinna Larsen en Bahamas.

Antes de su cierre, la cuenta recibió otras donaciones además de la más cuantiosa, con un denominador común: todas procedían de países árabes. Entre las transferencias que recibió la cuenta de Lucum se encuentra, por ejemplo, una de 1.895.250 dólares (1,7 millones de euros) remitida por el sultán de Baréin. Para vaciar la cuenta, el emérito transfirió el saldo de la cuenta de Lucum a Corinna Larsen a nombre de la sociedad Solare Investors Corporation en el banco Gonet y Cie, en Nassau.

La Fiscalía española también reclamó que se le remitiera "cualquier documento del que pudiera disponer relacionado con el titular y el beneficiario último de la cuenta y con las operaciones realizadas desde la misma". Además, solicitaba copia de cuatro declaraciones clave para rastrear las comisiones. Las efectuadas ante el fiscal suizo por Canónica y Fasana y las de la examiga del Rey Corinna Zu Sayn-Wittgenestein y su primo Álvaro de Orleans, a los que Bertossa considera testaferros. Con la comisión rogatoria, la Fiscalía del Supremo determinará si el movimiento de fondos que vincula en grado indiciario con presuntos delitos de blanqueo y fiscales fue anterior o posterior a 2014, fecha de la abdicación.

Una vez está la documentación en manos del Ministerio Público en el Tribunal Supremo, el fiscal al que se ha encargado el asunto tendrá que decidir qué hacer. El fiscal de sala de la especialidad de delitos económicos, Juan Ignacio Campos, asumió las diligencias no solo para determinar si los indicios contra el Rey emérito eran suficiente sino también para fijar el alcance de su inviolabilidad. Pese a que, en principio, esta llega hasta la abdicación, los letrados del Congreso determinaron —por ejemplo— que debía extenderse también si el origen del presunto blanqueo se situó en un momento en que aún era monarca.

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