El PP frenó la negociación del Poder Judicial en agosto tras el ataque de Iglesias al Rey

El Partido Popular reconoce que en el mes de julio se iniciaron conversaciones para negociar la renovación de los órganos institucionales con el Gobierno. En concreto, fue el 6 de julio cuando en el 40 aniversario del Tribunal Constitucional, la vicepresidenta, Carmen Calvo, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, trasladaron a Pablo Casado la necesidad de un cauce diálogo. El líder del PP, según confirma la propia formación, “encomendó” esas conversaciones al secretario del ramo en su partido, el consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique López.

De hecho, durante el mes de julio, López trabajó en una ley de reforzamiento de la independencia judicial como condición previa a las negociaciones. Una propuesta de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial que llegó a las Cortes en 2018 y que el PSOE ya rechazó después de que el Senado la hubiera aprobado.

Fue en 22 de julio cuando el presidente del Gobierno escribió a Casado por WhatsApp para avanzar en la negociación proponiendo unos interlocutores que pudieran dedicarse a ello. “Fueron aceptados con una escueta respuesta, sin entrar a valorar si quiera el fondo de la cuestión”, afirman desde el PP después de que hoy el diario ‘El País’ publicara ese mensaje como confirmación de que Casado aceptó renovar el Poder Judicial. A finales de ese mes —según la cronología del PP, el 28 de julio— el pleno del CGPJ informó de esas conversaciones, que también fueron confirmadas tanto por el PSOE como el PP.

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Todo cambió a principios de agosto. El día 3 la Casa Real anunció que el rey Juan Carlos había decidido marcharse de España. El PP calificó entonces de “intolerables” los “ataques” del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, contra la jefatura del Estado. Además, como ya ha asegurado Casado en otras ocasiones, el líder del PP “nunca fue informado en ningún momento de la situación sobre Juan Carlos I” y ya transmitió a Moncloa que el pacto de renovación institucional “no podía avanzar con el Gobierno arremetiendo” contra Felipe VI.

A esta cuestión se añade la imputación de Podemos días después, el 11 de agosto, por supuesta financiación irregular “mientras intensificaba sus críticas al Poder Judicial y la monarquía”, insiste el PP, “o pedía un Gobierno con Bildu en el País Vasco y un pacto presupuestario con ERC”. Por eso, el 14 de agosto Casado ya trasladó al Ejecutivo, a través de esos interlocutores designados, que “no podía acordar la renovación de las instituciones si Podemos tenía cualquier papel en ella”.

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En su reunión de la semana pasada, Casado y Sánchez abordaron el asunto y el líder del PP ratificó su posición al presidente en persona. En el PP ha sentado especialmente mal la filtración de los mensajes entre ambos, “unas insólitas filtraciones manipuladas” a su juicio, y defiende que su postura es “firme y coherente” y “se guiará por el reforzamiento institucional del Estado y la despolitización del Poder Judicial”.

Aún así, la renovación sigue pendiente y precisamente en la apertura del año judicial de este lunes las principales figuras insisten en que los cambios, obligados por la Constitución, deben producirse cuanto antes. De hecho, el presidente del Tribunal Supremo y CGPJ, que ya el año pasado asumió esta ceremonia en funciones, recordó este lunes que "la renovación de la institución sigue sin producirse, pese a que la venimos reclamando insistentemente". Y continuó: "Me veo en la obligación de exhortar nuevamente a los poderes públicos concernientes a renovar la institución sin mayores dilaciones".