Casado explora con Sánchez una agencia independiente para gastar el fondo de la UE

La reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, la primera en Moncloa desde el pasado febrero, se prolongó durante casi dos horas y sirvió para confirmar los puntos de desacuerdo entre ambos: no habrá pacto con el PP para renovar los órganos institucionales pendientes, ni tampoco para la negociación presupuestaria. Primero, repitió el líder del PP, porque aún no hay nada sobre lo que pronunciarse —“no tenemos techo de gasto, ni senda de déficit ni plan de reformas”— y segundo, continuó, porque “hay una suma alternativa” sin los independentistas, con parte de los socios de investidura y Ciudadanos. Por parte del Gobierno, la portavoz, María Jesús Montero, se pronunció poco después con un tono muy duro y entre reproches, acusando a los populares de mantener "una postura obstruccionista".

Más allá de esta cuestión, que en realidad no fue ninguna sorpresa, Casado sí detalló algunas cuestiones en las que podría gestarse un acuerdo entre el Gobierno y el primer partido de la oposición. El líder del PP reclamó al presidente la creación de una agencia nacional para la recuperación económica tras los devastadores efectos de la pandemia —independiente, sin afiliación política y que no estaría vinculada a los Presupuestos— que sirva para gestionar los fondos europeos de la reconstrucción, en lugar de que se haga a través de una unidad que Moncloa anunció a tal efecto y que dependería del jefe de Gabinete de la presidencia, Iván Redondo.

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Casado explicó que sería posible su creación a través de una ley de 2006 aprobada por Zapatero sobre agencias estatales, “que tiene muchas ventajas” dijo, como “evitar la discrecionalidad y el clientelismo”, poniendo el acento en que la “independencia” de la agencia se podría plasmar en una presidencia sin afiliación política, “como un exgobernador del Banco de España”, lo que permitiría, además, que contara con un amplio refuerzo parlamentario, ya que sería elegido por consenso de los grupos parlamentarios. En todo caso, Casado tiene claro que esas ayudas no pueden depender de Moncloa, y que se convierta "en una procesión de 'lobbies".

También la portavoz reprochó esas palabras, "¿está diciendo el señor Casado que el Gobierno atiende los intereses de los 'lobbies'?", se preguntó Montero, para zanjar que "lo importante no es si es una agencia o un alto comisionado", porque "eso es algo meramente instrumental", destacando que para el Ejecutivo "lo fundamental es apoyar el tronco que permite canalizar esos recursos que se llaman Presupuestos Generales del Estado". Además, la portavoz criticó que Casado "intente canalizar" una propuesta que "ya estaba suscrita en los pactos de la reconstrucción" y que partió de los socialistas.

La cuestión es que fue el PP quien en 2015 derogó la ley y, por eso, Casado matizó al presidente que cuenta con sus votos para tramitar de nuevo la ley y el estatuto correspondiente a través del procedimiento de urgencia. A pesar de que no hay un acuerdo aún, el jefe de la oposición sí aseguró que vio a Sánchez “dispuesto a estudiar” su puesta en marcha. Entre otras cuestiones, el PP ve muy positivo que este tipo de agencia —además de contar con un amplio apoyo, “que es precisamente la fortaleza que necesita el Gobierno”, ya que, como mínimo, estarían PP y PSOE— tiene características como “tener personal público y privado”, que “se podrán utilizar los remanentes que queden sin ejecutar en el siguiente ejercicio” o “reasignar los créditos si un proyecto no sale”, además de que estaría sometido “al control externo”.

Por otra parte, Casado también destacó entre el posible horizonte de acuerdo un “fortalecimiento del marco legal” para combatir el coronavirus. El PP lleva meses insistiendo en lo que ha bautizado como el plan B jurídico, un punto intermedio entre el estado de alarma y las leyes ordinarias. Y, en concreto, planteó una reforma ante los problemas que se estaban encontrando las autonomías para luchar contra el virus, dado que muchos jueces de base tumbaban sus resoluciones (por ejemplo, la prohibición de fumar en las terrazas en Madrid). Ayer mismo el Gobierno anunció una reforma en esa línea, aceptando la exigencia del PP: que sean los Tribunales Superiores de Justicia de las autonomías las que ratifiquen o no las medidas de los gobiernos regionales, y no los jueces de lo Contencioso o de guardia.

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Otro de los puntos clave dentro de la voluntad de acuerdo entre ambos fue el pacto sanitario. Fue uno de los puntos que contó con mayor consenso en la comisión de reconstrucción del Congreso —el PP propuso que se llamara pacto Cajal— y Casado se reafirmó en que “no tenemos excusa para no sentarnos y hacerlo” tras la peor pandemia que ha afrontado España.

La renovación de cargos y los PGE

Eran los platos fuertes del día y el resultado fue el esperado. En cuanto a la renovación, como viene defendiendo el PP en las últimas semanas, Casado volvió a reafirmarse en que no es posible llegar a un acuerdo de renovación de instituciones “cuando el vicepresidente del Gobierno insiste en pedir un cambio de régimen constitucional, incluso pidiendo la abdicación del Rey”. “El PP no va a negociar así”, reiteró el jefe de la oposición. Además, Casado recordó que en los últimos dos años Sánchez no contó con su partido para otros nombramientos como el de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, “cuando además era una diputada socialista”.

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Sobre los Presupuestos, a pesar de que el PP no se plantea en ningún caso pactarlos, “somos la alternativa” repiten, Casado echó mano de los argumentos más recientes en su partid: “No conozco una sola linea de lo que van a ser los Presupuestos”, dijo y, por tanto, “no puedo pronunciarme aún”. El líder de los populares repitió que el Ejecutivo “no ha hecho los deberes, porque ni hay techo de gasto, ni senda de déficit, ni planes de reformas”. Y remarcó, con algún recado a Ciudadanos, que además “hay una suma alternativa” con PNV y Ciudadanos, quitándose de encima la presión.

Tras la comparecencia de Casado, la portavoz del Gobierno tomó la palabra en la misma sala de prensa con un tono muy distinto. Montero se lanzó a los reproches desde el primer momento, al constatar, según dijo, que el PP "no es que no se plantee ahora mismo dar el visto bueno a la renovación de las instituciones, sino que podía no hacerlo durante toda la legislatura". Para el Ejecutivo de coalición, Casado "da la espalda al diálogo" y "mantiene una actitud obstruccionista y de bloqueo". La misma, dijo Montero, "que desde hace dos años, amagando con un giro al centro que no termina de llegar". A pesar de que Montero reivindicó el "mensaje de unidad" del presidente, la portavoz criticó en todo momento la postura de los populares, a quienes acusó también de "utilizar los datos de la pandemia para intentar desgastar al Gobierno".

“Me preocupa la falta de liderazgo”

Antes de desgranar las cuestiones susceptibles de acuerdo y aquellas en las que no habrá manera de pactar, Casado sí defendió la postura de su partido —“yo no soy el del no es no”— mientras reconoció que estaba “preocupado” por la “falta de liderazgo del Gobierno a diferencia de lo que pasa en otros países europeos”.

Con todo, el líder del PP volvió a asegurar que, por su parte, “mano tendida” para grandes asuntos que afectan al país (sanidad, economía, reformas legales y educación, ahora con el debate de la vuelta al colegio en plena segunda ola de la pandemia), sin dejar de reprochar al Ejecutivo que “diera por derrotado al virus” en junio “y alentara a los españoles a vivir esa nueva normalidad”. “Es irresponsable cargar la responsabilidad a los españoles, porque ha pecado de indolencia o habiendo previsto lo que ha pasado”, cargó Casado.

A ojos del PP, “las cosas van mal”, especialmente en el ámbito sanitario y en mitad del “caos” que está suponiendo la vuelta a las aulas. En economía, continuó Casado, “hoy se alcanzan los 700.000 desempleados en lo que va de año” y “la UE ya dijo que España había triplicado la media de la destrucción de empleo de los países comunitarios, a lo que se añade un cuadro macro muy complicado”. El PP ha calculado que el gasto se disparará 50.000 millones de euros, y puso el acento en que el ingreso mínimo vital solo se haya concedido al 1% de los solicitantes: “El Gobierno sí está dejando a mucha gente atrás”.