La oposición estrecha el cerco al Gobierno y exige ya la dimisión de Grande-Marlaska

Los principales partidos de la oposición sacaron la artillería pesada contra el Gobierno tras conocerse la fulminante destitución del jefe de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, agravada con la dimisión de su número dos, el director adjunto operativo del instituto armado, Laurentino Ceña. PP, Vox y Ciudadanos se lanzan a exigir ya la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al entender que la decisión supone una injerencia política en toa regla que atenta contra la separación de poderes.

El motivo alegado por Interior para justificar el cese —"pérdida de confianza"— coincide con la investigación que desarrolla la Guardia Civil sobre el 8-M y que apunta a responsabilidades penales de la delegación del Gobierno en la Comunidad y del principal asesor sanitario del Ejecutivo, Fernando Simón, al haber permitido actos multitudinarios cuando ya eran conscientes del riesgo de contagio que existía.

La oposición registró este lunes en bloque una solicitud para que Marlaska comparezca de manera urgente en el Congreso y aclare detalladamente el cese del coronel de la Guardia Civil. En el caso del PP, la formación de Pablo Casado emitió un comunicado en el que pide directamente que Pedro Sánchez destituya al titular de Interior por tratarse del "ataque más grave a la independencia del poder judicial en los últimos años". También el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha pedido la dimisión del ministro. Precisamente, el miércoles se celebra la sesión de control al Gobierno y el asunto amenaza con protagonizar toda la sesión.

Todos los frentes abiertos

Al Ejecutivo se le han abierto varios frentes. La destitución de Pérez de los Cobos es una pieza más dentro de la investigación de la Guardia Civil que ya tiene a un dirigente socialista en la diana. El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, está citado para declarar como investigado el 5 de junio en el marco de la investigación sobre los actos celebrados en el Día de la Mujer en la capital, cuando el riesgo de expansión del coronavirus podía ser conocido por las autoridades.

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Como publica este diario hoy, la situación puede complicarse mucho para Franco —un hombre de la absoluta confianza del presidente del Gobierno— ahora que la Guardia Civil señala que la Delegación llamó por teléfono a varios colectivos pidiendo que anularan actos en los días posteriores al 8-M por razones sanitarias. Unas gestiones ocultadas y que Franco dejó sin rastro al hacerlo por la vía telefónica —evitando documentos— pero que pondrían de manifiesto el conocimiento de la Delegación de los riesgos que existían por la pandemia.

Casado reaccionó ayer a la noticia, atacando al Gobierno por la "arbitrariedad" demostrada en sus decisiones y este martes, su número dos, Teodoro García-Egea, apuntaló la postura de los populares. “Es gravísimo que este Gobierno cese a todo aquel que le resulta incómodo. Toma decisiones arbitrarias contra quienes cuestionan su labor y los aparta”. El secretario general del PP cargó contra Marlaska, asegurando que “ha perdido toda su integridad profesional como juez” y advirtió del precedente que este cese supone: “Me pregunto qué pensarán hoy guardias civiles y policías que investigan cuestiones que tienen que ver con el Gobierno. Seguramente que pueden correr la misma suerte”, reflexionó en TVE.

El número dos de Casado se preguntó además si Sánchez va a pedir o no “responsabilidades” al delegado del Gobierno, ya imputado por la jueza, como su partido ha hecho en tantas otras ocasiones al resultar investigados dirigentes de otros partidos. “O al vicepresidente Pablo Iglesias, si finalmente un juez lo llama a declarar”, insistió Egea. Todo parece indicar que así será en vista del auto de la Audiencia Nacional. Como publica este diario, el juez Manuel García-Castellón se prepara para pedir al Tribunal Supremo que investigue a Iglesias ante la existencia de indicios que apuntan a dos posibles delitos en la pieza del caso Villarejo sobre el líder de Podemos.

También el portavoz popular en el Senado, Javier Maroto, cargó contra Marlaska, denunciando su "rápida transformación" al haber pasado de "perseguir a los que incumplían la ley, a perseguir justamente a quienes la cumplen". "No se me ocurre un peor epitafio para un ministro del Interior", zanjó Maroto. Algunos diputados del PP en el Congreso, como la gallega Ana Vázquez, no dudó en asegurar que quien debería dimitir de inmediato es el propio titular del Interior.

Vox también 'ataca' a Iglesias

En el caso de Vox, que también solicitó de inmediato la comparecencia de Marlaska, la formación de Santiago Abascal pone el foco en que la destitución de Pérez de los Cobos también coincide con la polémica que rodea al chalé de Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero.

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En concreto, con el episodio del corte que hizo la Guardia Civil en la calle del municipio de Galapagar en la que viven y, por eso, el grupo parlamentario exige que Marlaska informe a la comisión del ramo sobre la destitución, ocurrida “en medio de la crisis generada por el dispositivo de protección desplegado en los últimos días” en la vivienda de los dos miembros del Ejecutivo.

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También fuentes de Ciudadanos reconocen a este diario que la situación reviste una importante gravedad: “Esto es interponerse en una investigación judicial que está dirigiendo un juez directamente. Y además se ve revelación o intento de revelar secretos de la instrucción”. La propia magistrada de la instrucción, Carmen Rodríguez-Medel, exigió confidencialidad a los agentes y respalda su función, recordando a Interior en un oficio que los agentes de la Guardia Civil debían guardar secreto e informarle solo a ella. El portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, llegó a sugerir que en el cese podría haber delito. “No sé yo si incluso podría constituir delito. Es muy peliagudo interferir en una investigación dirigida por un juez”, aseguró el diputado a TV3, que poco después ya pedía la dimisión de Marlaska.

Varios líderes autonómicos del partido naranja, como los vicepresidentes de Madrid y Castilla y León, Ignacio Aguado y Francisco Igea respectivamente, se unieron a la exigencia de dimisión del titular de Interior. Igea no dudó en atacar a Marlaska, definiéndolo como "el juez que cambió de mando", mientras que Aguado defendió a la Guardia Civil, recordando que "cuando hay sospecha de presuntas irregularidades o que las cosas se han hecho mal" el instituto armado "tiene razón la mayoría de las eveces". "Yo, por eso, me quedo con los informes de la Guardia Civil; y luego es un juez el que, con esos informes, con esos indicios, toma una decisión", zanjó el vicepresidente madrileño.