Se presentan nuevas cada día

El Supremo ya acumula 41 denuncias y querellas por la gestión frente al covid

Una amalgama heterogénea por delitos de homicidio imprudente, lesiones, prevaricación, omisión del deber de socorro, imprudencia grave o contra la seguridad de los trabajadores

Foto: Una joven con mascarilla llora en un homenaje. (EFE)
Una joven con mascarilla llora en un homenaje. (EFE)
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Un total de 41 denuncias y querellas, y subiendo. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acumula hasta este domingo 24 de mayo 41 escritos presentados por partidos políticos, asociaciones, familiares de víctimas o particulares contra cargos políticos por la gestión estatal frente a la pandemia. Cada día se registran nuevos, en un ritmo continuo que no ha decaído desde el pistoletazo de salida marcado por la primera de ellas, presentada a finales de marzo.

Aunque los denunciados suelen ser los mismos —desde el presidente del Gobierno hasta el ministro de Sanidad y el resto de miembros del Ejecutivo, pasando por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, también aforada en el TS—, los delitos varían. Homicidio imprudente, lesiones imprudentes, prevaricación, omisión del deber de socorro, imprudencia grave, delito contra la seguridad de los trabajadores. También cambian de una a otra los hechos. Una amalgama heterogénea que va de las manifestaciones celebradas en los días previos a la declaración del estado de alarma al retraso en la compra y distribución de material de protección y sus consecuencias, de la carencia de test efectivos a la falta de control de las residencias de mayores, de la 'selección' de pacientes en las UCI y el rechazo a los mayores a las presentadas por declaraciones públicas, más o menos desafortunadas, de cargos públicos.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa. (EFE)
El ministro de Sanidad, Salvador Illa. (EFE)

Más allá del Supremo, también hay querellas. Otros tres presidentes autonómicos, además de Ayuso, deben afrontarlas en los TSJ de sus territorios. Quim Torra ha sido denunciado por Vox por "imprudencia grave con resultado de muerte" al no haber adoptado medidas de seguridad "pertinentes" para los trabajadores en la crisis sanitaria. Alberto Núñez Feijóo se enfrenta por su parte a la denuncia de un particular por la gestión en una residencia de Ourense donde han muerto 20 ancianos por coronavirus. En Valencia, Ximo Puig y parte de su equipo esperan el resultado de las diligencias abiertas después de que un particular les acusara de fomentar contagios al no poner coto a las concentraciones masivas en los inicios de la difusión de la pandemia.

En total, más de 40 cargos públicos verán como su gestión se revisa por parte de los tribunales. Además de los primeros espadas, las denuncias y querellas van contra otros cargos. Fernando Simón y dos directores del Ministerio de Sanidad han sido también denunciados, al igual que los consejeros de esta área en los gobiernos autonómicos señalados. También el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, fue acusado por un abogado por cerrar los parques al público. El avance del covid y las decisiones políticas adoptadas a diario dan lugar a nuevas querellas. El ritmo de presentación no tiene visos de amainar.

Con la actividad judicial paralizada y los plazos suspendidos, hasta el momento, la Sala de lo Penal del alto tribunal no se ha pronunciado sobre estas decenas de denuncias y querellas. Tampoco ha solicitado al Ministerio Público que le informe sobre su postura frente a las mismas. Los plazos procesales se activan a partir del próximo 4 de junio y ese día marcará el inicio de una larga reactivación de los tribunales. El ministro de Justicia espera poder recuperar una cierta normalidad a partir de septiembre, pero no será fácil, y será el comportamiento del covid el que imponga si hay avances o nuevos parones.

Las querellas

En esta mezcolanza de hechos que tendrán que examinarse uno a uno, hay un principio pero no un final. Una de las primeras denuncias en esta vía penal fue la presentada ante el alto tribunal por el abogado Víctor Valladares contra Pedro Sánchez por la comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa al permitir la celebración de concentraciones multitudinarias entre los días 5 y 14 de marzo, entre ellas, la manifestación del 8-M. Se trata de una acción penal espejo de la que dirige la jueza de Madrid Carmen Rodríguez-Medel contra el delegado del Gobierno José Manuel Franco por no adoptar medidas frente a las movilizaciones en situación de prealerta médica.

La más numerosa es la presentada por 11 abogados en nombre de más de 3.000 familias, acusando al presidente del Gobierno y a todos sus ministros de fomentar con sus decisiones las muertes por el covid. También los médicos han acudido a la Sala Segunda del TS, en su caso contra Salvador Illa, por la retirada de mascarillas FPP2 empleadas por personal sanitario y que resultaron ser defectuosas. Incluso lo han hecho colectivos como Abogados Cristianos, que reprochan a Sánchez imponer trabas en la libertad de culto por los límites a la celebración de misas.

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