Ayuso convocó el 8-M a 1.200 opositores tras alertar al Estado de la "emergencia" sanitaria

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso reunió en un colegio a casi 1.250 opositores al cuerpo de administrativos de la Comunidad de Madrid a las 10 de la mañana del domingo 8 de marzo pese a que el día anterior había enviado dos alertas desde la Dirección General de Salud Pública a la Delegación del Gobierno sobre el riesgo de concentración de personas "por la emergencia de salud pública causada por el coronavirus".

La prueba se realizó en el Instituto de Enseñanza Secundaria "Príncipe Felipe", donde los 1.248 opositores —según los documentos accesibles en la web de la propia Comunidad de Madrid— que habían superado el primer examen acudieron a la convocatoria. Horas antes, el propio Gobierno de la comunidad de Madrid había alertado vía 'e-mail' —según publicó 'Vozpópuli' el 22 de abril— que la "emergencia sanitaria" del coronavirus desaconsejaba la concentración de personas ese domingo.

Preguntado el Gobierno de la Comunidad de Madrid por qué no se suspendió la oposición, desde la Consejería de Hacienda —responsable de la función pública—, aseguran que "se habilitó el IES Príncipe Felipe de la capital, un centro público con 81 aulas en 5 edificios que acogieron a 1.200 personas. Hubo alrededor de una quincena de opositores por aula, en filas de solo uno, y con distancias mínimas de separación entre ellos de más de un metro en todos los casos".

Sin embargo, y según se puede comprobar en la propia convocatoria y el orden de distribución de los opositores (documento adjunto), no se usaron los cinco edificios del instituto, sino cuatro, y uno de ellos solo para los aspirantes que optaban a las 10 plazas de la promoción interna. Los aspirantes, entre los que se encontraban un grupo de personas con discapacidad que aspiraban también al cupo asignado a este colectivo, se congregaron en el recinto desde primera hora de la mañana de ese domingo 8 de marzo sin guardar ninguna medida de distancia. Dos días después, se publicaba en el Boletín de la comunidad la plantilla del examen para que pudieran comprobar sus resultados.

La presidenta de la comunidad asegura que está sopesando pedir la dimisión del delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por permitir la manifestación del 8-M en Madrid pese a que la Consejería de Sanidad de su Ejecutivo hubiera advertido por dos veces el día anterior "que no veía con buenos ojos estas manifestaciones". La juez que instruye una denuncia por prevaricación contra Franco le habría solicitado por escrito si había habido advertencias previas del riesgo y el delegado lo negó. "Eso es el PSOE", asegura Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que el delegado del Gobierno ejerce como líder del PSOE en la comunidad y no hizo caso a las alertas que se le enviaron, y este mismo miércoles insistía en que se dedicó más a investigar "la salida del expresidente Rajoy" o "la clausura de Ifema" que a impedir las concentraciones de personas el 8-M.

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Sin embargo, la desconfianza que mostró la Consejería de Sanidad ante la concentración de personas se obvió ante la oposición convocada por la Consejería de Presidencia del mismo gobierno regional. De hecho, el examen se celebró ese 8-M y solo se suspendieron las oposiciones a partir de la orden 338/2020 de 9 de marzo de la propia Consejería de Sanidad por la que se adoptaron las "medidas preventivas y recomendaciones de Salud Pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del Coronavirus". Quedaron suspendidas todas las oposiciones por esa orden "dada la rápida evolución de la enfermedad".

El 7-M, oposición de personas con discapacidad

Además, el propio sábado 7 de marzo —cuando desde la Dirección General de Salud Pública se estaban enviando los dos mails a la delegación del Gobierno alertando del riesgo de concentraciones de personas por el coronavirus— en el mismo Instituto Príncipe Felipe cerca de 800 personas con discapacidad se concentraban para realizar el examen de la convocatoria a auxiliar de control e información de la Comunidad de Madrid, dentro de una convocatoria específica para personas con discapacidad intelectual para la que se habían ofertado 11 plazas. Las imágenes de la misma muestran que no había ninguna separación entre ellos ni medida de prevención en el patio del instituto.

Dos sábados después debería haberse realizado otro examen para personas con discapacidad en plazas de personal auxiliar de servicios para los que la Comunidad de Madrid ofertaba 23 plazas. La pandemia ya estaba en pleno auge y el estado de alarma decretado y ese examen nunca se hizo.