Sanidad se aferra a la cifra oficial de muertos pese a las pruebas de que está infravalorada

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se aferró este martes a las cifras oficiales de fallecidos por el coronavirus en España, a pesar de los indicios de que los números reales pueden estar muy por encima. Este lunes, el propio Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) tasó las muertes sospechosas del virus en un 170% más que las oficiales en la región. Y este mismo martes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) informó de que los jueces de la región firmaron 9.007 licencias de enterramiento en los 15 primeros días del estado de alarma, cifra que dista del número de muertes contabilizadas en la comunidad tras 25 días de confinamiento, que es de un total de 5.371.

Illa, en rueda de prensa en la Moncloa con el titular de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, defendió que España tiene uno de los estándares "más exigentes" a la hora de considerar a una víctima mortal como tal. Esa es la definición de caso. "Quien se muere y ha dado positivo en Covid-19 es una víctima de coronavirus", replicó el ministro al ser cuestionado en varias ocasiones por los periodistas por este tema. "Es un tema muy serio, no jugamos a engañarnos a nosotros mismos". La estadística oficial, enfatizó, corresponde a las personas testadas que han dado positivo. Illa evitó pronunciarse al ser preguntado sobre qué pasa con quienes mueren y no se les hace la prueba. Por la mañana, su compañera de Gabinete, María Jesús Montero, mostró confianza en los datos enviados al Ejecutivo central por las CCAA y dijo no temer que el número de decesos sea mayor al registrado.

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Pero los datos no apuntan a esa dirección. El tribunal castellanomanchego alertó el lunes de que, atendiendo a los datos de licencias de enterramiento de los registros civiles en la región, había 1.921 fallecidos que eran sospechosos de coronavirus durante el mes de marzo. Por el contrario, la cifra que contabiliza durante ese mes el Ministerio de Sanidad es de 708. Además, explicaba que las defunciones crecieron en marzo un 96,3% respecto al mismo mes del año anterior. El TSJCM explicó en un escrito que este conteo se había iniciado a raíz de las informaciones solicitadas para garantizar el funcionamiento de los registros civiles, porque se había apreciado un desproporcionado incremento del número de licencias de enterramiento y defunciones, lo que dificultaba la gestión de trámites para la inhumación de cuerpos.

Los datos que utiliza este tribunal, con el colapso de registros civiles, avalan las dudas sobre las cifras oficiales de fallecidos, entre los que se contabilizan —como indicó el ministro— los que han dado positivo, pero no quienes son casos sospechosos de coronavirus. Pese al pronunciamiento de Illa, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado interno destinado a los registros civiles para que informen día a día de los casos, aunque esto se antoja complicado. España contabiliza actualmente más de 13.700 fallecidos por Covid.

En cuando al cómputo ofrecido en Madrid, el TSJ ha incluido las tramitaciones de licencias de fallecimiento sin que pueda determinarse el motivo de estas muertes ni cuántas se debieron al Covid-19. En concreto, los jueces de Madrid capital firmaron 5.950 licencias de enterramiento en la primera quincena de la alarma. Por su parte, los órganos unipersonales de los 20 partidos judiciales que conforman la periferia dispensaron otras 3.057 licencias. La suma de ambas cifras supera las 9.000 muertes y no incluye los últimos 10 días del estado de alarma.

La cosa radica, pues, en que el problema de recuento puede no ser exclusivo de Castilla-La Mancha ni de Madrid. Sanidad, como publicó 'El Mundo', dio una instrucción homogénea a todas las comunidades —no solo Castilla-La Mancha—, de forma que el número real de fallecidos por Covid-19 podría ser muy superior a esos, hasta ahora, casi 14.000 oficiales.

En Madrid, hubo en la segunda quincena de marzo 9.007 licencias de enterramiento, el doble de las 4.125 defunciones de la región en marzo de 2019

Hace unos días, se cuestionó a las autoridades por los datos del Instituto de Salud Carlos III, en que se comparan los decesos que se han producido con los que se esperaban, utilizando para ello los datos registrados sobre cada mes. De acuerdo a este índice, entre el 17 de marzo y el 4 de abril, ha habido un exceso de mortalidad del 47% sobre lo que se preveía.

Estudio de seroprevalencia

Por otro lado, Illa, durante la rueda de prensa previa a su comparecencia este miércoles en la comisión de Sanidad, anticipó que el Gobierno ha encargado un estudio de seroprevalencia sobre 60.000 pacientes., que comenzará a realizarse la semana próxima. "Le damos mucha importancia, nos va a permitir ver el grado de expansión del virus en la sociedad española", indicó el ministro. Lo que pretende el Gobierno es hacerse una idea de qué porcentaje de la población española presenta anticuerpos, porque eso querrá decir que ha pasado la enfermedad y es inmune. El periodo de ejecución calculado por Sanidad será de tres semanas. El estudio "ya se ha encargado", se realizará con test rápidos y contendrá dos olas (ambas de 30.000 personas). Lo lidera, explicó, la directora del Instituto de Salud Carlos III (organismo dependiente de Sanidad y Ciencia), Raquel Yotti, y en la selección de la muestra ha colaborado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sanidad ya ha encargado un sondeo para cribar a 60.000 personas y ver la propagación del virus en todo el país. Illa dice que la muestra es "suficiente"

Esta macroencuesta encaja dentro de la segunda fase en la lucha contra el coronavirus, conocida como "desescalada o transición", una vez se está consiguiendo controlar el aumento de casos y muertes en todo el país, y especialmente en algunas comunidades. Cuando se tenga una idea más real de qué parte de los españoles han padecido la enfermedad, aún sin saberlo, se tendrá una dimensión más real de la propagación del virus y dará una orientación de qué tipo de medidas de relajación son pertinentes y cómo graduarlas.

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Illa fue preguntado por el tamaño de esa muestra. Solo 60.000 personas en total. No se trata, pues, de un cribado masivo de la población, sino una cifra mucho más discreta. ¿Es suficiente? El ministro se escudó, de nuevo, en el criterio de los técnicos, que ven esa cifra consistente. "Piensan que es una muestra suficiente para dar una primera información con respecto a la expansión del virus. Cumple con los requisitos que los técnicos han diseñado", abundó. De nuevo, remarcó que a la par se hacen en España en torno a 15.000-20.000 pruebas de diagnóstico de laboratorio (PCR), más fiables.

Las preguntas sobre el momento de la desescalada se repitieron durante la rueda de prensa. Pero ni Illa ni horas antes la ministra portavoz, María Jesús Montero, quisieron dar pistas de cómo será ese proceso de salida. Hay comunidades, como Canarias, que piden una reapertura gradual y diferenciada por territorios. Illa rehusó entrar en la casuística. "No podemos relajarnos" porque aún España se encuentra en una "fase dura" y quedan tres semanas por delante de confinamiento total, hasta el 26 de abril, y la obligación ciudadana es hacer descender la curva de contagios.

El político socialista remachó que todas las decisiones se adoptarán de manera "muy meditada", con "mucha prudencia". Por ahora, el Gobierno maneja diversos "escenarios" y estudiará cuál implantar en función de los datos y del consejo de los expertos, concluyó.