Un hombre ingresa en prisión por saltarse el confinamiento dos veces y escupir a policías

El Juzgado de Instrucción número 5 de Segovia ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para un hombre que se saltó el confinamiento dos veces y escupió a la policía. "No han valido los apercibimientos judiciales que se le hicieron cuando se decretó su libertad provisional con ocasión de esa primera detención. Ha seguido actuando de manera arbitraria e incívica, en una situación tan delicada como la que se encuentra nuestro país, las personas que en él residen y el sistema sanitario que nos atiende, sin tener consideración alguna por los que velan por nuestra seguridad y por el cumplimiento de las normas, como son los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", argumenta el magistrado en su resolución.

El juez atiende así la petición del fiscal, que considera que su comportamiento trasciende los límites de la infracción administrativa y puede ser constitutivo de un delito de desobediencia grave a la autoridad. Según se recoge el auto de prisión, el sujeto mostró un comportamiento violento y amenazante hacia los policías, a quienes vejó y cuya salud puso en riesgo, llegando incluso a escupir a uno de ellos en la cara en tres ocasiones. A la vista de estos hechos, el juez considera que existe un "riesgo evidente de reiteración delictiva y de agravar con su comportamiento la situación límite en la que nos encontramos desde el punto de vista de la salud pública, de ahí que el único remedio posible sea la privación de libertad del referido".

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El Juzgado de Instrucción 4 de Salamanca también ha resuelto una cuestión similar este jueves al toparse con una mujer que fue sorprendida dos veces por la Guardia Civil en la calle y agredió al agente que la detuvo. En este caso, el juez ha resuelto el asunto con un juicio rápido y la ha condenado a pagar una multa de 720 euros por resistencia a la autoridad y otra de 120 por un delito leve de lesiones, a lo que se suma una indemnización de 210 al agente al que propinó una patada en los genitales. Los hechos se remontan al martes, cuando, en menos de una hora, la mujer fue advertida dos veces de que no podía beber en la calle. Ante la negativa de regresar a su vivienda fue detenida, tras lo que este miércoles se celebró un juicio rápido en el que se le aplicó la atenuante de intoxicación etílica.

Multas de entre 100 y 600.000 euros

El incumplimiento de las órdenes dadas por el Gobierno tras la declaración del estado de alarma está sancionado con multas que van desde los 100 hasta los 600.000 euros en función de su gravedad, pero también se contempla la posibilidad de cárcel al incurrir en un delito. Así, entre las conductas más leves se recoge retirar vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por la policía para delimitar perímetros de seguridad, lo que conlleva una multa de entre 100 y 600 euros. La desobediencia o la resistencia a la autoridad en el ejercicio de sus funciones, cuando no sea constitutiva de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o la alegación de datos falsos o inexactos, se considera sanción grave y conlleva multas de 601 a 30.000 euros.

Si el comportamiento que observen los agentes pone en riesgo la salud pública, las infracciones suben a entre 3.001 y 60.000 euros, llegando hasta los 600.000 si se considera "un riesgo o un daño muy grave". La misma sanción se impone por incumplir, de forma reiterada, "las instrucciones recibidas de la autoridad competente, o el incumplimiento de un requerimiento de esta, si este comporta daños graves para la salud". Además, en aplicación de la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, se recogen multas de hasta 600.000 euros por incumplir las órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos efectuados por los titulares de los órganos competentes o los miembros de los servicios de intervención y asistencia.

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En lo que se refiere a las penas de prisión, estas se aplican cuando el comportamiento sea considerado delictivo. En ese caso, se castiga con la pena de tres meses a un año o multa de seis a 18 meses a los que "resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". A la vista de los hechos ocurridos en Segovia, el magistrado considera que el hombre ha podido incurrir en este delito de desobediencia grave a la autoridad y ha ordenado su ingreso en prisión provisional ante el "riesgo evidente de reiteración delictiva".