El fiscal acusa de maltrato animal a un centro de Madrid que colabora con ayuntamientos

Maikan se presenta en su página web como un centro de animales que colabora con "la Guardia Civil", "la Policía Municipal" y "varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid" en el rescate y posterior adopción de perros y gatos: "La verdad es que son un encanto y amigables, disponemos incluso de camadas encontradas o nacidas en nuestro centro", aseguran. La Fiscalía, sin embargo, sostiene que tras estas palabras se ocultaba un negocio en el que se sacrificaban animales sin la autorización de un veterinario para "poder cumplir las obligaciones contraídas" con los consistorios, hechos por los que piden hasta 18 meses de cárcel para sus principales responsables.

El Ministerio Público explica que el centro trabajaba con al menos nueve ayuntamientos de la Comunidad de Madrid: Algete, Camarma de Esteruela, Fuente El Saz de Jarama, Talamanca de Jarama, San Sebastián de los Reyes, El Molar, Pedrezuela, Valdeolmos-Alalpardo y Valdetorres de Jarama. El principal responsable de Maikan era su administrador José Luis Fernández Salado, para el que la Fiscalía pide 18 meses de cárcel por un delito continuado relativo a la protección de los animales domésticos.

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Según señalan en su escrito, él decidía qué animales sacrificar en función de que no estuvieran identificados y de que llevaran más de 10 días en el centro, lo que le permitía la necesaria "liberación de espacio en las instalaciones" para meter nuevas mascotas y no romper los acuerdos con las autoridades. También aseguran que dejaba “ocasionalmente” de atender a las elementales necesidades de alimento y cuidado de algunos animales, situación que afectaba “principalmente a gatos no identificados”.

Fuentes de la defensa de Maikan y Fernández niegan esta acusación: "En la causa no existe ni una sola prueba". "Es un acoso y derribo de la acusación popular, ejercida por la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid (Fapam), que no puede competir con los contratos con ayuntamientos que ha conseguido Maikan". Según afirman, en el procedimiento ya se han presentado informes de algunos de los consistorios con los que trabajan en los que se niega que hayan incurrido en delito alguno durante el tiempo que han colaborado con ellos.

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EC/Agencias

Más allá de Fernández, la Fiscalía también pide 18 meses de cárcel para Francisco Javier Birlanga Urban, que desde 1997 hasta abril de 2016 fue el administrador de Vet Móvil Transporte Especializado, entidad que se dedicaba a la prestación de servicios veterinarios y a la recogida de animales abandonados, teniendo relación con varios ayuntamientos de la Comunidad. Los indicios recabados hasta el momento apuntan a que las mascotas que rescataban iban a parar a las instalaciones de Maikon, empresa que a cambio contrataba a Vet Móvil para "el sacrificio de animales": supuestamente dos de sus trabajadoras acudían al centro en una furgoneta “en horario diurno o de tarde, sin acompañarse de veterinario colegiado y provistas de elevadas dosis de Dolethal”.

La Fiscalía sostiene que estas dos trabajadoras eran las asistentes técnico-veterinarias Carolina S. G. y Raquel G. L., para las que pide 15 meses de cárcel por un delito relativo a la protección de los animales domésticos en concurso ideal con otro de intrusismo profesional: ambas supuestamente seguían las instrucciones "recibidas de Francisco Javier Birlanga Urbán en cuanto al modo de proceder" y, “en ocasiones”, el número de animales sacrificados era tan elevado que no cabían en sus furgonetas, por lo que “eran dejados en el Centro de Maikan en dos arcones frigoríficos”.

El Ministerio Público también pide una multa de 3.600 euros por intrusismo profesional para Guillermo U. M., que trabajaba como asistente técnico sanitario en Vet Móvil y presuntamente acudió al domicilio de un particular en Madrid que le había pedido "servicio veterinario para sacrificio de su mascota, un perro de avanzada edad, llamado Rol, que visiblemente presentaba varias patologías y no podía caminar". Una vez en la casa, “sin serle aportada documentación que acreditase indicación veterinaria de sacrificio y haciéndose pasar él mismo por veterinario ante F. D. G.”, supuestamente aplicó con una jeringuilla una dosis de Dolethal al animal que causó su muerte, tras lo que cobró 150 euros por el servicio.