Podemos paga a la exescolta de Montero nada más tomar posesión para evitar el juicio

La demanda de la exescolta de Irene Montero contra Podemos por despido no llegará a juicio. El partido ha alcanzado un acuerdo con la extrabajadora para evitar llegar a la vista, prevista para la semana que viene. El acuerdo se cerró el martes, según fuentes próximas al procedimiento, un día después de la toma de posesión de Pablo Iglesias como vicepresidente y de Irene Montero como ministra de Igualdad. Ella estaba citada como testigo y al llegar a un pacto, se evita el trámite. Este diario intentó ayer, sin éxito, obtener la versión de Podemos y de la defensa.

Podemos ha empezado a cerrar frentes que acarreaba del pasado. Además del despido del abogado del partido José Manuel Calvente, tenía pendiente el de la antigua escolta de Irene Montero, M. E. G. J. Esta trabajadora entró en el partido el 25 de febrero de 2016, primero como escolta de Iglesias y después de Irene Montero y de Gloria Elizo, vicepresidenta del Congreso.

La escolta afirmó en la demanda que la usaron para tareas domésticas y para hacer la compra

Podemos la despidió el 28 de junio de 2019, según la demanda que ella presentó posteriormente. Oficialmente el despido fue "por causas organizativas (sobredimensión del equipo de logística y no necesidad de mantener esos recursos)", ya que Podemos consideraba que "la amortización de su puesto de trabajo, insertado en un marco de reducción de costes y de reorganización de los puestos de trabajo, resulta necesaria para un mejor aprovechamiento de los escasos recursos con los que cuenta la organización", según la demanda que la empleada presentó posteriormente,

El escrito de la escolta criticaba que Podemos estuviera llevando a cabo un goteo de despidos individuales para ajustarse a la caída de subvenciones por la bajada de escaños. "En primer lugar, por tener fundadas sospechas de la existencia de continuos y recurrentes despidos individuales y extinciones de relaciones laborales que, de resultar existentes y responder realmente a causas objetivas, constituirían un despido colectivo, existiendo un fraude de ley en la actuación de la entidad, con el objetivo de intentar evitar, de manera artificial, los requisitos formales establecidos por la ley para su tramitación, lo que conllevaría la nulidad del presente despido".

Sobre su despido, alegaba que se basaba en una motivación ambigua e indeterminada que "impide a la trabajadora conocer los elementos básicos que permitan ejercer de manera concreta y sustancial su derecho de defensa". En la demanda, la defensa de la escolta considera que su despido se debe a "una decisión arbitraria e injustificada de Irene Montero", que le daba "ordenes, directrices y trato" que "respondían más a una suerte de considerarla asistente personal".

Entre las tareas de la escolta, enumeró: "Hacer compras personales, como productos de parafarmacia y droguería para bebés, de determinadas marcas y en determinados establecimientos. Hacer compras personales de alimentación en supermercados. Comprar y llevar la cena después del horario de trabajo establecido. Comprar comida para los perros. Adelanto en la jornada de entrada para que el habitáculo del coche estuviera caliente. Hacer de chófer de la empleada doméstica y de la niñera. Hacer de chófer de familiares invitados a su domicilio o de transporte de envíos de familiares. Tareas de gestión de obras en una de sus propiedades. Tareas de mantenimiento en varias propiedades. Tareas de mantenimiento de vehículos personales".

La trabajadora denunció que la tenían como una "asistente personal" más allá de su contrato

La demanda, presentada el pasado mes de septiembre, relata que esas órdenes provocaron que la escolta decidiera dar una "negativa a llevar a cabo las órdenes de Irene Montero que, a su juicio, no respetaban los derechos y límites de una relación laboral. Y estos son los verdaderos motivos por los que se dio la orden de que fuera apartada de sus funciones". La demanda reclamaba que el despido fuera considerado improcedente e incluyera una indemnización por despido.

Podemos se había negado a negociar un despido pero, al final, una semana antes de la vista y coincidiendo con la entrada de Podemos en el Ejecutivo, llegó el acuerdo. Fuentes próximas al partido sostienen que Irene Montero pidió despedirla sin indemnización alguna. Al final, Podemos ha pagado una cantidad no desvelada para que retire la demanda. La vista estaba prevista para la semana que viene en los juzgados de lo Social e Irene Montero estaba llamada como testigo. Al final, y gracias al pacto, la ministra de Igualdad no tendrá que comparecer en el juzgado de lo social.

Podemos ha aplicado la reforma laboral que ahora pide derogar. El partido ha despedido con 20 días por año trabajado a empleados de la formación, según señalan fuentes próximas al partido. Además, el partido prescindió de asesores parlamentarios con solo 12 días por año trabajado de indemnización. Ahora busca empleados para los puestos de asesores que les ofrece la entrada en el Gobierno.