Los guardias civiles ven en el pacto con el PNV "el principio del fin" de la institución

El acuerdo alcanzado el pasado 30 de diciembre entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el máximo dirigente del PNV, Andoni Ortuzar, a cambio de que los nacionalistas apoyen el nuevo Ejecutivo socialista, conlleva la desaparición de la Guardia Civil de Tráfico de la Comunidad Foral de Navarra en seis meses. La medida convenida entre los dos interlocutores ha puesto patas arriba la corporación. Los funcionarios en pleno han mostrado su rechazo a través de sus representantes profesionales, las asociaciones pseudosindicales, que consideran que este tipo de pactos apuntan al camino que ya siguió la institución en Cataluña y el País Vasco.

"La experiencia nos dice que esto es el principio del fin del instituto armado en Navarra", asegura el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el cuerpo, Juan Fernández, quien entiende que en 1998 ocurrió lo mismo en Cataluña y el País Vasco, cuando los funcionarios y sus familias "fueron expulsados de las localidades donde prestaban servicio". "Primero cogieron Tráfico, luego Seguridad Ciudadana y al final nos quedamos en los puertos, aeropuertos y algunos edificios públicos", recuerda el representante de la asociación, que calcula que la ejecución del acuerdo "supondría el exilio de los 175 guardias civiles que desarrollan su labor como especialistas en tráfico" en estos momentos.

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EFE

En un comunicado, AUGC acusa al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de "falta de compromiso" con los guardias civiles e "inacción" en lo que definen como "la enésima cesión en competencia de seguridad pública" que sufre la benemérita. Ayer, el titular de Interior respondió a esta patata caliente, aunque se limitó a culpar a gobiernos anteriores. Señaló en concreto que el PP disminuyó el número de efectivos del instituto armado en Navarra mientras el PSOE lo ha aumentado y que el traspaso de las competencias lo acordó el expresidente José María Aznar en coordinación con el entonces líder del Ejecutivo foral, Miguel Sanz.

Eso sí, advirtió de que el pacto que conlleva la salida de la Agrupación de Tráfico responde a "una petición del conjunto de las fuerzas políticas navarras durante los últimos 20 años". La salida, dijo, "no es consecuencia del acuerdo con el PNV" a cambio de un apoyo en la investidura. En modo alguno, negó, la decisión conlleva la salida de la Guardia Civil de la comunidad foral. La Guardia Civil, incidió, "tiene un papel importante en la cohesión territorial y es política del Gobierno mantener la conexión con el mundo rural". Las declaraciones de Marlaska, sin embargo, no convencen a los funcionarios. Fernández, de AUGC, asegura que "la estrategia del ministro es hablar de la corporación en general y omitir lo que se refiere a Tráfico". "Progresivamente, los pasos serán los mismos que en Cataluña", avanza convencido.

No en vano, AUGC adelanta ya la puesta en marcha de "un duro calendario de movilizaciones". "Haremos un llamamiento a la sociedad en apoyo a los guardias civiles y sus familias para que no abandonen su comunidad ni su hogar", anuncia la asociación en el mencionado comunicado, el más duro de los que han trasladado las agrupaciones profesionales, que se han sumado en bloque a la protesta contra el acuerdo del PSOE con el PNV por lo que les afecta. APROGC, la asociación que reúne a los altos mandos, recuerda que Marlaska visitó el pasado septiembre la Agrupación de Tráfico de Navarra, donde "negó rotundamente y sin ambigüedades que se fuera a producir ningún traspaso de competencias".

El director de la Guardia Civil, Félix Azón, hizo lo mismo dos meses más tarde e incidió en que no estaba previsto que de manera inmediata se trasfiriera tráfico a Navarra. "Los guardias civiles no podemos esperar otra cosa de nuestro ministro del Interior y de nuestro director general más que respeten dicha palabra, dada tan rotunda y solemnemente", subrayan desde APROGC, en un claro ejercicio de sacar los colores a su jefe. "De lo contrario, la palabra de nuestros dirigentes nunca volverá a valer lo más mínimo y solo les quedaría la dimisión", añaden en línea con la Asociación de Suboficiales, que asegura sentir "malestar y decepción" por la "decisión política" de traspasar las competencias de tráfico al tiempo que reclama al ministro que "aclare" cuanto antes "la situación en la que se encuentran los guardias civiles y sus familias".

Un ministro sin palabra

ASES también recuerda que Marlaska dijo en septiembre que la benemérita no corría peligro en Navarra. "Nos sentimos desilusionados por este nuevo giro, ya que consideramos que su palabra carece de valor", apuntan los suboficiales, que consideran que el Gobierno está "jugando con la vida profesional de estos servidores públicos y de sus familias" y que estas decisiones "generan desconfianza" hacia el Ejecutivo, el ministro y el director general. La Unión de Oficiales de la Guardia Civil, por su parte, considera lamentable que "la seguridad pública sea utilizada como moneda de cambio en el comercio político".

"Es incomprensible que se tomen decisiones de este tipo sobre el modelo policial español", afirman. "Están basadas únicamente en criterios de oportunismo político, no técnicos, sin un previo informe de la comisión para el estudio del modelo policial del siglo XXI creada en el Congreso de los Diputados, sin que haya una valoración de cómo puede afectar a la seguridad y de cuál será el incremento del coste para los bolsillos públicos de estas medidas", advierten desde la Unión de Oficiales, que, como ven el acuerdo ya hecho, se lanzan también a pedir a los responsables políticos "sensibilidad" con los guardias civiles afectados, para que "sus familias encuentren acomodo en otras funciones sin ser desterradas de Navarra".

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Sobre la falta de intervención de la comisión sobre el modelo policial que apuntaba la Unión de Oficiales, también se queja AUGC. "Al final, el debate sobre el modelo en el Congreso no sirve para nada", valora Fernández. "Y en la práctica, el modelo que aplicamos está cada vez más fragmentado, cuando debería ir en línea con la Unión Europea hacia una mayor unificación", asegura el portavoz de la asociación mayoritaria, que en su día impulsó un informe junto al Sindicato Unificado de Policía para unir la Guardia Civil y la Policía Nacional en una sola corporación, una medida que a su juicio generaba un solo cuerpo más efectivo en términos de seguridad, que evitaba duplicidades y que además resultaba más barato para los ciudadanos.

En esta nueva dirección que apunta el Gobierno, asegura el dirigente sindical, "los ciudadanos tendrán más o menos seguridad en función de la comunidad autónoma en la que residan". "Y esto no acaba aquí", vaticina el portavoz de AUGC, que entiende que "la próxima será Canarias, que ya cuenta con su propia policía" también. "Europa ya trabaja en la creación de una nueva policía de fronteras común, una dirección de la que se desmarca España con estos movimientos contrarios, pues apuntan a la fragmentación", incide Fernández.