La Justicia acorrala a FCC: un colegio jesuita como soborno y otros 300 M bajo sospecha

La Justicia está acorralando a FCC por el presunto pago de sobornos millonarios en Centroamérica. El Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional dispone de indicios que implican a la compañía en el pago de comisiones ilegales para adjudicarse la construcción de dos grandes viales en la capital de Panamá por un importe de 306 millones de euros, según sostiene la Fiscalía Anticorrupción en la querella que interpuso contra la empresa el pasado 17 de octubre y que, dos semanas después, provocó su imputación y la de varias filiales por los delitos de corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales.

La constructora se adjudicó estas dos infraestructuras, conocidas como Vía Brasil I y Vía Brasil II, en el año 2011. Sólo uno de los tramos terminó con un sobrecoste de 36 millones de euros, según las autoridades panameñas. Los viales se suman al grupo de obras presuntamente amañadas por FCC en ese país mediante el pago de comisiones que sumarían 82,7 millones de dólares (73,6 millones de euros al cambio actual), a través de un complejo entramado societario con ramificaciones en Uruguay, Andorra y Suiza. Los fondos acabaron en mercantiles del abogado local Mauricio Cort, presunto testaferro del presidente del país entre 2009 y 2014, Ricardo Martinelli.

Las pesquisas están más avanzadas en el caso de otros proyectos bajo sospecha, como las líneas 1 y 2 del metro de Panamá y la Ciudad Hospitalaria de Clayton. En el suburbano, FCC participó con un 45% del consorcio constructor. El 55% restante estaba en manos de la brasileña Odebrecht, epicentro del mayor escándalo de corrupción de la historia de América. Las líneas fueran adjudicadas (la primera en 2010 y la segunda en 2015) con un precio total de 3.957 millones de euros. En el caso de la Ciudad Hospitalaria, FCC logró el contrato en solitario en 2011 con una oferta de 440 millones de euros.

La compañía se ha visto obligada a admitir a la Fiscalía, mediante dos autodenuncias formuladas los pasados 31 de mayo y 6 de junio, que logró esos encargos comprando a Martinelli. No solo con el pago de comisiones. De las pesquisas, se desprende que FCC también entregó al expresidente panameño una participación del 50% en la sociedad Altos del Javier SA, una mercantil constituida por la constructora en 2011 y que desde entonces ha permanecido bajo el paraguas de su patrimonial Participaciones Teide SA.

El valor de ese 50% superaría los cinco millones de euros. Según fuentes próximas al caso, FCC creó Altos del Javier SA para comprar una finca en pleno casco urbano de la capital panameña con una superficie construible de 30.000 metros cuadrados. Se trata de las antiguas instalaciones del Colegio Javier, un centro escolar jesuita que en 2010 se mudó a la zona del canal, en el área de Clayton, buscando más amplitud. Al año siguiente, la Compañía de Jesús vendió a FCC el suelo que había ocupado durante medio siglo en el sector Perejil, una zona de la ciudad acechada ya por los rascacielos. La operación se cerró por 17,1 millones de dólares (unos 12 millones de euros al cambio en ese momento). Ni siquiera los vecinos de la zona, que se han quejado reiteradamente del abandono de las instalaciones tras la marcha de los jesuitas, llegaron a saber nunca que FCC había comprado el suelo, y menos aún, que Martinelli se había con la mitad del terreno.

El pago de este otro soborno ha hecho un agujero en las cuentas de FCC. En su balance de 2018, Participaciones Teide SA declara tener pendiente de cobro un crédito concedido a Altos del Javier SA por valor de 10,8 millones de euros. Se trataría del dinero utilizado para la compra del colegio. Pero, a continuación, Participaciones Teide SA admite que, de esa cantidad, unos 7,9 millones los “considera prácticamente incobrables” dada la situación actual del mercado inmobiliario. Altos del Javier SA también aparece en las cuentas de FCC, pero no tiene ningún valor asignado.

La Fiscalía Anticorrupción señala que, para el pago de los sobornos relacionados con las líneas 1 y 2 del metro, FCC utilizó las empresas y los contactos que le facilitó su socio Odebrecht. Sin embargo, para Ciudad Hospitalaria, la constructora diseñó un sistema propio para hacer llegar el dinero al testaferro de Martinelli que consistió, fundamentalmente, en efectuar transferencias a cuentas de bancos suizos y andorranos tituladas por sociedades instrumentales del exmandatario. En 2011, solo dos años después de la llegada al poder de Martinelli, FCC ya había acumulado una cartera en el país de 1.700 millones de euros.

El caso está lejos de concluir. El Ministerio Público rastrea otros proyectos en Panamá y países colindantes en los que también habría actuado la trama de FCC. Los acuerdos comerciales que firmó la empresa de Carlos Slim con sociedades pantalla de Mauricio Cort para tratar de encubrir las comisiones, y que están en poder de la Audiencia Nacional, incluyen menciones a obras en Costa Rica, Nicaragua y El Salvador. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está rastreando ya todas las adjudicaciones logradas por FCC en estos otros tres países.

En Costa Rica, FCC ha ejecutado en los últimos años carreteras, autopistas, infraestructuras para el tratamiento de aguas y hasta un hangar en el aeropuerto Juan Santa María, el más importante del país. En Nicaragua, su negocio se ha limitado a la construcción de carreteras. Algo parecido habría ocurrido en El Salvador, donde ha desarrollado distintos viales para el transporte terrestre, entre ellos, un tramo de 30 kilómetros de una arteria financiada por un fondo de cooperación de Estados Unidos.