Interior oculta hasta las notas de la Policía que contradicen el informe 'fake' del Orgullo

El Ministerio del Interior se niega a facilitar cualquier tipo de documentación relacionada con el informe 'fake' sobre las agresiones a Ciudadanos en la marcha del Orgullo LGTBI de Madrid. La Dirección General de la Policía Nacional ha rechazado una petición de transparencia para que desvelara no solo el polémico atestado policial sino también “informes de trabajo, notas informativas u oficios redactados por cualquier unidad o departamento” del cuerpo sobre las presuntas coacciones sufridas por unos 200 dirigentes y simpatizantes del partido naranja.

La negativa de la Dirección General se produjo el pasado agosto, pero no había trascendido. Hace dos semanas, la agencia Colpisa desveló que el mismo organismo acababa de oponerse a desvelar el informe bajo sospecha alegando motivos de “seguridad pública”, una de las excepciones de la Ley de Transparencia más utilizadas por la Administración para mantener documentos bajo llave. El segundo rechazo desvelado ahora utiliza ese idéntico argumento, pero se extiende a oficios y apuntes previos que teóricamente debieron emplearse para confeccionar el controvertido atestado, en el que se negaba la existencia de agresiones a Ciudadanos y se culpaba a los dirigentes de la formación de haber intentado provocarlas como parte de una “acción mediática y publicitaria”.

“En este tipo de informes se contienen datos y análisis que afectan, entre otras cuestiones, a las medidas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana, para prevenir las actuaciones terroristas que pudieran producirse en una concentración de una gran cantidad de ciudadanos y para evitar actividad de delincuentes en general”, respondió la Dirección General el pasado agosto. “Por ello, resulta evidente que este tipo de análisis y actuaciones afectan a la seguridad y no pueden difundirse”. En otras ocasiones, sin embargo, informes similares han sido desvelados sin ningún problema.

La cúpula del cuerpo emplea como segundo argumento para oponerse a la petición de transparencia que esta se refiere a documentos de “carácter interno”, un supuesto que teóricamente también estaría excluido por la normativa por afectar a “información de carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas”.

El acceso a esa documentación pondría en apuros a Fernando Grande-Marlaska. Como desveló este diario, el falso informe policial, que negó las agresiones denunciadas por Ciudadanos y fue usado por el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez para arremeter contra el partido naranja, habría sido redactado en tiempo récord sin tener en cuenta el testimonio de ni uno solo de los ocho agentes de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional que participaron en ese dispositivo de seguridad.

Estos funcionarios remitieron el auténtico atestado a la Fiscalía solo una semana después de la marcha, en el que detallaron que, durante las cinco horas que se prolongó su labor de escolta a Ciudadanos, presenciaron insultos, vejaciones, amenazas y otras agresiones a los manifestantes de ese partido. También denunciaron que se vieron obligados a pedir refuerzos porque temieron por su propia integridad física, pero la Jefatura Superior de Policía y la Delegación del Gobierno se negaron a enviarlos para no enturbiar el desarrollo de la manifestación del Orgullo. Los documentos que esconde la Dirección General de la Policía apuntalarían esa versión y terminarían de desmontar el falso atestado.

El informe verdadero es tan contundente que llevó a la Fiscalía a concluir, hace dos semanas, que efectivamente los dirigentes de Ciudadanos fueron objeto de “coacciones”, aunque apoyó el archivo del caso al considerar que no había sido posible identificar a los autores de los hechos, otra medida polémica porque el informe remitido al Ministerio Público mencionaba como presuntos responsables a un militante del PSOE y dos grupos LGTBI que ni siquiera fueron citados para prestar declaración.

El partido que lidera Inés Arrimadas ya ha anunciado que se personará en el caso para oponerse al archivo y ha pedido la comparecencia urgente de Grande-Marlaska en el Congreso para dar explicaciones sobre el atestado 'fake', que ni siquiera llevaba la firma, ni el nombre ni el carné profesional de su autor, ni tampoco especificaba de qué unidad policial había salido.