Cs no asumirá el carpetazo al acoso en el Orgullo y pedirá rastrear el informe 'fake'

La decisión de Fiscalía de reclamar que se abra procedimiento por acoso por las agresiones sufridas el 6 de julio por varios dirigentes de Ciudadanos en el Orgullo LGTBI de Madrid ha caído como un jarro de agua fría en la antigua formación de Albert Rivera. El partido, sin embargo, no se conforma y, según indican fuentes del entorno a El Confidencial, reclamará al juzgado que finalmente asuma el procedimiento que no se limite a dar carpetazo automático al asunto y que investigue a fondo los hechos. No solo el incidente en sí, sino también la elaboración posterior de un informe policial, que califican como falso, y en el que se apuntaba que la actitud de los políticos que participaron en el desfile alentó las reacciones en su contra.

Así, Cs tiene previsto solicitar la identificación de las personas que, según la descripción que efectuaron en una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado, propiciaron "un ambiente totalmente hostil" y lanzaron "insultos constantes, abucheos e incluso lanzamiento de diversos líquidos (entre ellos, agua y orín), vasos de plástico, hielos, latas de cerveza y botellas tanto vacías como llenas de líquidos, contra sus dirigentes, militantes y simpatizantes del partido".

"Hay que recordar que el propio ministro Marlaska se inventó informes que la propia Policía se negó a firmar y alentó a los totalitarios a echar a Ciudadanos del Orgullo. Marlaska es el responsable del escrache que sufrimos aquel día 6 de julio por alentar a los totalitarios a que lo hicieran y por inventarse después informes policiales que contradecían la realidad", lanzaba, a modo de aviso, el partido en una nota tras conocer la decisión.

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En esta línea irán los pasos de la acusación. El informe al que se hace alusión recalcaba que Ciudadanos no siguió "en ningún momento las instrucciones policiales ni sus consejos" y que siempre estuvieron acompañados por agentes de "paisano". Negaba, además, la existencia de agresiones físicas y minimizaba lo sucedido, destacando que la situación vivida no fue peligrosa en ningún momento.

La formación siempre consideró que ese documento no era real sino que fue "falseado". Señala que el escrito presentaba evidentes "anomalías", como la falta de logotipos, marca de agua o sellos. No había en él tampoco rastro de firma de los agentes que lo elaboraron. Tras difundirse, la propia Inés Arrimadas, presente en los incidentes, acusó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlarka, de "inventárselo directamente".

En su denuncia de este jueves, la Fiscalía de Madrid defiende que lo ocurrido encaja con un delito de coacciones, pero pide el cierre de la causa al no haberse podido identificar a los responsables de estos incidentes. "Las investigaciones policiales llevadas a cabo hasta la fecha no han podido determinar al autor o autores del delito", explica. El argumento no vale a los afectados que, ahora, tras la judicialización de los hechos, tendrán oportunidad de acusar una vez se personen.

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Las diligencias de la investigación fueron incoadas a raíz de la denuncia presentada ante la Fiscalía a través del despacho Fuster Fabra. Ciudadanos apuntaba en la misma a que lo sucedido podía ser constitutivo de un delito de amenazas, injurias y contra los derechos fundamentales, pero el Ministerio Público solo ve el de coacciones. Indica que se pidió a la Brigada Provincial de Información de la Policía de Madrid que identificaran "a los 15 integrantes del grupo que, sobre las 20:00 horas del pasado 6 de julio, irrumpieron en el paseo del Prado, a la altura de la cuesta de Moyano, donde se encontraban los representantes de Ciudadanos", sin que, por el momento, se haya logrado poner nombre y apellido a los mismos. La investigación se centró en ellos porque "realizaron una sentada perfectamente organizada, portando telas y pancartas de color naranja con los textos 'Ciudadavox' o 'El cuento de le Ciudadane", entre otros.

Al mismo tiempo que trataban de identificarlos, se investigó "si el comportamiento de los integrantes de la sentada influyó sobre el desarrollo de la manifestación, si incitaron a la realización de actos violentos contra los miembros de Ciudadanos y si existió algún tipo de convocatoria para la realización del escrache", a lo que se suma el análisis de posibles "comentarios o expresiones en redes sociales dirigidas a incitar a la violencia contra los miembros del partido". La conclusión es que lo sucedido encaja con un delito de coacciones, que supone utilizar la violencia para impedir que una persona haga algo que la ley no prohíbe.