Los purgados en Podemos investigaban sobresueldos, contratos a dedo y pucherazos

Los dos cargos del equipo legal purgados en Podemos esta semana tenían en marcha investigaciones sobre sueldos de la cúpula del partido por encima de lo establecido en los estatutos, contratos a dedo a afines que incumplen la ley de contratos y alteraciones de las votaciones electrónicas en las primarias. Fuentes conocedoras del procedimiento señalan que el despido de José Manuel Calvente, abogado de Pablo Iglesias y en Podemos desde junio de 2014, cuando el partido se profesionaliza, se debió a la insistencia de este en pedir documentación y a los choques con el equipo de Alberto Rodríguez. A Calvente le sigue Mónica Carmona, la responsable de Control Normativo, que con una dura carta alertando de "irregularidades financieras" ha dinamitado internamente Podemos mientras negocia la coalición con el PSOE.

Podemos lleva tiempo instalado en el caos interno. Bajo las numerosas pugnas políticas, ha habido una guerra soterrada en segundos niveles y entre asesores que se recrudeció con el nombramiento de Alberto Rodríguez como secretario de Organización del partido. Calvente y Carmona, dos abogados, eran dos de las patas de control interno del partido: el de cumplimiento normativo y el de protección de datos. Calvente es en la práctica coordinador del equipo legal. La tercera pata de control, la financiera, está a cargo de Dennis McGuire, el único que sigue en el cargo. Los dos primeros han salido del partido esta semana.

Podemos ha relevado en una semana a dos de sus tres patas de control interno. Calvente ha sido abogado de Iglesias y lleva en la cocina desde 2014

Calvente recibió un burofax el lunes en el que le comunicaban un despido disciplinario por incumplir una orden de Rodríguez. Carmona es la siguiente, y así lo hizo saber en una carta al Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano del partido, en la que denunciaba que Podemos estaba intentando torpedear investigaciones internas que podían tener relevancia penal. Aunque oficialmente Podemos lo enmarca en la respuesta a una "reorganización interna" y augura que acabará en nada porque está todo correcto, fuentes del partido señalan que la razón es el enfrentamiento por las numerosas investigaciones internas que Calvente y Carmona tenían en marcha y que amenazan con estallarle a Pablo Iglesias en el peor momento.

Algunas de estas investigaciones se refieren al incumplimiento de la ley de contratos del sector público, que desde su última reforma, de 2017, obliga a Podemos a licitar los contratos a partir de una cantidad por recibir subvenciones. El cambio legal estableció que en los grandes contratos "los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las empresariales" debían contratar con "publicidad, concurrencia, transparencia e igualdad" si su financiación era mayoritariamente pública.

Según fuentes próximas al caso, los responsables del equipo legal estaban investigando contratos a dedo a Kinema Sociedad Cooperativa Madrileña, fundada por Rafa Mayoral y de la que se desvinculó en 2014, cuando Podemos entró en el Parlamento Europeo y se profesionalizó. Fue entonces cuando Calvente llegó al partido como coordinador del equipo legal.

Otro aspecto delicado que Calvente y Carmona estaban investigando eran sobresueldos a la cúpula de Podemos al margen de los estatutos del partido. Oficialmente, los cargos de Podemos solo pueden cobrar tres veces el salario mínimo (además de algunos pluses si tienen familiares a cargo), una cantidad que han ido elevando periódicamente. Sin embargo, en el partido, la sospecha extendida es que esa regla se incumple en algunos casos. Fuentes del partido señalan que se ofreció a algunos altos cargos y portavoces parlamentarios superar ese tope. Unos lo rechazaron, pero nadie sabe cuánto cobran realmente otros, en especial la cúpula, con un ritmo de vida difícilmente compatible con esa austeridad. Podemos lleva sin actualizar la página de transparencia con las retribuciones de sus altos cargos desde mayo de 2018, hace año y medio.

Según las mismas fuentes, las investigaciones de Calvente y Carmona también incluían el trato de Irene Montero a su exescolta, que fue despedida y que ha denunciado en los tribunales que la usaban para tareas domésticas y asuntos privados y que sus jornadas superaban con mucho lo legalmente establecido.

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Para ajustarse a la rebaja de subvenciones por la caída de votos, Podemos lleva meses despidiendo a personal con 20 días por año de trabajo. Lo hace aplicando la reforma laboral del PP (antes de las elecciones de abril, prescindió de asesores en el Congreso con solo 12 días por año trabajado de indemnización) mientras exige al PSOE su derogación. A los despedidos les han recomendado que no demandaran porque si no lo hacían podrían ser repescados como asesores en el Gobierno si fructifica la coalición con el PSOE. Algunos de los errejonistas sí han llevado el caso a la jurisdicción laboral.

Muchos de los casos abiertos por el equipo legal proceden de avisos llegados a través del canal interno de denuncias. La ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, aprobada en 2015, obliga a las instituciones a tener sistemas que delimiten las responsabilidades para evitar que condenen al partido si estalla un caso. PAra eso tienen que instaurar canales de denuncia y de prevención. A eso se refería Carmona en su carta confidencial a la cúpula: "En los últimos meses, se han producido una serie de irregularidades muy graves que podrían comprometer seriamente al partido como entidad jurídica desde un punto de vista penal, administrativo y reputacional, por lo cual, tanto el delegado de Protección de Datos, José Manuel Calvente, como yo como responsable de Cumplimiento Normativo habíamos iniciado expedientes internos de investigación para aclarar los hechos y defender al partido ante una posible reclamación".

Calvente lleva en el partido desde que se estableció de forma profesional tras su éxito en las europeas y ha sido abogado personal de Iglesias y Montero

Calvente y Carmona han chocado con el equipo de Rodríguez, que les pedía documentación a la que estos consideraban que no podía tener acceso. Los choques han sido continuos con la nueva gerente, Rocío Val, próxima a Rafa Mayoral, con Daniel de Frutos, el tesorero, y con Raúl Carballedo, de la Comisión de Garantías Democráticas, el responsable de las consultas. Las consultas internas son otro de los aspectos que estaban bajo la lupa del equipo legal. Los purgados estaban investigando el manejo del censo y resultados anómalos en las primarias, especialmente para las pasadas elecciones municipales y autonómicas. La votación electrónica es fácil de manipular, como demostró el pucherazo de Ciudadanos en Castilla y León.

En el partido hay sorpresa por el hecho de que Alberto Rodríguez haya llevado a cabo un despido disciplinario, sin indemnización y por burofax, a una persona tan sensible como Calvente. Este abogado lleva en el partido desde que se estableció de forma profesional tras su éxito en las europeas de 2014 y ha sido abogado personal en los pleitos de Pablo Iglesias e Irene Montero —los gastos de estos procedimientos corren a cargo del partido—. "Ellos lo saben todo", resume asombrada una fuente conocedora del partido.

La biografía de Calvente en la web de Podemos apunta su profundo conocimiento de las tripas de la organización. "En 2014, indignado por la crisis y la corrupción que castigaba a nuestro país, decidí unirme a Podemos para aportar mi trabajo y mi experiencia jurídica en la lucha contra la corrupción. Soy delegado de Protección de Datos de Podemos, coordinador del Equipo Legal del partido y abogado de Podemos como acusación popular en las principales causas contra la corrupción que se tramitan en la Audiencia Nacional". Ahora está fuera, despedido con un burofax que le acusa de incumplir órdenes mientras Iglesias aspira a ser vicepresidente.