La Audiencia reabre el caso Alvia ante el supuesto borrado de pruebas por Talgo

El testimonio de un extrabajador de Talgo le ha dado un vuelco al caso Alvia. Tras analizar la declaración jurada que presentó un antiguo técnico de la compañía ferroviaria, que asegura que distintos mandos de la empresa le obligaron a borrar datos de “averías críticas” del tren siniestrado en Angrois en julio de 2013, la Audiencia de A Coruña ha acordado reabrir la instrucción y retornar a la fase de diligencias previas. La decisión deja sin efecto los últimos autos emitidos por el juzgado de instrucción, entre ellos el que puso fin a la instrucción y acordó que la causa se siguiese únicamente contra el maquinista y el director de Seguridad en la Circulación de ADIF en el momento de puesta en funcionamiento de la línea.

Pablo Andrés Jara Torres, mecánico oficial de Talgo cuando se produjo el accidente, sostiene que directivos de la empresa fabricante del ferrocarril le ordenaron que borrara de la base de datos todas las averías detectadas ese mismo día en el tren, en el que fallecieron 80 personas y 140 resultaron heridas. Jara asegura que aquel trágico 24 de julio y los días anteriores él era el encargado de la revisión del convoy que descarriló en la curva de A Grandeira, en la entrada a Santiago. Su declaración, aportada al juzgado por la plataforma de víctimas, señala literalmente que “aproximadamente sobre las 21,15” –apenas media hora después del siniestro–, varios directivos de Talgo que se personaron y a los que el técnico no conocía “dieron la orden taxativa de borrar todas las averías que tenía el tren de la base de datos del sistema de gestión de averías”.

TE PUEDE INTERESAR

Bruselas expedienta a España por "deficiencias" en accidentes como el de Alvia

Nacho Alarcón. Bruselas

La aparición de ese documento, presentado el pasado octubre, llevó a la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, a suspender la deliberación sobre los recursos presentados al cierre de la instrucción y a solicitar a las partes que se manifestasen sobre esas acusaciones. La Fiscalía se pronunció a favor de realizar una investigación para, en su caso, determinar la relevancia de ese testimonio sobre el caso. Talgo sostuvo por su parte que “es técnicamente imposible” eliminar los datos sobre averías, por lo que señaló que la declaración del extrabajador, que fue despedido en mayo de 2018, “es falsa”.

En su nuevo auto, la Audiencia considera “ineludible” investigar los hechos expuestos por la asociación de víctimas, tanto por lo que puede aportar en relación al estado en que se encontraba el tren y su posible relación con el accidente, “que ha sido uno de los objetos principales de la investigación”, como al eventual delito de destrucción de pruebas. Los magistrados señalan que todo ello “determina necesariamente la vuelta de las actuaciones a la fase de diligencias previas para que, con la máxima celeridad posible, se depuren estos hechos”. La resolución es firme, por lo que contra ella no cabe recurso.

La declaración jurada que ha provocado este giro del caso a semanas del inicio del juicio señala que, transcurrida apenas media hora desde el siniestro, llegaron a la nave de Fuencarral en la que se revisó el convoy directivos de Talgo a los que no conocía, que se presentaron junto con el jefe del taller, J. L. B., y el director de mantenimiento, L. A. H.. La orden se la dieron a otro empleado de la compañía, J. G. C. A., “administrador de sistemas informáticos”, según Jara.

El técnico advierte de que durante la revisión del tren accidentado anotó “diferentes averías” y que algunas de ellas las clasificó, “dada su gravedad, como críticas”. El registro lo hizo en un software corporativo que, según explica, recoge toda la información relativa a las averías, tipos, tiempos de reparación e información sobre los equipos reparados y sustituidos. Entre las incidencias críticas que anotó, asegura que había “valonas rozadas, enganches con holgura, rótulas agrietadas, etcétera”. Toda esta información fue eliminada de la base de datos por orden “taxativa” de los superiores de Jara, que añade que “incluso les dieron la enhorabuena” por lograr el cumplimiento de sus indicaciones.

TE PUEDE INTERESAR

Dimite el director de Seguridad de Renfe investigado por el accidente de Santiago

Efe

La empresa fabricante reaccionó a la aparición de este testimonio con la advertencia de que, tanto la compañía como los directivos mencionados, “están iniciando acciones legales por calumnias contra el citado exempleado”. “Los directivos de Talgo a los que alude este extrabajador nunca pisaron las instalaciones de Fuencarral, como falsamente se indica, puesto que, inmediatamente en cuanto tuvieron conocimiento, se trasladaron hasta el lugar donde ocurrió el terrible suceso”, explicaron fuentes de la empresa.

El abogado de la asociación de víctimas, en cambio, acompañó la presentación del testimonio al juzgado que investiga la causa, el de instrucción número 3 de Santiago, con una solicitud de citación como testigos del propio Jara, del jefe del taller, del director de mantenimiento y del administrador de sistemas informáticos. El letrado argumentó su petición por entender que la declaración jurada “tiene relación y es relevante para la investigación del accidente investigado”. Hasta el momento, únicamente estaban imputadas dos personas en el caso Alvia: Francisco Garzón, maquinista del convoy que aquel día circulaba con un exceso de velocidad tras atender una llamada del interventor, y Andrés Cortabitarte, entonces director de seguridad en la circulación de Adif, al que el instructor atribuye la responsabilidad de una evaluación de riesgos deficiente en la línea.

La decisión de la Audiencia de A Coruña supone un espaldarazo a la asociación de víctimas, que venía reclamando una “investigación exhaustiva” sobre el supuesto borrado de pruebas. La asociación criticó que Talgo alegara la imposibilidad de eliminar los datos, algo que “cualquier persona con mínimos conocimientos técnicos sabe que no es verdad”, argumentó su representante legal. Además, consideró poco creíble que las personas a las que se menciona en la denuncia del exempleado se trasladaran inmediatamente a Santiago, sin tiempo para dar órdenes en ese sentido, como sostiene la empresa. “Esperamos que Talgo inicie una investigación exhaustiva y muestre pruebas de que estas personas no estaban allí”, apunta la asociación, que acusa a la compañía de ocultar información de esta tragedia en relación con otros datos solicitados, como el peso del tren, que quedó sin aclarar en el peritaje.

La Audiencia señala que si la investigación de la denuncia sobre el presunto borrado de información resultase infructuosa, “bien por infundada, bien por no poder esclarecerse”, el procedimiento regresaría al mismo punto en que se hallaba hasta ahora, lo que volvería a dar validez a las resoluciones y los alegatos ya formulados. De esa forma, explica, se evitaría retrasar más la celebración del juicio, cuyo inicio estaba previsto para principios del año próximo.