División en el Supremo

El entierro de Franco en la Almudena, pendiente de un solo voto

La segmentación de los magistrados en dos bloques de opinión encontrados amenaza con atascar la decisión sobre la exhumación del dictador

Foto: Flores en la tumba de Franco. (Reuters)
Flores en la tumba de Franco. (Reuters)

La exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos —y sobre todo el destino final del cuerpo— está provocando una profunda división en la Sala del Tribunal Supremo que debe decidir, el próximo 24, sobre el plan del Gobierno de Pedro Sánchez al que se opone la familia. La segmentación de los magistrados en dos bloques de opinión encontrados, en relación con el amparo del derecho de los familiares a elegir dónde debe depositarse el cuerpo si abandona su ubicación actual, ha provocado que la decisión final, aún en el aire, dependa en este momento del sentido de un solo voto, informan a El Confidencial fuentes jurídicas.

A menos de 10 días de la fecha prevista para la votación y fallo, el tribunal, integrado por seis magistrados, está partido justo por la mitad. Nada es definitivo hasta el día fijado pero, en el punto actual, tres de los seis magistrados que componen la sala se inclinan por proteger ese derecho mientras que dos consideran que la regla general de respetar esta decisión queda superada en este caso por los problemas de seguridad que alega el Ejecutivo respecto al sitio escogido por los herederos para enterrarle, la cripta de la que disponen en la catedral de la Almudena, situada en pleno centro de Madrid. El sexto voto aún no está decidido. Las posturas actuales no son inamovibles, dado que el asunto se encuentra en pleno estudio. Pese a todo, la discusión jurídica se adivina compleja y amenaza con romper la unanimidad del tribunal.

El problema radica en las cerradas posturas de uno y otro bloque. Los Franco se plantaron en su intención de enterrar a su abuelo en la catedral. El Gobierno no quiere ni oír hablar del asunto. Tanto es así que reclamó a la familia que escogiera otro lugar. Sin suerte. Ante la falta de respuesta a esta solicitud, decidió por sí mismo y eligió el panteón de Mingorrubio, en El Pardo, para desplazar los restos. La decisión final está en manos de un tribunal presidido por Jorge Rodríguez Zapata e integrado por Celsa Pico, José Luis Requero, Pilar Teso, Segundo Menéndez y Pablo Lucas.

Bajo examen, se encuentran los argumentos de ambas partes. El Ejecutivo esgrimió un informe de la Delegación del Gobierno de Madrid que concluye que los restos no deben enterrarse allí y esgrime argumentos como el riesgo de amenazas terroristas, el colapso de la zona en fechas señaladas como la Navidad o la posibilidad de enfrentamientos entre partidarios y detractores en el interior del templo. El Pardo, cementerio de titularidad estatal, en su opinión "reúne las condiciones idóneas de adecuación”. En él, defiende el Ejecutivo, no se plantearían los problemas detectados en la catedral, ya que se ubica en un lugar aislado, fuera de un núcleo de población, y no está anexo a “puntos, edificios o instalaciones estratégicas o emblemáticas".

La lectura fue contesta con una contrapericial. A principios de julio, la sala escuchó en vista pública a tres expertos de parte que defienden justo lo contrario. Aseguraron que los restos en la Almudena estarían más seguros y compararon los parámetros de ambos enclaves en un extenso informe. Mingorrubio, concluían, reviste serios peligros de profanación o incluso atentado. En contraste, aseguran que la iglesia madrileña, dada su ubicación en pleno centro de Madrid, goza de un elevado nivel de control. "Difícilmente puede encontrarse un entorno con mayores garantías", aseguraba el escrito.

La decisión a tomar la próxima semana será definitiva. El pasado 3 de junio, la sala se decidió por la paralización preventiva. Los jueces de lo Contencioso-Administrativo fallaron entonces sobre la congelación cautelar de la iniciativa y aceptaron los argumentos de la familia en contra de exhumar, sin sentencia firme, el cuerpo de su actual lugar de enterramiento en el Valle de los Caídos. De hecho, señalaron que adoptaban la suspensión ante el "perjuicio irreversible" que se produciría si al final resolviesen a favor de los nietos. También que lo hacían para salvaguardar no solo los intereses de los recurrentes, sino también el "interés público".

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