POR LA FINANCIACIÓN DEL PP DE MADRID

La Fiscalía pide imputar a Aguirre, Cifuentes, Monzón e Indra por la caja B del PP

La petición de la Fiscalía llega después de los últimos informes de la Guardia Civil en los que se implica a Esperanza Aguirre en la trama y se la sitúa en varias reuniones investigadas

Foto: Las expresidentas de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre. (EFE)
Las expresidentas de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre. (EFE)

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón la imputación en el caso Púnica de las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, así como de la empresa Indra y de su expresidente Javier Monzón, explican fuentes jurídicas a El Confidencial. El Ministerio Público quiere que declaren como investigados por su posible relación con la caja B del PP, solicitud que incluye en un nuevo escrito de 75 páginas en el que aboga por reordenar la macrocausa y dejarla en once piezas. La imputación de los cuatro, en el caso de Indra como persona jurídica, se produciría en la pieza 9, en la que se investiga el desvío de fondos para el pago de gastos del PP de la Comunidad de Madrid.

La petición de la Fiscalía llega después de los últimos informes de la Guardia Civil en los que se implica a Esperanza Aguirre en la trama liderada por el exconsejero y antiguo número dos del PP regional, Francisco Granados. La Unidad Central Operativa sostiene que el PP de Madrid se financió con donaciones ilegales de Indra, dinero que llegó a la formación a través de una red societaria controlada por testaferros y empresarios amigos. El flujo de estos fondos irregulares se habría mantenido activo al menos entre 2008 y 2013, permitiendo a los populares madrileños inyectar en su caja B un total de 1.054.247 euros. Monzón, que estuvo al frente de Indra desde 1993 hasta 2015, ejerce ahora como presidente del Consejo de Administración de Prisa.

Los pagos de Indra al PP de Madrid se recogen en un reciente informe de la UCO incorporado al sumario del caso Púnica, que se centra en las relaciones comerciales de la empresa con un grupo de mercantiles dedicadas teóricamente a la formación de empleados, la comunicación y la publicidad. Los agentes sostienen que la tecnológica española, participada por el Estado, pagó a esta red de sociedades, controladas por el empresario Óscar Sánchez Moyano, servicios que en realidad nunca se prestaron. Como adelantó este diario, la propia Indra admitió que había localizado las facturas bajo sospecha pero no había encontrado ningún elemento que probara que efectivamente había recibido alguna contraprestación a cambio.

La continuidad en el tiempo de estos pagos ilegales habría sido posible por la implicación en la trama de los máximos dirigentes del Gobierno regional y del PP madrileño. La UCO recuerda en las conclusiones del informe la declaración que prestó en sede judicial Isabel Gallego, antigua directora general de Medios. Gallego manifestó que se celebraron reuniones en la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, con los empresarios involucrados en el desvío de fondos, y desveló que en algunos de esos encuentros participó la propia Esperanza Aguirre, pero aseguró en todo momento que en dichos encuentros no se habló de donaciones ilegales.

La Guardia Civil sitúa también a la expresidenta madrileña en reuniones en las que se sospecha que adjudicaron contratos de forma irregular a una empresa de publicidad que trabajó para ellos en las campañas electorales de 2003 y 2007. En concreto, a las sociedades del empresario Daniel Horacio Mercado, ya imputado en el caso por ser uno de los supuestos beneficiados de esta trama de corrupción. Para beneficiar a Mercado, el Ejecutivo de Aguirre habría modificó en 2006 varias leyes autonómicas con el objetivo de que cualquier adjudicación tuviese que pasar antes por las manos de la Vicepresidencia, que en esos años ocupaba Ignacio González, también imputado en el caso Púnica.

El juez limita la instrucción

El 6 de junio de 2020. Esa es la fecha límite para la instrucción del caso Púnica. La Fiscalía Anticorrupción pidió el pasado noviembre que la investigación penal —que arrancó a mediados de 2014— se alargase otros cinco años, una solicitud ante la que el magistrado Manuel García-Castellón cedió en parte: dio 40 meses más para la instrucción y fijó el 30 de marzo de 2022 como línea roja. La decisión, sin embargo, fue recurrida ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que finalmente acortó el plazo y obliga a los investigadores a pisar el acelerador.

La causa acumula más de 200 investigados y 16 piezas separadas, número que Anticorrupción pretende reducir ahora a 11. El tronco de las pesquisas se centró inicialmente en el exconsejero madrileño Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, pero a cada paso que se daba en la investigación, nuevas ramas afloraban en el caso Púnica: la de la financiación ilegal del PP madrileño que presidía Esperanza Aguirre y en la que está involucrado su sucesor en la presidencia de Madrid, Ignacio González; la pieza sobre la trama en León, en la que está procesado el expresidente de la Diputación Marcos Martínez; la que pone el foco en Murcia, que hizo caer al expresidente de la comunidad Pedro Antonio Sánchez; la que se refiere a la empresa de eficiencia energética Cofely, filial de la compañía energética francesa GDF Suez...

Entre las 11 piezas que sugiere ahora Anticorrupción para reordenar la macrocausa, destaca la 9, que se centra en el desvío de fondos para el pago de gastos del PP de la Comunidad de Madrid y salpica ya a pesos pesados como Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes o Javier Monzón.

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